Controversias por la excarcelación del docente del jardín Ceferino Namuncurá

El miércoles se dispuso la excarcelación del profesor de educación física del jardín Ceferino Namuncurá (barrio Yapeyú), acusado de haber abusado sexualmente de 5 alumnas. Esto surgió de la resolución de la audiencia preliminar que, según adelantaron a El Litoral, será apelada tanto por la fiscalía y la querella como por la defensa.

El juez Jorge Patrizi estuvo a cargo de la preliminar -que es la instancia en la que las partes del proceso presentan las evidencias con las que esperan contar en el juicio-, en el marco de la cual los abogados de J.T. solicitaron su excarcelación. Esto fue concedido por el magistrado, que consideró que los riesgos procesales "pueden ser cubiertos con la imposición de medidas alternativas". Como una caución real por el valor de 20 millones de pesos, la cual será solventada con un inmueble.

Los defensores Macarena Olivera y Marcos Barceló señalaron que están tramitando la liberación de J.T., para la cual necesitan contar con un informe del Registro de la Propiedad que demorará aproximadamente una semana en estar listo. Con la presentación de ese documento, el docente estaría en condiciones de recuperar su libertad y aguardar el juicio junto a su familia, "sin desmedro del resultado final, ya que el estado de libertad es la norma que debería imperar en el actual régimen jurídico y la restricción de la misma una excepción", señalaron los abogados.

"Vergonzoso y clasista"

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) señalaron que apelarán la decisión del juez. "La posición de la fiscalía es que es una vergüenza", tras lo cual lo compararon con el caso de un reconocido empresario santafesino condenado por abuso sexual infantil al que también se le permitió aguardar el juicio en libertad. "Lamentablemente, son los mismos fundamentos con los que dejan presas a personas pobres", indicaron.

Los querellantes Carolina Walker Torres y Juan Lewis, representantes de una de las familias denunciantes, también apelarán el fallo. Tras ser consultada por El Litoral, la profesional señaló: "Consideramos que la resolución es contradictoria, porque por un lado el juez manifiesta que no hay peligros procesales, sin embargo cautela el proceso con una suma millonaria". Tal monto -20 millones de pesos- sorprendió a las partes, "muy pocas veces he visto que fijaran una suma tan elevada".

Para ejemplificar, se refirió a otra causa en la que también interviene: el femicidio de Claudia González, ejecutada en septiembre de 2021 por su ex -el policía Iván Jesús Leguizamón- en la ruta 90 cerca de Elortondo. La Cámara de Apelaciones ordenó la liberación de dos policías imputados -como partícipes secundarios-, tras lo cual la jueza Silvina Marinucci impuso una serie de restricciones. "Nosotros como querellantes solicitamos una fianza de 12 millones, pero la jueza consideró que imponer una fianza -o caución- tan alta impediría el acceso a la justicia de un montón de personas que no están en la condiciones económicas para cubrir ese monto".

"En cambio acá parece que la persona que tiene recursos económicos tiene más derecho que otra a la hora de acceder al beneficio de la libertad provisional", sostuvo la abogada. Esto "claramente transforma esta resolución en discriminatoria y clasista, además de considerar que es violatoria de tratados y convenciones internacionales que obligan al Estado a tener un estándar mayor de protección hacia los niños, niñas y adolescentes".

"En este caso tenemos 5 niñas víctimas, además de familias sumamente vulnerables", recordó. Por ello "en los próximos días vamos a interponer la apelación contra esta resolución".

Pruebas rechazadas y otra apelación

Si bien la excarcelación del docente generó gran sorpresa, este es sólo uno de los quince puntos con los que cuenta la resolución del juez Patrizi. Admitió la acusación presentada por los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi, así como las calificaciones legales seleccionadas (cuatro hechos de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado" y un "abuso sexual simple agravado") y la pena solicitada: 25 años de prisión. Resolvió de igual modo en cuanto a la acusación de la querella.

Admitió, también, las declaraciones de 91 testigos. De estos, 35 son exclusivos de la defensa, 12 de fiscalía y querella y 39 comunes a todas las partes. Además, 5 serán introducidos a través de la reproducción de las cámaras Gesell realizadas a las menores.

El juez ordenó el secuestro del disco rígido del jardín Ceferino Namuncurá "donde se registran las imágenes de las cámaras de video vigilancia y su posterior análisis por personal técnico de la AIC", habilitando también en testimonio del personal que realice dicha medida para que asista al juicio.

Rechazó, en cambio, algunas medidas solicitadas por la defensa. Entre estas, que se realicen pericias psiquiátricas a madres denunciantes, que se lleve a juicio la recopilación de firmas a favor de J.T. realizada a través de la plataforma change.org, pericias a celulares y algunas testimoniales.

Es por esto que, según adelantó la Dra. Olivera, la defensa también recurrirá el fallo. "Vamos a apelar todo lo que no nos dieron porque lo consideramos pruebas fundamentales", y también "nos vamos a preparar para contestar el pedido de fiscalía y querella de que J.T. quede en prisión preventiva hasta el juicio".