Espionaje ilegal: un policía reveló que tenía órdenes de seguir a dos personas

-¿Usted realizó seguimientos a alguna persona en Santa Fe, cuándo?

-Cuándo no lo sé, pero uno es Héctor Acuña y el otro es Zalazar, el periodista.

-¿Periodista de qué medio?

-De Apropol... Utrapol…

-¿Qué tareas desarrolló?

-Investigación y seguimiento. Sacábamos fotos, hacíamos filmaciones y tareas de campo que mandábamos a los superiores.

El intercambio de pregunta respuesta tiene como actores al fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA, Ezequiel Hernández y al policía Pablo Leandro Pérez, un suboficial de 31 años, actualmente en disponibilidad.

Pérez hizo la declaración estando preso, acusado de destruir evidencia en beneficio de otro policía -Matías José Cosentini- que está procesado y con prisión preventiva por vínculos con el narcotráfico. De la planilla prontuarial de Pérez surge además que estaba siendo investigado cuando en épocas del Ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, trabajó para el Organismo de Investigaciones (OI) en Rosario.

Nuevo testimonio

Es decir que la audiencia -que tuvo lugar el pasado viernes en el subsuelo de los tribunales de Santa Fe y mediante la cual el suboficial Pérez recuperó la libertad bajo alternativas-, se convierte en un nuevo testimonio que el fiscal Hernández suma a la causa por presunto “espionaje ilegal”, que tiene al Dr. Sain y seis miembros de su equipo (Ministerio de Seguridad y OI) como imputados.

La audiencia fue solicitada la semana pasada por el abogado particular Martín Peón, quien ofreció la colaboración de su cliente, a los fines de mejorar su situación procesal. “Nos pusimos a disposición de la fiscalía” dijo el defensor, tras solicitar “la morigeración de la prisión preventiva y que se le conceda la libertad” para su pupilo.

El policía Pérez, de escasos 5 años dentro de la fuerza, se encontraba privado de la libertad desde el 15 de agosto, cuando el fiscal Hernández le atribuyó la inutilización de un celular secuestrado y haber borrado la filmación del procedimiento que se encontraba en un DVD ensobrado en el legajo realizado por la División Judicial de la Unidad Regional Uno (URI).

Libertad acordada

El acto judicial del pasado viernes estuvo bajo la dirección del juez Sergio Carraro, quien al finalizar la declaración le concedió la libertad a Pérez, tal como coincidieron fiscalía y defensa al considerar que ya no existe riesgo de entorpecimiento probatorio.

Las medidas alternativas consentidas por la defensa de Pérez implican para el imputado la obligación de fijar domicilio, designar un guardador y cumplir con la prohibición de contacto personal o por cualquier medio, tanto para con las víctimas del proceso como los coimputados.

El joven policía contó que se inició en la labor pública en 2018 y desde entonces prestó servicios en el Organismo de Investigaciones (OI) en Rosario y previo a su detención, en la División Judicial de Santa Fe.

Acuña y Zalazar

Dividió su declaración en dos partes. Primero habló del operativo realizado el 4 de julio y por el cual el viernes 18 de agosto le dictaron la prisión preventiva. Luego se despachó sobre su desempeño previo, cuando aseguró que lo enviaron tras los pasos del por entonces subsecretario de Asuntos Penitenciarios del gobierno de Omar Perotti, el abogado Héctor “Pirucho” Acuña.

Además, refirió que junto con el Dr. Acuña seguían a Miguel Zalazar, expolicía y referente de un sector de la fuerza que persigue su sindicalización, que a su vez administra la página web Apropol (Asociación Profesional Policial Santa Fe) y es un referente de Utrapol (Unión de Trabajadores Policiales). Zalazar había denunciado pública y judicialmente al ministro Sain en 2020 por lo que consideraba un intento por acallar la voz de los gremios.

Pérez dijo que no era el único que participaba de las tareas de espionaje. “Seguíamos a personas vinculadas a una causa que nosotros teníamos en Rosario”, afirmó usando el plural, en relación a maniobras ligadas al Servicio Penitenciario.

En un campo

El fiscal le preguntó entonces por una compañera de nombre “Sofía” y si ella “tenía acceso a algún campo”; a lo que el declarante responde: “Sí, íbamos al campo del padre y comíamos asados con Sofía, con Martínez, Salinas y Marra”, nombró. Sin embargo, a la hora de localizar el lugar, dijo que no sabía llegar.

Aunque parezca una pregunta banal, la referencia al campo cobra relevancia porque -según creen los investigadores- era uno de los sitios en los que quienes realizaban las tareas de inteligencia denunciada como ilegal, se reunía para destruir y quemar papeles, además de comer asados.

Coincidencia y descubrimiento

El policía Pablo Leandro Pérez (31) quedó en el ojo de la tormenta cuando el fiscal Ezequiel Hernández advirtió que uno de los policías detenidos a principio de agosto por vínculos con un narco que bajaba droga en Santa Fe, tenía una causa en trámite en la Fiscalía de Delitos Complejos.

El fiscal del MPA revisó el sumario y se encontró que tenía secuestrado el teléfono del suboficial Matías José Cosentini (34), el cual debía ser peritado el 7 de agosto, para luego ponerlo a disposición del Fiscal Federal Nº 1, Gustavo Onel, que lleva adelante la investigación por la connivencia policial con el narcotráfico.

Pero la sorpresa llegó al descubrir, el 15 de agosto, que la pantalla del teléfono de Cosentini, un IPhone 7, estaba dañada y la tarjeta SIM partida al medio. Además, se encontró con que el acta de la filmación del procedimiento a la casa del policía estaba fraguada y había sido reemplazada por un DVD virgen.

El fiscal Hernández investigaba a Cosentini por la desaparición de su arma reglamentaria, ya que no estaba claro si la había perdido, vendido o alquilado. Y el 15 de agosto terminó por constatar la diferencia entre la foja 11 del acta que División Judicial remitió a fiscalía con la firma del policía López y la original secuestrada.

También en el federal

Por ese hecho el 18 de agosto el juez Gustavo Urdiales dictó la preventiva a Pérez como coautor de los delitos de “destrucción de objeto de prueba calificada por haber sido cometida por el propio depositario”, “encubrimiento calificado por haber sido cometido por un funcionario público” y “adulteración de documento público calificada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones”.

Ese mismo viernes el juez federal Nº 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, procesó a los policías Cosentini (34), quien fuera suboficial con asiento en la brigada antinarcóticos de Esperanza; Lucas Gabriel Nos (41), oficial y jefe de la misma dependencia; y Rubén David Moyano (40), subcomisario, titular del departamento antidrogas del departamento San Jerónimo.

El procesamiento del trío es por la coautoría en los delitos de “malversación de caudales públicos”, “encubrimiento triplemente agravado -por ser un delito especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionarios públicos-”, y autor de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En dicho caso, la investigación del fiscal Onel se remonta a mediados de junio, por una presentación del Organismo de Investigaciones (OI), en la que se aportan videos “caseros” en los que aparece un narco bajando de un auto oficial de la AIC, en compañía de los policías señalados y llevando un bolso con una importante suma de dinero.

En cuanto al narco D.C.S. también se encuentra detenido desde el 8 de agosto, en un operativo que estuvo a cargo de Prefectura Naval en la zona portuaria de la ciudad de Santa Fe.