La Justicia Federal confirmó el procesamiento de “Cachiporri” Nudel y de seis personas más en el marco de la causa por cultivo y organización para el tráfico de estupefacientes.
Así lo resolvió la Cámara Federal de Rosario. La causa conocida como “vivero narco” tomó trascendencia pública en febrero, tras el allanamiento del predio.
La Justicia Federal confirmó el procesamiento de “Cachiporri” Nudel y de seis personas más en el marco de la causa por cultivo y organización para el tráfico de estupefacientes.
El allanamiento en febrero de un campo en Arroyo Leyes donde había una plantación de cannabis y la detención de Nudel -entonces líder de la facción “La Negrada” de la barrabrava del Club Colón- hicieron que la causa tomara gran trascendencia pública.
La investigación comandada por el fiscal Walter Rodríguez y los fiscales coadyuvantes Diego Orzuza Kock y Milagros Traverso, de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, tiene a siete personas procesadas. Dicha medida fue dispuesta por el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa, quien también ordenó que todos quedaran en prisión preventiva.
Esa resolución, dictada el 1 de marzo de 2024, fue apelada por los defensores de Nudel, Romeo Díaz Duarte y Esteban Yossen, y los representantes de los otros seis procesados, Néstor y Sebastián Oroño. La Cámara Federal de Rosario intervino, y el 9 de diciembre confirmó los procesamientos con votos de los jueces Aníbal Pineda y Silvina Andalaf Casiello.
Gabriel Alberto “Cachiporri” Nudel fue procesado por los delitos de “organización del tráfico de estupefacientes”, “cultivo de plantas aptas para producir estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada”, “tenencia de arma de fuego de uso civil y de guerra”, y “desapoderamiento ilegítimo de energía eléctrica”. Este último delito, debido a que el pedido de Arroyo Leyes estaba “colgado de la luz”.
Tomás Benítez, Napoleón Cardo, Osvaldo Ernesto Ceresole -abogado-, Gastón Celestino Persoglia, Adrián César Poncio Nerbutti y Mauricio José Zambón fueron procesados por los delitos de “cultivo de plantas aptas para producir estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada”, “tenencia de arma de fuego de uso civil y de guerra” y “desapoderamiento ilegítimo de energía eléctrica”.
El 13 de febrero de este año, la Policía Federal realizó un operativo en un campo ubicado a la altura del kilómetro 19 de la Ruta Provincial 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes, donde encontró una gran plantación de cannabis. Se contabilizaron unas 1.500 plantas, con un sistema de riego e iluminación para su cuidado.
No fue el único lugar allanado en el marco de la causa. Los uniformados se presentaron en el domicilio particular de “Cachiporri”, también en Arroyo Leyes, y en varios inmuebles de la ciudad de Santa Fe, incluyendo un galpón frente al Hospital Italiano donde hallaron un invernadero con centenares de plantines de marihuana.
Entre los elementos secuestrados hay armas de fuego de uso civil y de guerra, municiones, insumos para el cultivo, balanzas, celulares, dinero en moneda local y extranjera, vehículos, cocaína y marihuana.
El 1 de marzo el juez federal Cuello Murúa dispuso el procesamiento de los siete detenidos, y su prisión preventiva. También trabó embargos en los bienes de todos, ascendiendo el monto a 25 millones de pesos en el caso de Nudel.
La decisión fue apelada por las defensas, y confirmada recientemente por la Cámara Federal rosarina. “Los imputados se valían de una estructura criminal con alto grado organizativo para el desarrollo de las actividades ilícitas descriptas. Es así que contaban con divisiones de tareas y responsabilidades para el logro del objetivo final jurídicamente reprochable”, sostiene la resolución.
“La causa se encuentra en plena etapa de instrucción, restando aún efectuar una serie de medidas probatorias en pos del esclarecimiento de los hechos, lo que podría arrojar conclusiones sobre esta organización criminal”.
Respecto a las prisiones preventivas, la Cámara Federal de Rosario sostuvo que la peligrosidad procesal de los imputados no puede analizarse “con una mirada exclusivamente teórica, abstracta y alejada de la realidad donde se producen los hechos y donde tendrá efecto esta sentencia”.
Sobre todo, teniendo en cuenta que Argentina posee un extenso territorio, “donde claramente el narcomenudeo y la violencia que genera no se manifiestan de igual forma en todas las ciudades de nuestro país y no genera los mismos delitos conexos (homicidios, extorsiones, balaceras, pago de protección, entre otros)”.
“Teniendo en cuenta estos datos debemos considerar los efectos inmediatos que tiene en la sociedad (en el barrio donde habita) la libertad de estos imputados de narcotráfico, sobre quienes existen pruebas importantes que acreditan su posible comisión de delitos graves. No puede dejar de advertirse que, sin lugar a dudas, el narcotráfico es la madre de delitos que se originan producto de la avidez de este tipo de delincuentes por perpetuar o mantener esa empresa criminal”.
Los jueces consideraron la gravedad de los delitos investigados, la importante cantidad y tipo de droga que fue secuestrada, el elevado monto de dinero hallado y la “solidez” de la prueba reunida hasta el momento. Así, confirmaron los procesamientos y resolvieron mantener las prisiones preventivas de los siete involucrados.
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