Las hijas de María Cecilia Burgadt se constituyeron como querellantes en la causa por el femicidio de su madre, y estarán representadas por las abogadas del Departamento de Género del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Vivian Galeano y Laura Gerard. Esto se formalizó en la mañana del lunes, luego de que tanto la fiscalía como la defensa de Sebastián Maschio -único imputado por el femicidio- no plantearan oposición al respecto.
El crimen de la enfermera causó gran conmoción en la sociedad santafesina. Desapareció el viernes 13 de septiembre de 2019, y la última vez que se la vio con vida fue a través de una de las cámaras de seguridad de su lugar de trabajo, el Hospital José María Cullen. Eran exactamente las 13.18, Cecilia vestía un buzo rosa, jean y tenía el pelo recogido.
Murió esa misma tarde, en la autopsia se contabilizaron más de 30 lesiones en su cuerpo, habiendo sido las de la cabeza las fatales. Murió a golpes, una piedra y la pata de una cama fueron empuñadas como armas por su asesino. Su cuerpo fue envuelto en una frazada y atado, lo encontraron oculto debajo de un colchón, en la pieza que alquilaba su ex pareja, Sebastián Julio Adán Maschio.
“No aceptaba que lo deje”
Esa tarde Cecilia Burgadt no llegó a la casa que compartía con sus hijas, y tras el paso de las horas las chicas realizaron la denuncia de paradero en la comisaría 14° de San José del Rincón. Gracias al relato de una de ellas se secuestró el Volkswagen Gol rojo que su madre acababa de comprar, y que estaba en manos de Maschio.
Lo aprehendieron y, según lo comunicado por el fiscal que estuvo a cargo de la búsqueda, Marcelo Fontana, “ante policías de la Dirección de Trata de Personas, reconoció que la enfermera era su pareja, que habían discutido, que se le había ido la mano y que la había matado. Dijo que quería colaborar y le contó a los uniformados dónde estaba el cadáver. Fue una declaración espontánea que hizo el acusado, que en ese momento estaba detenido en el marco de la desaparición”.
Así fue que la tarde del sábado 14 los investigadores llegaron a la vivienda ubicada en calle 4 de Enero al 8900, en el barrio Esmeralda Norte, lugar donde encontraron el cuerpo de Cecilia y junto a este, una bolsa con la ropa de su agresor manchada de sangre. A partir de este momento la causa pasó a la Unidad Fiscal de Homicidios, y tres días más tarde el fiscal Andrés Marchi imputó a Sebastián Maschio como autor de “homicidio agravado por alevosía, por el vínculo y por haberse producido en un contexto de violencia de género (femicidio)” y “estafa”.
Durante la audiencia, el fiscal explicó que víctima y victimario primero fueron amigos y que con el tiempo su relación evolucionó, pero que hacía varios meses el romance se había cortado, aunque él “no aceptaba que lo deje”, algo que previamente una amiga de Cecilia había comentado a El Litoral: “En alguna ocasión me comentó que su ex pareja la amenazaba porque el no aceptaba que la relación se había terminado. Quería que ella vuelva con el. Incluso una vez se le metió en la casa de San José de Rincón para insultarla”.
Durante su exposición ante el juez, que también debía decidir si Maschio quedaría en prisión preventiva, la fiscalía expuso su teoría del caso. La compra del Volkswagen Gol de Cecilia se había realizado gracias a su ex pareja -que actuó como intermediario- quien se había quedado con el vehículo “temporariamente” para realizarle reparaciones. Esto habría sido un ardid para apropiarse del rodado, y el hombre, incluso, habría intentado transferirlo a su nombre previo a asesinarla.
Cuando la enfermera salió de trabajar, Sebastián Maschio pasó a buscarla por el Hospital Cullen. Tenía que devolverle el vehículo pero apareció en moto, y la llevó hasta la pieza que él alquilaba desde hacía unos meses. Allí, la mató a golpes.
En cuanto a la “confesión” que él hizo una vez detenido, el fiscal Marchi fue contundente: “No se trató de un acto de arrepentimiento. Este hombre se dio cuenta de que estaba acorralado y que los investigadores ya estaban en camino para descubrir todo”.
“Tenemos miedo y queremos que se haga justicia” fue el reclamo de Cristina y Diana, las hijas de la enfermera Cecilia Burgadt, ante el juez que dejó preso al presunto asesino