Emanuel Araya seguirá preso tras ser procesado por coacción y usurpación

Juliano Salierno
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El juez de Instrucción Sexta, Sergio Carraro, confirmó esta semana la prisión preventiva para el caudillo sindical Emanuel David Araya, a quien procesó por los delitos de “coacciones agravadas y usurpación”, por los hechos ocurridos el 30 de agosto en el obrador de la Central Termoeléctrica de Sauce Viejo.

La resolución dictada este martes 5 de noviembre alcanza además a su hermano Carlos Mauricio Araya y al delegado gremial Juan Manuel “Toto” Navarro, ambos considerados “responsables material y penalmente de los delitos de coacciones agravadas por los fines que persigue el autor y usurpación por turbación de la posesión o tenencia en calidad de coautores en concurso real entre sí”.

El magistrado confirmó para todos ellos la prisión preventiva que venían sufriendo “por entender que se encuentran latentes los riesgos procesales de entorpecimiento probatorio y peligro de fuga” y dispuso su encierro bajo la órbita del Servicio Penitenciario. A su vez trabó embargos por $ 20.000 a cada uno.

Y finalmente declaró la “falta de mérito” para procesar o sobreseer al trío respecto a la acusación de “directores u organizadores de una asociación con fines ilícitos”, éste último, delito atribuido durante la declaración indagatoria.

La emboscada

La medida adoptada por la Justicia provincial clausura, en primera instancia, una etapa de la investigación penal, de la que participaron al menos 4 jueces en el lapso aproximado de dos meses. Además, puso fin a las idas y vueltas por la competencia -provincial o federal- del voluminoso expediente.

El análisis de los hechos delictivos atribuidos a los imputados se centra en lo ocurrido el 30 de agosto último en las instalaciones del Parque Industrial de Sauce Viejo, precisamente en el obrador que tenían a su cargo las empresas Isolux Ingeniería SA y Iecsa SA, encargadas de la ampliación de la usina de Enarsa.

Ese viernes, alrededor de las 7.30 de la mañana, un grupo de 80 trabajadores dependientes de la Uocra-oficial llegaron al obrador para reanudar las tareas suspendidas unos días antes por la facción de la denominada Uocra-Araya. Los obreros se encontraban adentro del predio, aguardando órdenes para comenzar la labor, cuando una turba de más de 100 hombres los atacó con palos, hierros, piedras y armas.

Ni la guardia de seguridad privada y policial que estaba apostada en el portón central pudo frenar la marea humana, que al grito de: “Váyanse de acá manga de cagones...” se abalanzó sobre los trabajadores, ocasionándoles graves lesiones y poniendo en serio riesgo sus vidas.

“Juntos como tropa”

Así lo retrata el juez Carraro en su escrito, que tomó como base la declaración de por lo menos medio centenar de personas entre trabajadores-víctimas, policías, personal de seguridad privada y directivos de las empresas constructoras. También se incorporó al expediente la versión del conflicto según autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia; las fichas médicas de los heridos, cuyos ingresos fueron registrados en el Samco de Santo Tomé; y un informe del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial que respalda las denuncias.

Uno de los testigos recordó que “llegaron al lugar en motos y autos y se amontonaban ‘juntos como tropa’ y avanzaron” con dirección al portón principal. “Junto a ellos se encontraba una mujer rubia que portaba un arma de fuego”, “y el propio Emanuel Araya les gritaba ‘váyanse de acá manga de cagones...’ ”, continuó el relato.

Uno de los policías que hacía guardia en el portón principal aseguró que “la facción de Lemos salió corriendo, por eso no hubo un enfrentamiento” y todos coincidieron en que fueron golpeados con “palos y hierros, algunos de ellos con armas blancas y de fuego y también con piedrazos”.

“Queda claro que el desarrollo de los hechos nos pone en la situación de analizar la existencia de amenazas coactivas que se materializaron mediante el empleo de palos, hierros, piedras, armas de fuego, etc. y que tuvieran el firme propósito de lograr el abandono de cualquier tipo de actividad laboral que pudieran o pretendieran encarar los afectados”, sostuvo Carraro.

Asociación ilícita

Al referirse a la falta de mérito dictada por el delito de asociación ilícita, el juez Sergio Carraro sostuvo que “conforme al material probatorio hasta el momento colectado en la causa, no surgen de ello elementos que permitan determinar específicamente las acciones tendientes a la conformación de una organización con fines ilícitos en los términos en que fueran intimados a los imputados, como tampoco la posibilidad de contar con elementos que nos permitan describir de qué manera pudieron las mismas desarrollarse en el transcurso del tiempo”.

Las capturas

En un operativo conjunto comandado por el jefe de la Unidad Regional Uno, Rafael Grau, el juez de Instrucción Segunda, Nicolás Falkenberg, y el Fiscal Nº 4, Juan Pablo López Rosas, el jueves 3 de octubre las autoridades pusieron fin a más de un mes de toma del obrador donde se estaba construyendo la segunda etapa de la central termoeléctrica Brigadier López.

Esa mañana no sólo fueron arrestadas las 15 personas que estaban de guardia, “custodiando” la central, sino que además quedaron detenidos los hermanos Emanuel y Mauricio Araya, en sus domicilios particulares de Altos del Sauce y Santa Fe.

La Justicia extendió pedidos de captura para otros cinco dirigentes gremiales de esa facción, de los cuales uno -Juan Manuel Navarro- fue apresado el 23 de octubre a bordo de un VW Bora que merodeaba por la zona del Parque Industrial.

El conflicto parte de un enfrentamiento entre la Uocra-oficial y la Uocra-Araya que fue tomando temperatura durante el segundo trimestre de 2013. En agosto, la disputa por el poder se trasladó a Sauce Viejo, cuando los seguidores de Araya tomaron la central de Enarsa, en pleno funcionamiento. La usurpación duró 6 días y terminó el 29 de agosto, de manera voluntaria.

Pero el campo de disputa se trasladó al obrador, donde el 30 de agosto hubo una batalla campal que terminó con la desocupación definitiva el 3 de octubre.