El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe fijó para el próximo 4 de agosto a las 8.30 hs el inicio del juicio por una de las estafas más grandes conocidas hasta ahora en la historia de la provincia. Se trata de la causa Bolsafe Valores, que tiene al contador Mario José Enrique Rossini como principal investigado y siete miembros de su staff, como presuntos responsables de los delitos de "defraudación por administración fraudulenta" y "captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores".
La decisión judicial fue tomada a mediados de la semana pasada, cuando en forma concomitante, los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, resolvieron revocar una medida adoptada en octubre de 2019, cuando acumularon al cuerpo principal del expediente, el segundo tramo de la investigación, por la cual se encuentran procesados, Rossini, y los empleados de la firma Valfinsa Bursátil SA: Leonado Perrota, Antonio Iturrioz y Favio Meijone.
En aquella oportunidad, la acumulación del segundo tramo de la investigación al cuerpo principal, impulsado por la querella del grupo mayoritario de damnificados, hizo que se suspendiera el inicio del debate, previsto para el 17 de octubre de 2019.
Sin embargo, desde aquel momento hasta la actualidad, el tribunal no ha encontrado ocasión de volver a fijar la fecha de juicio, atento a los planteos recursivos impulsados por la defensa de los imputados.
Puntualmente, "al día de hoy se encuentra pendiente de resolución en la alzada un recurso de casación, interpuesto por la defensa de los coimputados de la causa acumulada –Perrota, Meijone e Iturrioz- contra la resolución 202/20 de fecha 14 de agosto de 2020, mediante la que se rechazó la incorporación de una nueva prueba aportada por el representante del Ministerio Publico Fiscal", refiere el texto judicial.
Además, declararon que "transcurridos diecisiete meses desde que se ordenara la acumulación y sin perjuicio de los argumentos sostenidos en tal oportunidad, lo cierto es que todo intento de darle celeridad al proceso ha sido infructuoso; no existiendo a la fecha posibilidad de fijar audiencia de debate atento el estado procesal de la causa".
El Tribunal recordó también que el primer procesamiento contra Rossini, que involucra a su hermano Omar y a media docena de integrantes de su equipo (María Mercedes Leiva, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino y María Lorena Molinas) fueron procesados el 20 de octubre de 2014; que el 23 de febrero de 2017 se requirió la elevación a juicio. En tanto, los imputados Meijone, Perrota e Iturrioz –junto con el mismo Mario Rossini-, fueron procesados el 7 de julio de 2015 por el delito de lavado de activos; elevándose al TOF el 24 de septiembre de 2019.
"En el presente lo cierto es que lejos de lograrse la pronta realización del juicio oral y público, se ha dilatado exponencialmente la posibilidad de que los damnificados puedan obtener una respuesta de la justicia a su reclamo", reconoce el tribunal de juicio.
Y agrega que "de igual forma la extensión en la duración del proceso también afecta el derecho de los imputados a liberarse del estado de sospecha de haber cometido un delito, mediante una sentencia".
Como si fuera poco, a la situación particular del voluminoso expediente, se suma "una situación excepcional nunca antes vista", en alusión clara y directa a "la pandemia de Covid-19". Situación a partir de la cual se han establecido "limitaciones imponderables que indiscutiblemente obstaculizan la organización de las audiencias de debate; máxime si se trata de causas cuantitativa y cualitativamente complejas".
Bajo estos argumentos, el TOF decidió el 24 de febrero último "revertir la acumulación oportunamente dispuesta" y separar las causas, así poder llevar adelante el primer tramo del juicio.
Evaluados los pros y los contras, los jueces entendieron que "el perjuicio para los imputados y para las víctimas por la dilación en la tramitación del presente es superior a cualquier hipotético beneficio que pudiera implicar la unidad de juzgamiento que se pretendiera".
Por último, solicitaron a la Cámara Federal de Casación Penal, la designación de un cuarto juez sustituto, dado que se trata de un debate que llevará más de diez días de duración.
La "administración fraudulenta" atribuida a las firmas Bolsafe Valores SA y BV Emprendimientos, abarca un período que se extiende desde el 1° de septiembre de 2003, hasta fines de diciembre de 2012. Según los documentos, existen 408 víctimas por un valor estimado en 251 millones de pesos en Santa Fe y una amplia zona de influencia.