En una audiencia presidida por el juez Octavio Silva el martes 4, se dictó la prisión preventiva a Nicolás Gabriel Ubaralte y Mariana Fernanda Olivares. La pareja está acusada de haber sido quienes, a bordo de una moto, dispararon contra un grupo de chicos que estaban en la esquina de Ricardo Aldao y Juan Días de Solís terminando con a vida del joven Jonatan Bogarin (21).
Antes de que la fiscal Ana Laura Gloria comenzara su exposición, el papá de la víctima hizo uso de la palabra. Héctor Bogarin dijo que “así como creemos en la justicia divina, también creemos en la justicia de turno. A mí me arrancaron un hijo, y no me lo van a devolver”. En cuanto a los acusados, manifestó que “no tuvieron ni un poquito de piedad” y denunció que los padres del imputado “anduvieron amenazando a los testigos”. Por último, miró al juez y le dijo que esperaba “que Dios lo ilumine” al momento de decidir.
Según lo expuesto por la fiscalía, media docena de testigos hicieron posible reconstruir lo sucedido aquella fatídica noche del 23 de enero. Jonatan estaba con un otros 3 chicos esperando a que los buscaran para ir a jugar un partido de fútbol, como lo hacían todos los jueves. Estaban mirando un video en un celular, cuando de repente una moto apreció, una mujer conducía y el hombre que iba detrás disparó contra los chicos. Todos alcanzaron a esconderse, excepto Jonatan, que recibió tres disparos en el pecho y un en el abdomen.
Su padre lo trasladó urgentemente al hospital, pero no hubo mucho que los médicos pudieran hacer, y el muchacho falleció.
Además de tener haber sido imputados como “coautores de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego” de Jonatan, los novios Ubaralte y Olivares están acusados por la tentativa de homicidio de otro hombre. Tras herir de muerte a Bogarín, siguieron unos metros y según la víctima del segundo hecho, Olivares dijo “ahí hay dos más”, señalándolos a él y a su primo que tomaban una cerveza en la vereda. Acto seguido, Uaralte disparó varias veces contra ellos, que lograron refugiarse de las balas.
Para el abogado particular José Ignacio Mohamad a la fiscalía le resta ahondar en las tareas investigativas para dar con los verdaderos responsables, y descalificó los testimonios de quienes reconocieron a sus defendidos. También propuso mediadas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas una fianza personal por $ 200.000.
El juez de la IPP Octavio Silva consideró que los relatos de los testigos son verosímiles, y aportaron además de la identidad de los imputados, los roles de cada uno y una descripción de sus vestimentas. Observó que hubo una posición compartida en cuanto a la finalidad del hecho, ya que si que cada uno no hubiera cumplido con su parte no podrían haber llevado a cabo tanto el homicidio como la tentativa.
Por ello resolvió ordenar que la detención que venían sufriendo los imputados se convirtiera en prisión preventiva.