Familiares de las 22 personas que murieron en 2013 por la explosión de un edificio de la ciudad santafecina de Rosario pidieron "penas máximas y cárcel" para los acusados, en el juicio oral que concluyó este jueves con la etapa de declaraciones testimoniales.
"Sería un acto de honor y justicia que los responsables se hagan cargo de sus responsabilidades. El gasista fue el único que pidió disculpas, su psiquiatra dijo en el juicio que él tenia mucha culpa, pero ningún otro lo hizo", dijo a Télam Marcela Nissoria, pariente de una de las víctimas del incidente provocado por una fuga de gas en el edificio situado en Salta 2141, que dejó además 60 heridos.
La mujer afirmó que tanto ella como los demás familiares "esperan una sentencia con cárcel y penas máximas para los acusados".
"No es fácil ver la cara de los responsables. Hasta ahora eran todos anónimos, pero hoy tienen cara y un discurso para defenderse que nos duele, porque no quieren asumir responsabilidades", agregó Nissoria.
Y completó: "Más allá de lo que determine la justicia, pudimos confirmar durante el juicio nuestra hipótesis de que la explosión fue el resultado de una cadena de irresponsabilidades que terminaron en muerte".
Tenés que leerPidieron cinco años de prisión para nueve imputados por la explosión de calle SaltaEl lunes 24 comenzarán los alegatos finales y se espera que antes de fin de mes se conozca el dictamen final, a cargo del tribunal formado por los jueces Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zvala, indicaron fuentes judiciales.
Por el incidente están procesados el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño, quienes trabajaron en el lugar el día de la explosión, y tres integrantes de la administración del consorcio: Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli.
También los inspectores de la empresa Litoral Gas, Guillermo Oller, Luis Curaba y Gerardo Bolaño; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, la gerenta técnica Viviana Leegstra y el gasista José Allala, quien había trabajado en el edificio 12 días antes de la explosión, cuando se detectó la fuga.
La fiscalía pidió cinco años de prisión efectiva para los nueve primeros, y la querella incluyó en ese pedido a Allala y Bolaño.