Para la fiscalía Bolsafe causó un fraude por $ 251.000.000

De la Redacción de El Litoral

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El fiscal federal Walter Rodríguez presentó ayer el requerimiento de elevación a juicio de la causa “Bolsafe”, una estafa regional de grandes proporciones que tiene como principal imputado al contador Mario Alberto Rossini y su grupo de colaboradores. Para la Fiscalía, la magnitud del daño patrimonial asiente a los 251 millones de pesos, sobre un total de 408 damnificados que se presentaron en el expediente.

“La elevación a juicio de ayer comprende la situación procesal de nueve imputados” que abarca a un primer grupo que irá a juicio, ya que “la causa está dividida en tres grupos”, desglosó el fiscal Rodríguez. Las categorías empleadas refieren, en primer lugar, a “la gente que rodeaba y desarrollaba las actividades de las empresas Bolsafe Valores y BV Emprendimientos; el segundo grupo es el que nuclea a las entidades bancarias, Banco Galicia y Valfinsa; y el tercer sector eran quienes debieron ejercer el control desde el Mercado de Valores del Litoral”.

De los tres grupos sólo el primero es el alcanzado por el documento de la fiscalía, y además de Rossini, se encuentran imputados su hermano Omar Rossini, María Mercedes Leiva, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Miriam Analía Sabella.

La maniobra

Tal como se expresa en un comunicado difundido ayer por la fiscalía “se imputó a todos los nombrados haber administrado fraudulentamente los bienes confiados en custodia al menos de 408 víctimas, ocasionando un perjuicio patrimonial global denunciado por un monto aproximado a pesos 251.000.000, a partir de continuos y habituales actos de disposición llevados a cabo desde las sedes de las empresas Bolsafe Valores SA y BV Emprendimientos ubicadas en la ciudad de Santa Fe (utilizándose sus estructuras operativas y una red de productores afianzados en esta región del país) durante el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2003 hasta finales del mes de diciembre del 2012”.

“También se atribuyó a partir del 28 de diciembre de 2011 el delito de la captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil desarrollada por los imputados (a excepción de Omar Rossini), agravada por el uso de medios de difusión masiva”, consigna el escrito.

Las víctimas

Si bien “la cantidad de víctimas que nosotros hemos detectado e incorporado se remonta a 408 casos, no quiere decir que sean los únicos”, adelantó Rodríguez. “Nosotros sospechamos que hay más porque la documentación misma que hemos detectado en el marco del expediente así lo indica”.

El fiscal, que se reincorporó a su cargo en febrero de este año, luego de su paso en 2016 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), trabajó la causa Bolsafé junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta.

Producto de esa labor “hemos detectado como dato novedoso y creo que importante, un perjuicio global denunciado de 251 mil millones de pesos. Guste o no es la cifra que a nosotros se nos acerca en un informe que ha relevado la situación de 408 personas, a lo que se suman 36 más que no han tenido intenciones de accionar”. Pero “más allá del perjuicio patrimonial, la cantidad de personas que están afectadas es muy significativa. La cantidad de tiempo en que se desarrolló la maniobra también es muy significativa”, completó.

Atento al daño causado, el dictamen oficial cuenta con un pedido de medidas patrimoniales que están dirigidas a los imputados que evadieron la intimación cursada por el juez, cuando manifestaron que no tenían bienes para ofrecer en embargo.

Próximos pasos

En un comunicado oficial la fiscalía del Dr. Rodríguez señaló que “el juez debe dar traslado a los defensores de los imputados para ejercer el derecho de oposición. Luego se otorgará intervención a los letrados para que se produzcan los reclamos civiles, y se elevará la causa al Tribunal Oral Federal competente, en caso de aceptarse las acusaciones formuladas. Finalmente, a partir del relanzamiento del vínculo institucional entre la Fiscalía Federal con asiento en Santa Fe y la Procelac, sus autoridades resguardarán los elementos para seguir la investigación, con el propósito de definir la situación procesal del resto de los imputados en un tiempo razonable, que tiene como principal objeto el delito de lavado de activos”.

En síntesis

Producto del requerimiento de elevación a juicio 9 personas afrontarían el juicio oral y público. Durante la instrucción 15 personas fueron sobreseídas; y otras 4 están procesadas (entre ellos Rossini e integrantes de Valfinsa) por lavado de activos con confirmación de la Cámara Federal de Rosario, y 6 con falta de mérito (integrantes del Banco Galicia). Al respecto, hay un trámite ante la Cámara Federal de Casación Penal. Por último debe definirse si hay elementos para indagar a otras 14 personas (13 del Mercado de Valores del Litoral).