Una mujer de 40 años fue imputada ayer en el marco de un legajo penal que tramita en el MPA en el que es investigada por la venta de drogas en la ciudad de Santa Fe.
Sucedió en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes, en la que ya hay tres hombres presos.
Una mujer de 40 años fue imputada ayer en el marco de un legajo penal que tramita en el MPA en el que es investigada por la venta de drogas en la ciudad de Santa Fe.
La atribución delictiva a EECM fue llevada a cabo por el fiscal Agustín Nigro en una audiencia que se realizó en los tribunales de la capital provincial ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg.
A pedido de la defensa de la mujer, la audiencia de medidas cautelares fue agendada para mañana. El fiscal Nigro adelantó que solicitará la prisión preventiva de la mujer.
El funcionario del MPA recordó que "en esta misma investigación, tres hombres a los que se les endilgó el mismo delito quedaron en prisión preventiva la semana pasada".
Dos portones y dos inmuebles ubicados en inmediaciones de calle Cochabamba al 4.100 fueron derribados ayer en el marco de la investigación en la que quedaron en preventiva las cuatro personas.
Vigo explicó que "el derribo que llevó a cabo el Ministerio de Seguridad es producto del análisis criminal que venimos haciendo en el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y que luego es trabajado con los fiscales de toda la provincia".
"Siguiendo los criterios de priorización establecidos por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, venimos realizando un trabajo interagencial, en el que se seleccionan casos de microtráfico vinculados a las violencias altamente lesivas, se abordan determinados puntos de venta de droga y, en este caso, se terminó materializando en la recuperación de un espacio público que tiene un efecto simbólico muy importante", sostuvo el fiscal Diego Vigo, del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General del MPA.
En tal sentido, agregó que "este tipo de acciones es un aporte sustancial a la pacificación social y permite que los vecinos puedan recuperar cierta tranquilidad".
Vigo también explicó que "estas construcciones estaban en terrenos fiscales que pertenecen a la provincia de Santa Fe, eran absolutamente irregulares y tampoco contaban con las correspondientes autorizaciones municipales".