“Quiero destacar el trabajo conjunto con las autoridades provinciales, con la División Antinarcóticos de la PDI y principalmente la labor del comisario Juan Martín Oliva. Yo hace rato que duermo cuatro horas por día por este caso, pero él directamente está sin dormir”, señaló el fiscal federal Jorge Gustavo Onel.
El funcionario del MPF se refiere al operativo realizado el pasado jueves por la tarde en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe, que terminó con ocho personas detenidas y con el secuestro de más de 147 kilos de cocaína, entre otras cosas.
“La investigación comenzó tiempo atrás, a raíz de una denuncia anónima radicada en sede policial. A partir de allí, comenzamos una serie de tareas en busca de pruebas. Se realizaron seguimientos, escuchas telefónicas y hasta se colocaron cámaras de vigilancia en puntos clave de las rutas que seguían los delincuentes”, explicó Onel.
Por semanas, los policías trabajaron para atrapar a los narcos. Tenían el dato de que se trataba de una banda que recibía grandes cantidades de estupefacientes y se encargaba de la distribución. Con paciencia, monitorearon los pasos de los sospechosos, pero todo se precipitó a partir de la noche del miércoles pasado, cuando un cargamento muy importante llegó a uno de los domicilios, en barrio Guadalupe. Llamativamente, la madrugada del jueves un gran número de cajas y bultos fueron sacados del lugar a bordo de dos vehículos de alta gama.
"La Curandera" tenía un templo umbanda en barrio Transporte
Los ocho acusados fueron indagados por la Justicia Federal. Sólo dos de ellos hablaron, pero dijeron poco y no respondieron preguntas del fiscal. A partir del lunes, el juez tendrá diez días para resolver la situación procesal de cada uno.
El Litoral. Toda la cocaína secuestrada se encontraba dentro de dos vehículos de alta gama, que estaban estacionados en un garaje de barrio Transporte.
En contados minutos, el juez federal Reynaldo Rodríguez emitió las órdenes de allanamiento para 8 domicilios y otras cinco para registrar distintos vehículos de alta gama.
La totalidad de la cocaína (147 kilogramos) fue hallada en dos rodados que estaban estacionados en un garaje de Altos del Valle, en calle Los Ceibos al 10400.
Se trataba de una Ford Ranger y un Jeep Patriot. En ellos también se secuestró el dinero: 300 mil pesos y 90 mil dólares.
Un arma
En las viviendas, fueron incautados 30 celulares, una prensa hidráulica y dos cucharas metálicas grandes del tipo “panadero”.
En las casas se detuvo a los ocho involucrados. Los jefes estaban en una mansión que alquilaban en barrio Guadalupe, en la cuadra de calle Echagüe al 6900. Se trata de una mujer de menos de 40 años y su pareja. Ella era la responsable de un templo umbanda de barrio Transporte, en calle San Jerónimo al 7800. Le dicen “La Curandera”. Ella tenía las llaves de la Ranger; su pareja, la del Patriot.
No obstante, los miembros de la banda utilizaban aleatoriamente los vehículos investigados. Ninguno de ellos es propietario. Además, estas personas tampoco tienen actividad registrada en Afip, ni trabajo, ni sueldos, ni aportes, con excepción de un sargento de policía que cumplía funciones en la Unidad Regional XV (departamento San Jerónimo). Aparentemente, su arma reglamentaria fue la única que se secuestró durante los procedimientos.
Ramificaciones
La hipótesis de los investigadores, que ahora intentarán demostrar, es que la banda recibía droga a gran escala desde algún punto, la fraccionaban y luego la metían en los autos para luego repartirla. La distribución se hacía en distintos puntos de venta, dentro y fuera de la ciudad. Se estima que los brazos de la organización llegaban hasta Rosario, Buenos Aires y Córdoba.
La investigación continúa para precisar posibles complicidades, tanto hacia arriba como hacia abajo de la cadena.
Por lo pronto, fueron indagados los ocho sospechosos. Las audiencias comenzaron temprano el viernes y se extendieron hasta altas horas de la noche. Sólo dos de ellos hicieron uso de su derecho de declarar. Dijeron sólo unas pocas palabras y no respondieron preguntas de la fiscalía. El resto optó por guardar silencio. A partir de este lunes, el juez Rodríguez tiene un plazo de diez días para resolver la situación procesal de cada uno de ellos.
