El fiscal Federal N° 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, acaba de rechazar un nuevo pedido de excarcelación para el comisario Higinio Bellaggio, detenido desde septiembre del año pasado, cuando la Justicia detectó que colaboró en el ocultamiento de evidencias para desincriminar a su jefe, el comisario Mariano Valdés, baleado en la autopista Buenos Aires-Rosario, cuando regresaba a la capital provincial en un auto oficial.
El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso este jueves a un planteo de los abogados Víctor Corvalán y Evelyn Quain, quienes pretenden que su cliente recupere la libertad el próximo miércoles 20 de mayo, tras cumplirse los ocho meses de prisión preventiva. Según el argumento defensivo, “en esa fecha estaría en condiciones de obtener la libertad condicional” en la imaginación de que en caso de ser condenado, la misma será de ejecución condicional o no superaría los 3 años.En tanto la defensa del comisario Valdés, a cargo de Silvio Omar Piorno, intentó un idéntico recurso, el cual fue rechazado este viernes por el fiscal.
El postulado fue considerado por la fiscalía como “un grosero error de cálculo”, puesto que ante los delitos por los cuales Valdés y Bellaggio fueron procesados, la pena en expectativa iría de los 2 (mínimo menor) a los 28 años (máximo mayor), sin perjuicio de la inhabilitación perpetua para el ejercicio del cargo. Además, el Dr. Rodríguez le pidió al juez la aplicación de costas a las defensas por “la utilización abusiva de acciones procesales”, en referencia a “una presentación repetida e improcedente”, puesto que las excarcelaciones (también pedidos de domiciliarias) ya habían sido solicitadas y rechazadas en diciembre pasado.
A propósito de los motivos por los cuales ambos se encuentran privados de su libertad, el fiscal Rodríguez recordó que Bellaggio ocupaba el cargo de subjefe de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina cuando el 9 de septiembre de 2019 viajó hasta la localidad de Arroyo Seco para asistir a su superior -el comisario Mariano Valdés-, quien había sido herido de bala en un tiroteo en la autopista a la altura de Villa Constitución.
Para los investigadores, Bellaggio no tuvo otra misión sino la de entorpecer el descubrimiento de la verdad y colaborar en el ocultamiento de evidencias sensibles para proteger a Valdés que estaba convaleciente en una cama de hospital. Asimismo, se los responsabilizó de haber coaccionado a la policía que viajaba con el jefe para que ofreciera a la fiscalía provincial que intervino en un primer momento, una versión falsa de los hechos. Y por último, fueron acusado de haber ocultado primero y quitado después de la escena un bolso Adidas de color azul que fue secuestrado en Santa Fe el 20 de septiembre y que en su interior tenía rastros de drogas sintéticas.
En ese contexto, Valdés y Bellagio fueron procesados el 30 de diciembre del año pasado por el juez Federal N° 2 de Santa Fe, Francisco Miño, quien los halló responsables de los delitos de “confabulación para el narcotráfico”, “abuso de autoridad”; “incumplimiento de los deberes de funcionario público”; “sustracción de elementos de prueba”; “empleo de servicios de la administración pública” y “falso testimonio”, todos ellos cometidos en el marco del suceso de amplia trascendencia pública.
El procesamiento, que no fue apelado en el caso de Valdés -y por ende se encuentra firme-, fue confirmado el 30 de abril por la Sala A de la Cámara Federal de Rosario (Aníbal Pineda y Guillermo Toledo) en el caso del comisario Bellaggio.
El mismo día en que fue confirmado el procesamiento para el comisario Bellaggio (30 de abril), la Sala A de la Cámara Federal de Rosario, integrada por los camaristas Aníbal Pineda y Guillermo Toledo -en feria extraordinaria- rechazó un pedido de excarcelación para su consorte de causa, el comisario Valdés. La medida había sido solicitada a fines del año pasado al Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, donde se tramita la causa, y fue desestimado oportunamente.
La defensa había planteado entonces que las acusaciones contra Valdés eran “meramente conjeturales” y que los actos atribuidos sufrieron “una severa distorsión al momento de ser apreciados”. Y por añadidura, reiteró el pedido de arresto domiciliario.
Sin embargo, la Cámara rosarina valoró como “determinante contemplar la gravedad institucional extrema que representa la posible comisión de delitos vinculados al narcotráfico por autoridades de máxima jerarquía de la policía federal, quienes tienen a cargo la importante función de prevenir, perseguir e investigar dichas conductas”.