Tres personas oriundas de San Rafael, Mendoza, fueron condenadas por la justicia santafesina por haber conformado una banda de ciberdelincuentes que estafó a una editorial jurídica de Santa Fe.
Hay siete personas identificadas, de las cuales tres ya fueron condenadas. La maniobra delictiva se produjo entre junio y agosto del año pasado.
Tres personas oriundas de San Rafael, Mendoza, fueron condenadas por la justicia santafesina por haber conformado una banda de ciberdelincuentes que estafó a una editorial jurídica de Santa Fe.
En total, son siete los integrantes de la asociación ilícita que está en el centro de la investigación dirigida por el fiscal Agustín Nigro. La causa inició a raíz de la denuncia radicada por la gerenta general de la firma Rubinzal y Asociados S.A., debido a una millonaria estafa.
Según pudo establecer la justicia santafesina, la organización criminal funcionó entre junio y agosto del año pasado. “Su objetivo era cometer defraudaciones en perjuicio de clientes bancarios”, explicó el fiscal.
Los ciberdelincuentes obtenían las credenciales de acceso al homebanking de las víctimas, hacían un uso no autorizado de ellas y simulaban identidades, concretaban desplazamientos patrimoniales y, finalmente, disimulaban el origen ilícito de esos bienes.
La estafa a la editorial jurídica santafesina fue cometida el miércoles 21 de junio de 2023. Los ciberdelincuentes lograron instalar un malware en una de las computadoras de la empresa.
Los malwares son “software maliciosos”, según su traducción del inglés. Se trata de programas que pueden utilizarse para obtener información privada de otros a través de sus dispositivos.
Con la instalación de ese malware, la banda logró hacerse con las credenciales de acceso al homebanking de una cuenta bancaria de la empresa. Así, simuló ser una de las personas autorizadas para su uso y ordenó la ejecución de 37 transferencias por un total de $ 11.100.000.
Del total de las transferencias, 13 fueron recibidas por Federico Gastón González, por un total de $ 3.900.000; y otras 10 fueron a una cuenta de titularidad de Alberto de Jesús Morel Sosa, por un total de $ 3.000.000. Ambos fueron condenados.
“Una vez que tuvieron el dinero en cuentas de su titularidad, lo transfirieron a cuentas virtuales de un proveedor de servicios de pago”, informó el fiscal Nigro, y agregó que “utilizaron el exchange BITSO, convirtieron gran parte de los pesos sustraídos a la empresa en criptoactivos con el objetivo de ponerlo a circular en el mercado y disimular su origen ilícito”.
Luego, transfirieron las criptomonedas a quienes son señalados como los organizadores de la banda criminal, R.M. y R.D., quienes aún no han sido detenidos. Para la fiscalía, se trata de quienes distribuyeron los roles y tuvieron a su cargo la maniobra de ataque a las computadoras de la empresa.
González y Morel Sosa fueron condenados por el juez Leandro Lazzarini como miembros de “asociación ilícita” y coautores del delito de “estafas”. Firmaron juicios abreviados que comprendieron la imposición de 3 años de prisión en suspenso y de una serie de reglas de conducta.
La otra condenada fue María Teresa del Carmen García, como miembro de la organización, también a 3 años de prisión en suspenso. Se ocupó de reclutar a González, Morel Sosa y a otra mujer de iniciales B.S., coordinando su actividad de recepción de fondos y conversión de activos, verificando las operaciones que estos realizaban y comunicando esto a los organizadores de la banda criminal.
B.S. será convocada a la sede de la fiscalía para imputarla, debido a que tiene un hijo en edad de lactancia.
Además, hay un hombre con pedido de captura vigente, de iniciales A.G.B., quien habría cumplido el mismo rol que García en la asociación ilícita.
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