El Litoral
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Este lunes la Fiscalía abrió su alegato adelantando que iba a “sostener la acusación del requerimiento de elevación a juicio” en el cual Villarroel y su grupo habría incurrido en actividades ilegales, al menos durante el lapso que va desde abril de 2014 -inicio de la investigación- al 10 de diciembre de 2016 -día de los allanamientos y detenciones-. “Villarroel organizó y dirigió una empresa ilícita que se ocupaba de todas las fases del negocio excepto la producción” de la materia prima, la cual se proveía de países como Paraguay -la marihuana- y Bolivia -la cocaína-.
Para ilustrar, nombró a sus contactos extranjeros y en zona de frontera, entre los que destacó a “Jairo Velázquez” alias “Popeye” -el sicario del poderoso narco colombiano Escobar Gaviria-, el “Boli” o “Norma” (contacto con Bolivia), y su intermediario internacional “Toti” Armichiardi, un rafaelino con antecedentes lejanos y cercanos por contrabando, que emigró al norte del país a la frontera con Paraguay. Este personaje “fue condenado por tráfico de drogas hace más de 20 años por este tribunal”, recordó el fiscal; y también en 2016 por el transporte d e 18 kilos de marihuana por el Tribunal Oral Federal de Formosa.
Para el MPF como parte de esa trama delictiva, Villarroel “contaba con su pareja Flores, que colaboraba en las transacciones”; y con los coimputados el “Cabezón” González y el “pollero” Gamarra, dedicados a la fase de “abastecimiento y venta” de estupefacientes en distintos barrios de la ciudad. Por último, apuntó a Martín Beilis, conocido en las escuchas como “Tincho”, que se pasaba las noches vendiendo estupefacientes para Gamarra, bajo la modalidad “delivery”.
Allanamientos y capturas
Una vez trazado el marco general de la acusación, Suárez Faisal concentró su estrategia en resaltar la importancia de las “escuchas telefónicas” obtenidas en el marco de la causa. A modo de ejemplo, dijo que “se intervinieron más de 20 líneas, de las cuales 10 fueron utilizadas por Villarroel”; y que se grabaron “más de 30.000 CD’s” que están en poder de Gendarmería Nacional.
También recordó que el golpe de gracia a la organización delictiva se produjo el 10 de diciembre de 2016 cuando el juez federal Francisco Miño ordenó “19 allanamientos en Santa Fe y Rincón”, según lo solicitado por el fiscal federal Walter Rodríguez. En aquel entonces, la atención se concentró “en esa gran vivienda de la calle Demetrio Gómez (Manzana 1 de Alto Verde) donde habitaban Villarroel y Flores”. Allí “se secuestraron once celulares”, “200 mil pesos en efectivo”, “otros 200 mil en cheques”, “una pistola 11/25 con proyectiles”, “una balanza”, etcétera. Allanamientos que se replicaron en las oficinas de “Alto Verde Cable y propiedades lindantes” y una “casa quinta de calle Del Sol” en Villa California donde se secuestró un ladrillo de “1.025 gramos de cocaína, escondido entre camisetas y pantalones de fútbol”.
Eufemismos e incoherencias
Surge como interrogante el hecho de que a pesar de haber desbaratado una mega organización con roce “internacional”, el producido de los secuestros haya sido apenas de un kilo de cocaína y unos gramos más dispersos en otro domicilio. En respuesta a esa pregunta, el fiscal sostuvo que “la principal prueba son las escuchas telefónicas” cuyos CD‘s eran grabados en Buenos Aires “pero eran recibidos en Santa Fe para su desgrabación una semana más tarde. No eran escuchas directas” y por eso “no se pudieron filmar, ni interceptar encomiendas” que ratifiquen de manera fehaciente la labor de inteligencia.
“Arrolladito, patita, alitas, menudos, pescado, asado, pasto, remera, pantalón, bizcochos, laja”, esos son algunos de los nombres con los que Villarroel y sus íntimos hablaban de la droga. “Pensaban que los estaban escuchando y que así podían disimularlo”, dijo Suárez Faisal en sus casi dos horas de alegato. “Eran conversaciones incoherentes si nos atenemos a la charla”, destacó.
Si bien Villarroel “cambiaba permanentemente” de números telefónicos, “Gamarra tuvo durante mucho tiempo el mismo teléfono” que de hecho “fue secuestrado en su casa de pasaje Echeverría”. En una época de mucha actividad, el “Zurdo” y el “pollero” mantenían “entre 10 y 20 llamadas por día”, de las cuales se desprenden jugosas piezas documentales que fueron leídas y releídas en las distintas etapas del juicio. En definitiva, para la fiscalía los sinónimos registrados en las escuchas no eran otra cosa que “eufemismos, que usaban para referirse a los estupefacientes”.