Solicitaron la elevación a juicio de la causa que investigó el funcionamiento de una cueva financiera en el Puerto de la Ciudad de Santa Fe.
Solicitaron la elevación a juicio para las 5 personas acusadas de intermediación financiera no autorizada, entre otros delitos.
Solicitaron la elevación a juicio de la causa que investigó el funcionamiento de una cueva financiera en el Puerto de la Ciudad de Santa Fe.
La requisitoria fue presentada ante el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe por el fiscal federal del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos, Walter Rodríguez, y los fiscales coadyuvantes Milagros Traverso y Diego Orzuza Kock.
La investigación inició en septiembre de 2023 cuando la policía ingresó a un departamento ubicado en una torre del Puerto santafesino. Buscaban electrodomésticos, hallaron un botín.
A partir de allí intervino la Justicia Federal. En el lugar secuestraron 45 millones de pesos argentinos, 83 mil dólares, 22 mil euros y 23 mil reales, junto a 39 tarjetas de débito y documentación que daba cuenta de movimientos bancarios (depósitos y transferencias). También detuvieron a Ángel Yamil "el turco" Benavídez, un exfuncionario municipal y ex asesor del Consejo Deliberante.
Con la investigación concluida, los fiscales acusaron a cinco personas: Benavídez, quien estaba en el departamento cuando descubrieron la cueva financiera; la contadora María Laura Miassi, quien era pareja del "turco"; Raúl Adrián Manonellas; Juan Emilio Gastaldo; y Carlos Raúl Quartucci.
Los fiscales les atribuyeron diferentes roles en el marco de la realización de "actividades de intermediación financiera sin contar con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para ser aplicados a operaciones de lavado de activos". Las mismas se desarrollaron entre septiembre de 2020 y el 12 de septiembre de 2023, cuando la cueva del Puerto fue allanada.
El hallazgo no fue más que una casualidad, ya que el inquilino anterior había denunciado a la dueña del departamento por retención de bienes.
En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales federales realizaron un racconto de cómo habría operado la cueva financiera. Debido a las restricciones para operar en el mercado cambiario, accedían a dólares "utilizando cuentas bancarias cuya apertura gestionaron a nombre de terceras personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, quienes aportaron sus datos personales como víctimas de un ardid defraudatorio".
Según los elementos reunidos durante la investigación, a través de esas cuentas lograron bancarizar ventas de divisas, tener acceso a dólares en efectivo mediante la compra de dólar MEP, canalizar pagos y efectuar consumos personales. Todo, al margen del control del Estado.
Recibieron 3653 transferencias de personas físicas y jurídicas por un monto de $ 305.148.945, y enviaron $ 84.273.64 a 340 con personas físicas y jurídicas, detallaron en el escrito fiscal.
"Se efectuaron las diligencias investigativas necesarias para tener por acreditados los extremos fácticos que posibilitan reconstruir históricamente la existencia de una estructura dedicada a la realización de actividades de intermediación entre la oferta y demanda de recursos financieros, al margen del control estatal portátil", sostiene la fiscalía en el documento.
Al analizar las conversaciones extraídas del celular peritado, determinaron que terceros se contactaron con Benavídez para consultarle el precio de compra y venta de divisas, los cuales eran respondidos con la cotización de dicho momento y la dirección de una oficina. Además, el acusado les decía que preguntaran por la "Consultora La Resistencia".
Las operaciones se concretaban tanto de forma presencial, como así también a través de transferencias bancarias: "en cuanto a las primeras, la evidencia nos indica que fueron pactadas mediante comunicaciones desarrolladas por la aplicación 'WhatsApp', y luego ejecutadas en uno de los tres inmuebles que disponían los encartados".
Los mensajes también evidenciaron, para los fiscales, que Miassi tenía una intervención directa en la comercialización de divisas. La contadora "aportó sus conocimientos técnicos en materia contable y específicamente se dedicó a revisar periódicamente la ecuación económico-financiera del negocio ilícito utilizando como método: la registración de cada operación, el control del stock de billetes y el cálculo final de las ganancias obtenidas".
Las actividades ilícitas de intermediación financiera "les reportaron significativas ganancias que, también, fueron aplicadas para la adquisición de bienes registrables, todo ello con la finalidad de otorgarles apariencia de licitud".
"Esa situación se contrapone con la inexistencia de ingresos lícitos provenientes de otras fuentes suficientes para la adquisición de los bienes identificados en poder de Benavídez, Miassi y la Sociedad de Servicios La Resistencia, integrada por el primero de los nombrados y Quartucci", sostiene el escrito fiscal. A ello le suman "la emisión de facturación apócrifa en cabeza de Benavídez, por parte de Miassi".
En el documento presentado ante el Juzgado Federal N°2 los fiscales indicaron que el "turco" Benavídez registró más de 3 millones y medio de pesos en consumos de tarjetas de crédito durante 2022.
A esto sumaron que viajaba con frecuencia al exterior, según los registros de movimientos migratorios, con destinos como Holanda, España, Perú, Brasil e Italia.
En esa línea, acreditaron que entre junio de 2022 y junio de 2023 Benavídez registró múltiples entradas y salidas de diversos países, "lo cual indica un patrón claro de liquidez disponible para financiar este nivel de consumos".
Permaneció un mes en España y asistió al Mundial de Fútbol realizado en Qatar, en el que la Selección Argentina consiguió su tercer titulo mundial.
La fiscalía sostuvo que en las cuentas que estaban a nombre de las personas víctimas de defraudación, pero que eran administradas por Benavídez, impactaron compras efectuadas en el exterior. "Se encuentra acreditado que Ángel Yamil Benavídez puso en circulación, de manera habitual dinero ilícito con la finalidad que adquiera apariencia de licitud mediante su conversión los bienes registrables individualizados, los cuales no encuentran justificación en sus ingresos declarados", señalaron en el requerimiento.
El principal implicado es Benavídez, a quien le atribuyeron la comisión de los delitos de "intermediación financiera no autorizada", "defraudación mediante el uso de una tarjeta de débito falsa en concurso ideal con el delito de falsificación de tarjeta de débito" (39 hechos), "lavado de activos de origen ilícito agravado por la habitualidad", y "recepción de bienes provenientes de un ilícito penal".
La contadora María Laura Miassi fue acusada como autora de "intermediación financiera no autorizada", y como partícipe necesaria de "lavado de activos de origen ilícito, agravado por la habitualidad y por haberlo cometido en ejercicio de su profesión" y "recepción de bienes provenientes de un ilícito penal".
Los fiscales también pretenden que Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo sean juzgados por el delito de "intermediación financiera no autorizada", y que a Carlos Raúl Quartucci lo juzguen por "lavado de activos de origen ilícito", en su modalidad atenuada.