En la mañana de este jueves, el MPA avanzó con la imputación de funcionarias de la Dirección de Tierra y Vivienda que funciona en la órbita de la Secretaria de Planeamiento y Obras Públicas y Hábitat de la Municipalidad de Reconquista.
El fiscal Leandro Mai les atribuyó haber inducido tomas masivas de dos terrenos privados. Un tercer funcionario municipal no se presentó a la audiencia. Por ahora, seguirán en libertad.
En la mañana de este jueves, el MPA avanzó con la imputación de funcionarias de la Dirección de Tierra y Vivienda que funciona en la órbita de la Secretaria de Planeamiento y Obras Públicas y Hábitat de la Municipalidad de Reconquista.
El fiscal Leandro Mai, que investiga las violentas usurpaciones en lotes privados de esta ciudad por las que están siendo identificadas un total de 816 personas involucradas, imputó formalmente a Adriana Aranda y Haydée Vargas por dos hechos ilícitos por los cuales les endilgó la coautoría de los delitos de instigación a cometer delitos, usurpación en carácter de inductoras, usurpación de funciones correspondientes a otro cargo, incumplimiento de los deberes de funcionario público e inducción a la usurpación.
Por otra parte, un tercer funcionario público, líder del Movimiento Evita en el norte provincial y sindicado como coautor de hechos ilícitos que fue citado para ser imputado esta mañana adujo haber tenido contacto directo con un caso positivo de Covid y no se presentó en la sede de la Fiscalía. Por esta razón, será citado nuevamente. Asimismo, hay una cuarta persona investigada que será citada para ser imputada en los próximos días.
Instigación
“La investigación se inició a partir de una denuncia por usurpación que radicó el propietario del inmueble ubicado en calle 47 entre calle pasaje 74 y calle 76 que es propiedad de los sucesores de Orlando Luis Cian”, recordó Mai.
En la atribución delictiva realizada hoy, el fiscal Mai relató que “uno de los ilícitos que cometieron las imputadas fue entre las 8:30 y las 11:30 del jueves 10 de junio”. En tal sentido, detalló que “las dos mujeres investigadas –juntos con dos hombres– convocaron a un grupo de más de 200 personas para que se congreguen en inmediaciones del inmueble usurpado”.
De acuerdo a lo endilgado por el fiscal del MPA, “las imputadas instigaron a las personas que fueron al lugar a usurpar las tierras privadas de la familia Cian, y les indicaron con un plano del terreno privado donde asentarse ilegítimamente”.
“Las dos funcionarias públicas actuaron con pleno conocimiento de que dichas tierras eran de un particular”, argumentó Mai y agregó que “esas conductas provocaron que, aproximadamente a las 11:00 de ese jueves 10 de junio, se iniciara una usurpación masiva del inmueble”.
El fiscal señaló que “la víctima fue despojada del bien, en primer lugar, de forma clandestina, ya que no estaba en el lugar”. Asimismo, recordó que “estas personas –que fueron instigadas por las dos imputadas– también desplegaron un sin número de ataques a los agentes del Estado que trabajaron ese día en el lugar para intentar una solución pacífica del conflicto”.
Funciones
En relación al segundo ilícito atribuido a las imputadas, el fiscal explicó que “en su carácter de funcionarias públicas y en ocasión de su desempeño como integrantes de la dirección de Tierra y Vivienda de la secretaria de Planeamiento y Obras Públicas y Hábitat de la municipalidad de Reconquista, ejercieron funciones para las cuales no tienen competencia”.
“Se atribuyeron la competencia del Concejo Deliberante de Reconquista, ya que el jueves 3 de junio procedieron a afectar el espacio verde identificado como la Mitad Parte Oeste del Lote B de la Manzana H del Plano 89387/79 –inmueble del dominio público ubicado en el barrio Belgrano– para que 10 familias ocupen y tomen posesión ilegitima y clandestina de dicho espacio público como destinatarios de lotes sociales”, informó el fiscal.
Mai advirtió que “el accionar de las imputadas fue realizado sin que previamente el Concejo de Reconquista hubiera desafectado dicho inmueble para afectarlo al dominio privado”. En tal sentido, agregó que “las imputadas actuaron dolosamente en desmedro a lo que establece el juego armónico del artículo 39 inciso 19 de la Ley Orgánica de Municipios número 2.756 y la ordenanza número 8.324 y sus modificatorias”.
El fiscal concluyó que “las imputadas tampoco iniciaron ningún expediente ante el cuerpo deliberativo reconquistense con el objeto de realizar el trámite de desafectación y posterior adjudicación de lotes, ni ingresaron listado alguno con los nombres de las personas como eventuales y futuros destinatarios de lotes o viviendas”.
Evidencias
“Para realizar las imputaciones llevadas a cabo en la mañana de hoy, contamos con profusa evidencia que sustenta nuestra teoría del caso”, manifestó el fiscal.
El funcionario del MPA remarcó que “se ordenaron diversas diligencias desde que se radicó la denuncia” y sostuvo que “entre ellas, se destacan la gran cantidad de testimonios que recepcionamos de diversas personas, quienes dieron cuenta de lo ocurrido”.
“Todas las declaraciones fueron coincidentes y dan cuenta de que las mujeres imputadas esta mañana, efectivamente fueron las que convocaron a las personas a ir al predio de la víctima para usurparlo”, aseguró
Más imputados
“Las otras cuatro personas que son investigadas tienen entre 20 y 30 años y fueron imputadas días atrás”, aclaró el fiscal Mai. “De esas cuatro personas, dos hombres y una mujer quedaron en prisión preventiva por 45 días, mientras que para el cuarto imputado se dispusieron normas de conducta alternativas de la privación de la libertad”, explicó.
En relación a los imputados que quedaron en preventiva, son investigados como coautores de los delitos de portación de arma de guerra; abuso de arma de fuego; atentado contra la autoridad agravado (por ser a mano armada, por poner manos en la autoridad y por ser cometido por una reunión de más de tres personas) y daño calificado (por haber sido cometido a los fines de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones).
Por su parte, el imputado al que se le ordenaron medidas alternativas de la prisión preventiva se le atribuyó la coautoría de los delitos de atentado contra la autoridad agravado (por ser a mano armada, por poner manos en la autoridad y por ser cometido por una reunión de más de tres personas) y daño calificado (por haber sido cometido a los fines de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones).
“Utilizaron la violencia y atacaron a los agentes del Estado que trabajaron en el lugar para intentar llegar a una solución pacífica del lugar”, puntualizó e hizo hincapié en que “13 policías resultaron lesionados y fueron daños cinco móviles policiales y una motoniveladora de la municipalidad de Reconquista”.
Estado antijurídico
De acuerdo a lo informado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Reconquista, fue agendada para el próximo jueves a las 8:00 una audiencia que se denomina de cese del estado antijurídico.
Agencia Reconquista
“Tal como establece el Código Procesal Penal en el artículo 207, pedimos esta audiencia al Tribunal para que disponga provisionalmente las medidas que considere necesarias para que cese el estado antijurídico o se disminuya o evite que se agrave el daño producido por el hecho investigado”, argumentó el fiscal.
“Entendemos que se torna necesario y queda fuera de toda duda la necesidad de resolver con urgencia esta situación, particularmente en tanto estamos ante un ilícito que genera consecuencias inmediatas y que permanecen en el tiempo mientras dura el trámite de una causa”, finalizó Mai.