Juliano Salierno
Víctor Esteban Almirón y su hijo (con los mismos nombres) están siendo juzgados como jefes y organizadores de una banda narcocriminal que abastecía a los barrios Yapeyú, Loyola y La Tablada. Alrededor de 60 testigos declararon ante el Tribunal Oral Federal.
Juliano Salierno
El fiscal general, Martín Suárez Faisal, solicitó este viernes 12 años de cárcel para Víctor Esteban Almirón, alias “Pola” y 10 años para su hijo del mismo nombre, apodado “Puchinga”, en el marco de los alegatos finales del juicio oral y público que se lleva adelante contra ambos como jefes y organizadores de una empresa criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. Además, está imputada por “tenencia simple de estupefacientes” la última mujer de Pola, Mabel Victoria Monzón, para quien el fiscal pidió dos años de prisión por una causa acumulada de 2008.
Pola (54) y Puchinga (34) están siendo juzgados desde el miércoles 26 de julio por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Homero Lauría -presidente- y María Ivón Vella. Dicho tribunal escuchó en los últimos tres días el testimonio de casi 60 testigos convocados para el debate, los cuales refirieron los distintos procedimientos que se fueron realizando desde 2008 en adelante y hasta el 2015, cuando definitivamente fueron detenidos.
Si bien en su mayoría los declarantes son policías que tuvieron participación en investigaciones y allanamientos, y testigos de actuación civiles que avalan dicho proceder, los abogados defensores Claudio Torres del Sel -por “Pola” y su pareja Monzón- y Marcos Rodríguez Allende -por “Puchinga”-, aportaron una veintena de testigos de descargo, que trataron de alivianar la imagen de organización mafiosa que los investigadores se encargaron de revelar.
Autos, camionetas y motos
En su alegato final el representante del Ministerio Público Fiscal se centró en la figura delictiva prevista en el artículo 7 de la ley 23.737 de estupefacientes. Para Suárez Faisal la conducta de los Almirón se condice con el rol de “organizadores de comercio de estupefacientes”, lo cual estaría acreditado por las declaraciones de testigos, pero fundamentalmente por la labor de inteligencia basada en las escuchas telefónicas.
Además de una condena de prisión efectiva de monto importante -12 para Pola y 10 para Puchinga-, el Dr. Suárez Faisal pidió al tribunal que les imponga multas de 50 mil y 45 mil pesos a cada uno de ellos; así como el decomiso de la flota de vehículos que les fueron secuestrados, entre los que cuentan: una camioneta VW Amarok; una camioneta Hillux 4x4; un auto Renault Sandero Stepway; un utilitario Citroen Berlingo; una moto Honda XR 250 c.c y otra Honda Tornado de la misma cilindrada; mientras que también existe un auto VW Bora a nombre de los imputados que no fue secuestrado hasta el momento.
Producto de la investigación, se pudo determinar que Pola y Puchinga Almirón, junto con otros miembros que no fueron imputados en esta causa, forman parte de un clan narcofamiliar con asiento en el barrio Yapeyú, Loyola Sur y La Tablada. Los Almirón habrían creado un verdadero ejército de soldaditos que se encargaban de la venta al menudeo en los bunkers distribuidos en el cordón noroeste de la capital santafesina, pero también se dedicaban a la “distribución”, abasteciendo los kioscos de la zona bajo su señorío; así como a la modalidad delivery, esto es, la entrega puerta a puerta de la sustancia ilícita.
Lapicera pistola
Tal como le dijo Puchinga al tribunal, se ganaba la vida como ladrillero, en los hornos propiedad de su familia que se ven desde la circunvalación oeste en La Tablada. Lo que no dijo es que con esos ladrillos los Almirón levantaron una veintena de propiedades que entregaron a quienes trabajaban para ellos. Así, se han quedado con toda una cuadra en la calle Hugo Wast al 6700, entre Furlong y Dra. Grierson (Loyola Norte).
Hasta allí fue la policía en numerosas oportunidades -unos seis allanamientos desde 2008-. La última y que desbarató la organización se produjo el 30 de julio de 2015, cuando Pola quedó detenido y se secuestraron más de 3 kilos de marihuana. Puchinga por su parte, fue atrapado en la misma jurisdicción el 30 de septiembre de 2015, cuando intentó eludir a los policías en una moto Honda Tornado de 250 centímetros cúbicos. Cuando lo atraparon, llevaba en su mochila 5 envoltorios con marihuana (porros), un revólver Taurus calibre 357 con 8 cartuchos; 61 cartuchos calibre 357 Magnun; una caja de cartuchos calibre 9 mm con 25 unidades; y dos cargadores de pistola de 9 mm, uno con 16 y otro con 14 cartuchos. Pero sin dudas que lo más llamativo fue el hallazgo de un arma de fuego disimulada como lapicera de un disparo calibre 22, junto a 6 cartuchos de dicho calibre, informaron las autoridades.
Con la captura de Puchinga y el análisis de las escuchas, el fiscal federal Nº 2 Walter Rodríguez, consideró que la investigación, al menos en esta instancia, se encontraba concluida y realizó el requerimiento de elevación a juicio, un escrito de 66 fojas que el miércoles fue leído por el tribunal tras la apertura del debate.
El próximo lunes, los abogados Rodríguez Allende y Torres del Sel harán los respectivos alegatos defensivos, para tratar de rebatir el enorme cúmulo de pruebas que existen contra sus pupilos, que llamativamente no cuentan con antecedentes penales, más allá de una condena a tres años, ya cumplida, que recibió el menor de los Almirón por allá por 2008 relacionada a un delito contra las personas.