Tras el fallo del 1 de junio en el que el juez Jorge Patrizi otorgó la libertad a J.T. -el profesor de educación física del jardín Ceferino Namuncurá acusado de haber abusado de cinco alumnos- la Cámara de Apelaciones revisará la sentencia.
Fiscalía y querella realizaron el planteo ante el camarista Roberto Reyes, durante la apelación de la audiencia preliminar. "Estamos esperando el juicio para poder demostrar mi inocencia", declaró el docente.
Tras el fallo del 1 de junio en el que el juez Jorge Patrizi otorgó la libertad a J.T. -el profesor de educación física del jardín Ceferino Namuncurá acusado de haber abusado de cinco alumnos- la Cámara de Apelaciones revisará la sentencia.
Luego de que tanto la fiscalía y la querella, como la defensa, recurrieran múltiples puntos de la resolución de la audiencia preliminar -aquella en la que las partes presenten las pruebas que pretenden llevar a juicio y luego el juez decide si las admite o rechaza-, dentro de los cuales se encuentra la excarcelación del docente, este miércoles el camarista Roberto Reyes escuchó sus agravios.
Al finalizar las exposiciones, J.T. decidió declarar. Aseguró que siempre estuvo a disposición de la justicia y que "estamos esperando el juicio para poder demostrar mi inocencia" y así arribar a "la verdad". "Hace 27 años que doy clase, he tenido a cargo miles de chicos" y "jamás le falté el respeto a un alumno".
Los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi acusaron a J.T. por "abuso sexual gravemente ultrajante agravado" (cuatro hechos) y "abuso sexual simple agravado", y pretenden lograr una condena a 25 años de prisión. Apelaron varios puntos de la resolución del juez Patrizi, y durante la audiencia de cámara fueron reemplazados por el fiscal Jorge Nessier, debido a que se encuentran afectados a un juicio por femicidio en los tribunales de San Jorge.
En cuanto a la libertad del docente, la fiscalía discrepó con la valoración del riesgo de fuga realizada por el magistrado, quien sostuvo que como la defensa pretende lograr la absolución esto "neutralizaría, por lo menos durante el debate, la ideación de fuga". Para Nessier esta "argumentación es errónea, -y- contrapuesta a precedentes incluso del propio magistrado".
En esa línea, en cuanto al riesgo de entorpecimiento probatorio, el juez "equivoca el razonamiento" al señalar que no ha sucedido nada que perturbara a los familiares de las víctimas, ya que J.T. en ese momento se encontraba preso. "Se trata de ver lo que puede pasar con el imputado en libertad", sostuvo el fiscal. Además, sí han existido "actitudes y procedimientos de parte de autoridades del establecimiento educativo que dificultaron, y directamente impidieron en algunos casos, el acceso a información de trascendencia", algo que "sólo pudo beneficiar al acusado".
El fiscal también se refirió a la falta de arraigo, tras lo cual solicitó que se revoque la decisión de otorgarle la libertad al docente, que actualmente está bajo medidas alternativas a la prisión preventiva, para que así espere el juicio tras las rejas. La querellante Carolina Walker Torres adhirió al planteo fiscal.
El defensor Marcos Barceló sostuvo que su cliente "siempre estuvo ajustado a derecho" y que ni él ni su familia se contactaron con los denunciantes. Indicó que J.T. es hijo único y tiene a su cargo a sus padres, ambos mayores de 80 años, y que sí posee arraigo: vive con su familia en una vivienda alquilada (luego de que su hogar fuera vandalizado) y aún posee sus puestos de trabajo, aunque no ejerce por encontrarse con carpeta psiquiátrica.
El juez Patrizi admitió 118 testigos para el juicio. De estos, 62 son exclusivos de la defensa, 12 de fiscalía y querella y 39 comunes a todas las partes. Además, 5 serán introducidos a través de la reproducción de las cámaras Gesell.
Uno de los puntos que apeló la fiscalía es la "sobreabundancia" de testigos de la defensa que acudirán al juicio a hablar sobre cuestiones que no están controvertidas, teniendo en cuenta que "lo que se viene aprobar a un juicio es aquello que es objeto de controversia".
Se trata de 27 testigos de concepto, 11 padres y madres de exalumnos, y 21 docentes y auxiliares del jardín Ceferino Namuncurá (no incluye a las maestras de las víctimas y a los directivos, que serán testigos comunes a todas las partes). La querella manifestó que opinaba igual que la fiscalía, pero que no apeló esto porque le interesa poder contrainterrogar a estas personas.
Para la defensa todos son importantes para su teoría del caso. De hecho, había propuesto más de 60 testigos de concepto que fueron reducidos a 27 por el juez Patrizi, por lo que también apeló esa parte de la resolución, sólo que con el objetivo de que le permitan sumar más declaraciones al juicio.
Se discutió la decisión de Patrizi de ordenar el secuestro de un dispositivo que podría contener los registros de las cámaras de seguridad del jardín. El defensor realizó una comparación entre este caso y lo debatido en el juicio a Darío Céspedes -el maestro de música del jardín San Roque recientemente condenado- al sostener que la fiscalía recién solicitó los videos al jardín Ceferino Namuncurá 15 días después de que se radicaran las denuncias contra J.T.
Si bien en ese momento el técnico explicó que las imágenes se superponían cada 3 días, cuando Barceló se comunicó con él le señaló que se podría rescatar alguna información a través de una pericia. La fiscalía se opuso a esta medida, y el defensor insistió en la necesidad de su realización.
El fiscal Nessier también se opuso a que durante el juicio se lleve a cabo una inspección judicial del jardín, solicitada por la defensa, al sostener que resulta innecesaria, porque ya se cuenta con filmaciones, fotos, croquis y planimetrías del establecimiento educativo.
Después de más de dos horas de audiencia, las partes terminaron con sus agravios y el camarista Roberto Reyes pasó la carpeta a resolución.