Un efectivo del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe (SPP) quedó en prisión preventiva este jueves, acusado de amenazar y golpear a su pareja, mientras ésta tenía en brazos a su bebé de 4 meses.
El episodio ocurrió el domingo, en horas de la madrugada, en la vivienda familiar del barrio Los Troncos.
Un efectivo del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe (SPP) quedó en prisión preventiva este jueves, acusado de amenazar y golpear a su pareja, mientras ésta tenía en brazos a su bebé de 4 meses.
La resolución fue adoptada por el juez penal Leandro Lazzarini, y alcanza a Jonatan Santiago Alfredo Arce, agente penitenciario de 34 años, el cual se encuentra privado de la libertad desde el mediodía del domingo 24 de abril.
Esa madrugada, alrededor de las 3, se produjo una discusión entre Arce y su mujer de 31 años, que en ese momento se encontraba con el hijo de ambos en brazos, en la vivienda familiar del barrio Los Troncos.
Por causas que no fueron ventiladas, el hombre emprendió su ataque, primero tomándola del cuello en lo que se consideró un intentó de ahorcamiento; para luego propinarle una andanada de golpes de puños y patadas, que le causaron a la mujer múltiples lesiones en el rostro (principalmente en uno de sus ojos y labios) y en las piernas. Además, como corolario de lo acontecido, amenazó con matarla.
Amenazas y lesiones
Así describió el ataque el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Manuel Cecchini, quien tras imputar a Arce por los delitos de "amenazas y lesiones leves dolosas calificada por el vínculo, en contexto de violencia de género" -en carácter de autor-, argumentó ante el juez el por qué de la importancia de mantener al hombre privado de la libertad.
Por su parte, el defensor particular del penitenciario, el Dr. Héctor Tallarico, propuso alternativas a la prisión preventiva e hizo referencia a la declaración de la propia víctima, que previo al tratamiento de la cautelar prestó declaración y manifestó que no quería que su marido vaya preso, dado que ésto podría significar la pérdida del trabajo para quien es sostén de familia.
Sopesados los argumentos de una y otra parte, el juez Lazzarini resolvió confirmar la cautelar de máxima, atendiendo a la postura fiscal y solicitó que la medida sea comunicada a las autoridades del Servicio Penitenciario "acorde a la situación laborar que presenta el imputado".