Venado Tuerto: narcos procesados e intervención del gobierno para evitar reincidencias

Por Juan Franco

Con la firma del juez federal Aurelio Cuello Murúa, el 24 de mayo el Juzgado Federal de Venado Tuerto dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Valeria Judith Docampo y su pareja Diego Manuel Alberto Ludueña como autores de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercio (el expediente se inició con una denuncia en un Buzón de la Vida), en el marco de un caso que adquirió amplia notoriedad desde que el intendente Leonel Chiarella expuso a la mujer con nombre y apellido en su discurso de inauguración del período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal el 10 de marzo último: “… Delincuentes como Valeria Docampo, que tiene prisión domiciliaria, pero sigue vendiendo drogas en el (barrio) Alejandro Gutiérrez”, expresó.

También determinó el magistrado el procesamiento sin prisión preventiva de Micaela Ayelén Docampo -hija de Valeria- como autora del delito de tenencia simple de estupefacientes y, en cambio, declaró la falta de mérito de Rodrigo Emanuel Docampo, también hijo de la imputada.

Sin embargo, en el punto más llamativo, en referencia a la Intendencia, el Concejo y la Dirección Provincial de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, manifiesta que “deberán informar en un plazo de 60 días qué acciones positivas concretas han tomado en relación al grupo familiar de Valeria Docampo y/o en el barrio donde reside su familia, y qué medidas tomarán en el futuro a los fines de lograr la institucionalización de la zona”.

Así, Cuello Murúa introduce consideraciones sociales, en línea con encíclicas papales, y que 10 meses atrás pusiera en palabras el venadense arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, cuando advirtió que “se necesita una mejora sustancial en las condiciones de vida para reducir la violencia, tarea ésta que corresponde principalmente a la política, que es la encargada de gestionar los asuntos para el bien común, es decir, para generar las condiciones de una vida segura y en paz".

En este mismo sentido se inscribe el reciente pronunciamiento, ratificando que así como se abre paso la “perspectiva de género” en el tratamiento y las decisiones judiciales, también hay causas, como ésta, que ameritan un “enfoque social”. Incluso en ocasión de otros expedientes en trámite por hechos similares que involucran a la principal imputada ante el mismo juzgado, ya se había alertado sobre la “compleja situación familiar y social que atravesaba su grupo conviviente”. Y en simultáneo con el procesamiento por el presunto comercio de droga en su vivienda, desde el Juzgado Federal se libró comunicación a los mencionados órganos estatales para que “adopten las medidas que correspondan en el ámbito de sus competencias…”.

Cabe destacar que esta resolución quedó firme, ya que ni Fiscalía ni las defensas la cuestionaron, y en consecuencia no está sujeta a la revisión de la Cámara Federal de Rosario.

Ausencia estatal

Más allá de la responsabilidad penal que les corresponda, en la resolución se advierte la situación de Valeria Docampo, que a pesar de haber sido “condenada por tráfico de estupefacientes, y encontrándose en trámite otro juicio por idénticas conductas, permaneció en arresto domiciliario cometiendo nuevamente las mismas maniobras, sin ningún tipo de control al respecto…”, como también alude a la “delicada y preocupante situación de Rodrigo Docampo, alojado en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil de Rosario, sitio desde el cual requería a sus familiares (tanto su madre, como sus hermanas, una de ellas de 15 años) que le ingresaran estupefacientes, pastillas, alcohol y teléfonos (…) y que era precisamente en ese mismo lugar donde ingería tales sustancias, incluso con conocimiento de las personas que estaban encargadas de su custodia”.

Con estas descripciones, Cuello Murúa grafica la “extrema y gravísima situación social y familiar existente, agravada por la ausencia del Estado, tanto en el control de la prisión domiciliaria de Valeria Docampo, como en el debido contralor de Rodrigo Docampo (…)” y adelanta su decisión de instar a la intervención de áreas ejecutivas (municipales y provinciales) “a los fines de que adopten las medidas que correspondan en el ámbito de sus competencias e investiguen la posible responsabilidad del Estado o de las personas involucradas”.

Más aún, el juez consideró “imprescindible que los distintos actores contribuyan en el ámbito de sus competencias a abordar en forma integral el conflicto social, familiar y barrial” y sostuvo ante Sur24 que “el ejercicio del poder punitivo no basta por sí solo, sino que se requiere de un nuevo enfoque, de una perspectiva social en el tratamiento de estas problemáticas, que se multiplican en todo el país, para poder hallar una solución al conflicto con la ley”.

Lorenzetti dixit

Cuello Murúa subrayó que analizando -tan solo un año después- la situación procesal de las mismas personas (Valeria, Rodrigo y Micaela Docampo), por el mismo tipo de delitos y en el mismo domicilio, revisten particular actualidad las palabras pronunciadas por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en el Encuentro Nacional de la Justicia Federal realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) el pasado 12 de mayo, cuando destacó que “debe hacerse un diseño de una política que sea integral, sistémica y permanente, lo que significa en primer lugar que no se puede solucionar la delincuencia y el narcotráfico sin un ataque de todas las causas al mismo tiempo, y entonces lo primero que se necesita es institucionalizar los barrios, ya que la experiencia indica que, muchas veces, al poco tiempo de allanar una vivienda, actuando con las fuerzas de seguridad, vuelve el delito al mismo lugar”, sugiriendo una intervención directa a través de los gobiernos locales y/u organizaciones religiosas.

Respuesta oficial

La directora de Desarrollo Humano local, Natalia Bravo, ante la consulta de Sur24, explicó que aun antes de recibir en estos días la notificación del Juzgado Federal, “según nos pidió el intendente Leonel Chiarella, ya veníamos trabajando la situación social de este grupo familiar, en cuanto a los niños y algunas necesidades específicas, sobre lo cual íbamos informando al juzgado. Y ahora, dada esta última resolución, en la que se nos plantea contemplar algunas acciones para una atención integral del conflicto social y familiar, estamos dedicados a elaborar las estrategias para definir cómo continuar”. Además, Bravo contó que ya se había comunicado con la responsable regional del Área de Niñez, Adolescencia y Familia provincial, Melina Lanza, a los efectos de “trabajar en conjunto” y adelantó que “ya estamos evaluando cuáles son las instituciones existentes en el barrio y cuáles podrían colaborar con este fin”.