"Silvina pudo salir del círculo de violencia y tuvo respuesta del sistema judicial, pero esto no alcanzó", señaló el abogado Ignacio Alfonso Garrone durante su alegato de clausura, en el juicio que se sigue contra un mecánico por diversos hechos de violencia de género contra su ex pareja. "Hablar tiene sus costos para toda mujer", y este caso no fue la excepción.
Miguel Alejandro Palacios (41) conocerá el mediodía de este viernes el veredicto del juez Sergio Carraro, quien preside el debate en su contra. La fiscal Milagros Parodi y los abogados querellantes Ignacio Alfonso Garrone y Clara Vázquez pretenden que se lo condene a 5 años de prisión por los delitos de "desobediencia de mandato judicial" -en seis oportunidades-, "amenazas simples" -en cuatro- y "lesiones leves dolosas agravadas" en perjuicio de la madre de sus dos hijas.
Además, solicitaron que a esa pena se le sumen los 3 años de prisión en suspenso que le fueron impuestos en un juicio abreviado en agosto de 2020 (condenado por hechos de violencia de género contra la misma víctima), y se lo sentencie a una pena unificada de 8 años.
El defensor particular César Rojas pidió la absolución de su cliente, e hizo hincapié en la falta de testigos en los delitos endilgados a Palacios. Previo al fin de la audiencia, el acusado decidió declarar. Dijo que su madre estaba muy angustiada por la cobertura del caso, le pidió disculpas a la fiscal Parodi "si alguna vez me exalté en una audiencia" y aseguró: "Yo no soy Feruglio (el cuádruple femicida santafesino), no maté a nadie; -en cuanto a- lo demás, yo no hice nada".
"Obsesión"
"Palacios creía que Silvina era de su propiedad, y que como tal no tenía derecho a tener una vida fuera de él. Tal obsesión lo llevó a cometer los 7 hechos por los que está acusado, los cuales debo decir que se han acreditado con certeza", manifestó la querella al iniciar su alegato.
La mujer fue víctima de violencia de género durante años, y cuando logró tramitar una medida de exclusión del hogar y denunciar las agresiones, debió "enfrentarse a estereotipos de género y a la falta de capacitación del personal policial, lo que claramente constituye nuevas reiteraciones de la violencia de género ya en su faz institucional".
"Hablar tiene sus costos para toda mujer, y en este caso particular para Silvina", que al denunciar entró en un derrotero burocrático con una policía que no la supo acompañar ni le dio "importancia a su denuncia, utilizando frases como 'son cosas de pareja' y 'está despechada'".
Sin embargo y a pesar de que no le fue fácil, "Silvina pudo salir del círculo de violencia y tuvo respuesta del sistema judicial, pero esto no alcanzó". Palacios fue condenado a 3 años de prisión en suspenso, recuperó su libertad y reincidió al otro día. Afortunadamente "fue frenado a tiempo, porque la violencia iba en escalada", volvieron a detenerlo y llegó a juicio en prisión preventiva.
Utilizó siempre la misma modalidad, "aprovechándose de una mujer sola" la acechaba en su casa, se presentaba allí a los gritos y permanecía durante horas, la llamaba infinidad de veces, la amenazaba y hasta llegó a tomarla del cuello. Siempre en horas de la noche y la madrugada, "contando en casos con la ignorancia, inoperancia o complicidad del personal policial" al que ella acudía. Por esto, la querella señaló la necesidad de que se capacite a las fuerzas de seguridad en cuestiones de género.
La fiscal Milagros Parodi hizo un repaso pormenorizado de los siete hechos que llevó a juicio y al "contexto de violencia por razón de género", a los que consideró probados a lo largo del debate. Porque "estos hechos no son aislados ni esporádicos, sino que necesariamente son una sucesión que se prolonga en el tiempo".
En sus alegatos, aportó especial valor al testimonio de Silvina "que deviene como la prueba cargosa principal, destacándose su persistencia y la coherencia en la declaración, sin ambigüedades, sin contenciones, sin fisuras y con corroboración periférica de carácter objetivo".
En cuanto a la justificación de que Palacios actuó como lo hizo porque quería ver a sus hijas, la funcionaria destacó que "él sabía que no debía acercarse y que tenía otros medios para resolver el conflicto con relación a las hijas -como acudir a los Tribunales de Familia- pero decidió obrar de manera agresiva, desobedeciendo las mandas judiciales". A Silvina "la enloquecía de noche y durante la madrugada" con un acoso constante, y "contactarse con las hijas, cuando eran las 2 de la mañana, no deja de ser solamente un pretexto".
El defensor negó la autoría y la existencia de cada uno de los delitos, resaltó que Palacios cuando infringió la ley "se hizo cargo y firmó un juicio abreviado" en 2020, y señaló la falta de testigos en los hechos. Además, se refirió a que la víctima manifestó que es ella la que se hace -y siempre se hizo- "cargo de la criaturas" y por eso disponía de cuándo podía ver a su padre (olvidándose de mencionar que la mujer expresó su preocupación por el alcoholismo de Palacios y su accionar violento).
"Así como me parece correcto que bueno sería capacitar al personal policial en relación a los estereotipos y la perspectiva, también hay que capacitar a las denunciantes que cuando hay hijos y no hay una orden judicial que lo prohiba, el cuidado personal no es exclusivo", comentó el Dr. Rojas, tras lo cual solicitó la absolución de culpa y cargo de Palacios.
Tanto la fiscalía como la querella contestaron que "es una obligación de todo profesional, incluso de la defensa, ejercer con perspectiva de género". Alfonso Garrone, visiblemente indignado, manifestó: "El colmo de esa cuestión es que se solicite que se capacite a una denunciante. Faltaba la alienación parental y era el súmmum de los estereotipos patriarcales y machistas".
Mentiras
"Entiendo que mentir no puede ser gratis, y menos en estos casos", señaló el querellante Ignacio Alfonso Garrone. Por eso, solicitó que "se recomiende al MPA la iniciación de una investigación por falso testimonio" a dos testigos de la defensa que declararon en contra de la víctima.
Ley Micaela
La querella también solicitó que "se recomiende al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe a capacitación en materia de género, Ley Micaela mediante, a todo el personal que integra las comisarías dentro de la Unidad Regional 1 en la recepción de denuncias, instancia de la acción penal y acompañamiento en caso que concurra una mujer que ha sufrido violencia de género".