A medida que pasan los días van surgiendo nuevas denuncias que se fueron tramitando contra el morterense Hernán Mariano J. quien este miércoles será imputado por estafa por las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos de Santa Fe, María Laura Urquiza y Mariela Jiménez.
En los tribunales de la primera circunscripción el hombre de 46 años y su pareja, Carolina H. de 29, serán acusado formalmente de haber concretado una estafa contra los familiares de un ex concejal sanjavierino, a los que despojaron de $ 50.000 en abril de 2019. La maniobra tiene como particularidad que el dinero estaba destinado a pagar una coima para mejorar la situación del edil preso, y que para ello el estafador utilizó el nombre del fiscal Francisco Cecchini y del secretario de la fiscalía costera para obtener el rédito.
Ello derivó en una denuncia ingresada a fines del año pasado y tramitada con sigilo por las fiscales de Complejos, que rápidamente descubrieron que su par no era quien solicitaba el estímulo económico para la causa, sino que todo fue obra de un oportunista, que aprovechó la información circulante en los medios para sacar una peligrosa tajada.
Tenés que leerEstafador e impostor: se hizo pasar por fiscal, cobró una coima y lo detuvieronUna cuenta bancaria en la que depositaron parte de la plata fue uno de los principales caminos para dar con una pareja, oriunda de Morteros, en la provincia de Córdoba. Y al obtener la identidad del varón, pronto surgió un florido repertorio de denuncias en las cuales se lo señala como principal responsable de las más curiosas y aventuradas estafas.
Tal vez la que más le costó fue una cometida contra la intendente de Cosquín, a quien engañó en 2014 utilizando como ardida saldar una vieja deuda que tenía el municipio con el Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento).
El diario La Voz del Interior hace mención a la liberación del hombre oriundo de Mortero, el 21 de marzo de 2015. La nota refiere que fue el juez de Control de Cosquín, Gabriel Prémoli, quien lo excarceló, luego de que se comprobara que no tenía antecedentes penales, aunque continuó el proceso como imputado.
Según la denuncia de la funcionaria, Rossana Adaglio, “a fines de enero de 2014 recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como Axel Kicillof, ministro de Economía de la Nación. Le habría ofrecido la normalización de una cuantiosa deuda del municipio con el Enohsa, que se podría solucionar si la intendenta giraba en el acto 40 mil pesos a una cuenta determinada. Adaglio el mismo día hizo girar el dinero, sin apelar a ninguno de los controles municipales”, informaba el diario cordobés.
Más acá en el tiempo, fue el periódico rafaelino La Opinión el que refirió a una nueva incursión a nombre del morterense. En su edición del 24 de agosto de 2016, publicaba su historia bajo el título “Otra ‘andanza’ de quien intentó estafar a varias comunas”. En este caso, en referencia a las comunas de Suardi, San Guillermo y Moisés Ville, en el departamento San Cristóbal, donde se presentaba como un familiar directo del entonces gobernador Miguel Lifchitz.
La misma noticia cuenta que además se hacía pasar por el tesorero de la AdC (Asociación de Clubes de Básquet), a cargo del “Gringo” Andrés Pelussi y a sabiendas de la gran tradición basquetbolística de la zona, ofrecía plazas para el TNA (Torneo Nacional de Ascenso) a cambio de tentadores ofertas.
En ese caso fue el propio Pelussi quien contó la maniobra en la radio de donde es oriundo, Suardi, en la que narró incluso un capítulo en el que el estafador intentó hacer lo mismo con un club mendocino.
Además, se hace referencia a que utilizó el nombre de árbitros reconocidos en el ambiente basquetbolístico con el objetivo de arreglar partidos y para eso pedía el depósito de diversas sumas de dinero en una cuenta a nombre de una maestra cordobesa.
A ello habría que sumarle otros episodios, como por ejemplo uno ocurrido en 2017 en San Genaro, donde habría firmado una suspensión de juicio a prueba. Y uno más reciente en los tribunales de San Cristóbal, donde este año se hizo pasar por funcionario judicial en el marco de la detención de un médico; y al igual que con el caso de San Javier, contactó a la familia del acusado para pedirle plata.
Para dar con su paradero la justicia de Santa Fe ordenó allanar su domicilio de la ciudad de Morteros, donde este lunes efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del departamento Las Colonias, junto a policías cordobeses, detuvieron a la pareja que este miércoles será llevada ante un juez en los tribunales locales.