Desbarataron la ONG Remar y acusan a sus autoridades de trata de persona
La investigación se inició hace tres años en la provincia de San Luis. Aseguran que utilizaban a las personas que buscaban contención en la entidad como mano de obra gratis para emprendimientos comerciales privados.
Fuerzas federales realizaron un megaoperativo en todo el país para desbaratar el accionar de una ONG que aparentemente se dedicaba a prestar contención a personas vulnerables, pero en realidad las utilizaba como mano de obra gratuita para distintos emprendimientos comerciales de los dirigentes de la entidad.
La investigación comenzó en el año 2020 y estuvo a cargo de agentes de la División Unidad Operativa Federal de la provincia de San Luis.
Los detectives lograron establecer que allí había 102 personas que se encontraban en una posible situación de trata de personas por explotación laboral.
Las maniobras ilícitas se desplegaban en todo el territorio nacional.
Producto de la labor realizada, "se pudo detectar que una organización bajo la fachada de una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) denominada 'Fundación Remar', cuyo propósito era la ayuda de jóvenes en situación de vulnerabilidad, excluidos socialmente, los hacia trabajar en la venta callejera o en distintas actividades vinculadas a los comercios de los cuales eran propietarios los titulares de la organización", explicó la Policía Federal en un comunicado.
Con el devenir de las pesquisas se estableció que las maniobras ilícitas se desplegaban en todo el territorio nacional, bajo distintas actividades comerciales, como así también, poseen conexiones en Sudamérica y Europa, por lo que los fondos obtenidos, se enviaban a la República Oriental del Uruguay, donde eran dolarizados, para posteriormente ser enviados a España, lugar donde se ubica la sede central de la Fundación.
Con las pruebas recabadas, el Juzgado Federal de San Luis a cargo del Dr. Esteban Maqueda, Secretaría Penal de la Dra. María Belén Vila, por ante la Fiscalía Federal de San Luis del Dr. Cristian Rachid, ordenó un total de siete allanamientos en la capital provincial y en la localidad de Suyuque, obteniéndose como resultado la existencia de más de 100 posibles víctimas del delito investigado. Como así también se procedió al secuestro de casi 3 millones de pesos, más de 3000 dólares estadounidenses, documentación y demás elementos de interés para la causa.
Santa Fe
El megaoperativo incluyó otras provincias y entre ellas la de Santa Fe, donde intervino personal de Gendarmería Nacional.
Se estima que son unas 500 las víctimas.
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