Un joven fue asesinado de un balazo en la cabeza a la salida de un boliche en la localidad cordobesa de Saldán y, a partir del testimonio de un familiar, se investiga si lo confundieron con un ladrón.
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Investigan el crimen de un joven a la salida de un boliche en Córdoba
La victima y su grupo de amigos fueron perseguidos por un automóvil, desde donde le dispararon con arma de fuego y uno de esos proyectiles le impactó en la cabeza.
Un familiar del joven fallecido dijo que “aparentemente lo acusaron de un robo del que no tenía nada que ver”. 17:04
El hecho ocurrió en la madrugada del sábado a la salida del local bailable Zona Latina, ubicado sobre avenida Latinoamérica en Saldán, localidad del departamento Colón, ubicada a 18 kilómetros de Córdoba Capital.
El fiscal a cargo de la investigación, Ernesto de Aragón, manifestó que “por circunstancias que estamos tratando de establecer, hubo algún tipo de enfrentamiento en la puerta del boliche y cuando el joven se fue del lugar, recibió un disparo. Estuvo grave hasta anoche que falleció”.
La víctima fue identificada como Julián Rivarola, de 23 años, y de acuerdo a lo que reconstruyeron los investigadores, el viernes por la noche salió a cenar con su hermano, además de la esposa de cada uno de ellos, para luego trasladarse en motocicletas hasta el boliche en cuestión.
En horas de la madrugada del sábado, se retiraron de lugar y fueron perseguidos por algunas personas en un automóvil, quienes le dispararon con arma de fuego y uno de esos proyectiles le impactó en la cabeza.
Rivarola fue trasladado primero a un centro asistencial más cercano y luego derivado al Hospital San Roque, donde finalmente falleció en la noche de este domingo.
El crimen podría tener relación con el robo de un celular dentro del local. De hecho, un familiar de la victima dijo que “aparentemente lo acusaron de un robo del que no tenía nada que ver”, que “a Julián lo habrían confundido” como la persona autora del ilícito.
“Lo siguieron y le dispararon”, señaló el pariente de la víctima.
El fiscal De Aragón ordenó una serie de trámites procesales para conseguir las cámaras de seguridad para tratar de establecer cómo ocurrieron los hechos y los responsables que, hasta el momento, no están identificados.
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