Pobladores de comunidades indígenas de la localidad quebradeña de Huacalera, se manifestaron hoy en la Ruta Nacional 9 contra una inmobiliaria que, según denuncian, puso a la venta de manera ilegal una fracción de más de 18 mil hectáreas en la zona.
Denuncia de comunidades indígenas
Insólito: investigan a una inmobiliaria por vender "un cerro" en Jujuy
Pobladores de la localidad quebradeña de Huacalera reclamaron por la venta ilegal de terrenos por parte de una reconocida comercializadora de bienes raíces. El Ministerio Público de la Acusación jujeño inició una investigación de oficio.
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Aseguran que se trata de tierras pertenecientes a comunidades indígenas kollas del lugar y piden la inmediata intervención por parte de las autoridades provinciales y nacionales, por lo que consideran un “atropello” a sus derechos territoriales.
“Hace un par de días nos dimos con la publicación que hace la inmobiliaria Re/Max respecto a que se vendía espacio físico de las comunidades en Huacalera, por 15 millones de dólares”, denunció Nepomuseno Valdiviezo, presidente de la Comunidad Aborigen El Molino, de Huacalera. Agregó que en torno a la fracción en venta, "casi un cerro entero", las comunidades afectadas cuentan con “los relevamientos territoriales y las carpetas técnicas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que los avala a ocupar los terrenos”.
Tras el reclamo realizado este miércoles por integrantes de pueblos originarios de la Quebrada en contra de una agencia inmobiliaria, la cual habría puesto en venta tierras pertenecientes a la comunidad, el Ministerio Público de la Acusación dio origen a una Investigación Penal Preparatoria (IPP). La misma está a cargo de Fernando Enrique Alancay, titular de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de la circunscripción Humahuaca del MPA.
Por otra parte, integrantes de Pueblo Indígenas de Huacalera realizaron este martes un reclamo en contra de una empresa inmobiliaria que puso en venta tierras que pertenecerían a esta comunidad. Por ello, el Agente Fiscal de inmediato dio inicio a la IPP y ordenó una serie de medidas.
Desde la Fiscalía se emitieron oficios a la empresa inmobiliaria, a la Dirección Provincial de Inmuebles y a la Secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia, solicitando a esta última información sobre el territorio de esta comunidad. Se ordenó que el miércoles se realice una inspección ocular, relevamiento fotográfico complementado con filmaciones aéreas que serán realizadas con un drone por agentes del Ministerio Público de la Acusación.
Con información de Télam
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