Indagaron a la dominicana acusada de explotar sexualmente a sus hijas

María Altagracia Henriquez Mota fue detenida el pasado martes en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de San Nicolás, en un operativo de la Policía Federal. Estaba prófuga desde mediados de 2019 y las autoridades habían ofrecido una recompensa de 3 millones de pesos para quien ayudara a capturarla. Está acusada de explotar sexualmente al menos a cinco mujeres, entre las que figuran dos de sus hijas. Ella fue indagada este viernes por el fiscal federal que tiene en sus manos la causa, el doctor Gustavo Onel.

Según trascendió, la imputada (que es de nacionalidad dominicana) pidió declarar en la audiencia y habló para negar todo vinculo con el negocio de la prostitución. Su defensa pidió la excarcelación, pero el funcionario del Ministerio Público Fiscal se opuso. Es que el grave delito por el que se la investiga y el hecho de haber esquivado a la Justicia tanto tiempo, hacen que sea elevado el riesgo de que vuelva a desaparecer.

El doctor Onel sostiene que María Altagracia era cómplice de un conocido proxeneta que ya fue condenado en 2021: José Luis Vega. Este hombre fue sentenciado a 5 años y medio, y enviado al penal de Marcos Paz, por "explotación económica del ejercicio de la prostitución, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas".

Para el fiscal, Henríquez Mota -junto con Vega- habría acogido a S.D.P. y A.M.M. (se reservan las identidades por tratarse de víctimas) en el prostíbulo que funcionaba en calle Alvear al 1300 de la ciudad de Rafaela, con la finalidad de explotarlas sexualmente, desde una fecha no precisada y hasta el 9 de mayo de 2018, cuando Gendarmería allanó el edificio.

El funcionario determinó también que lo mismo hizo María Altagracia con otras tres mujeres (P.R.H., Y.J.L. y A.R.H.) hasta el 25 de mayo de 2019, cuando se produjo un segundo allanamiento en el mismo local clandestino.

Residencia

Según se habría establecido, Vega era quien proporcionaba el domicilio para que las mujeres residan y ejerzan la prostitución. La mujer, por su parte, sería quien organizaba y administraba el local.

Durante el allanamiento de 2019 a la casa de calle Alvear los gendarmes incautaron preservativos con y sin uso, geles íntimos y documentación con anotaciones relacionadas a cifras diarias, gastos, deudas y referencias.

Para la Justicia, se habría demostrado que en ese domicilio, los acusados obtuvieron un porcentaje considerable del dinero recaudado como consecuencia de los "pases" realizados por las víctimas. La documentación encontrada comprobaría que las mujeres explotadas aportaban la mitad de lo que recibían por sus servicios. El valor de cada pase en aquel momento oscilaba entre los 400 y los 1.500 pesos.

La hipótesis de la fiscalía es que María Altagracia Henriquez Mota, al igual que Vega, se benefició económicamente de la explotación sexual de las mujeres, bajo la "fachada" de proporcionarles un sitio donde realizar sus actividades, dormir y alimentarse.