Libertad y domiciliaria para madre e hija imputadas por extorsión y maltrato animal
Investigadas inicialmente por el hurto de un celular, y el pedido de $ 20.000 a su dueño, se sospecha que tenían un criadero clandestino.
Libertad y domiciliaria para madre e hija imputadas por extorsión y maltrato animal
Lunes 20.9.2021
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Última actualización 17:06
Dos mujeres investigadas por extorsionar a un abogado santafesino, a las que además les encontraron casi un centenar de animales en pésimas condiciones en su casa de barrio Yapeyú, acordaron este lunes la libertad bajo alternativas -en el caso de la madre-, y la prisión preventiva domiciliaria -para la hija-. Esta última declaró y se desligó de los hechos.
La medida fue ordenada por el juez penal Nicolás Falkenberg, a pedido de las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos Bárbara Ilera y María Laura Urquiza, quienes el pasado viernes imputaron a María de las Mercedes (48) y -su hija- Leisa Natalia Carrizo (24). Se les atribuyeron los delitos de "infracción a la Ley N° 14.346 de malos tratos y actos de crueldad a los animales" y "hurto", respectivamente, así como la coautoría de la "extorsión" en perjuicio de un abogado.
En la realizada este lunes por la mañana las funcionarias y el abogado defensor Martín Peón acordaron que Carrizo madre recuperara la libertad bajo una serie de reglas de conducta (entre ellas una medida de distancia respecto del abogado y de los animales secuestrados en su hogar). Como la veinteañera tiene una hija de 1 año y medio, las partes convinieron que se le otorgará el beneficio de la prisión domiciliaria cuando haya disponibilidad de una pulsera electrónica para poder monitorearla.
La joven declaró que no existió extorsión, sino el reclamo del dinero que el abogado le había prometido para pagar la manutención de su hija no reconocida.
Relación previa
Un abogado penalista se presentó en la fiscalía la mañana del miércoles 15 denunciando que estaba siendo víctima de una extorsión, ya que le habían sustraído el celular y le solicitaban $ 20.000 para devolvérselo. Dijo conocer a quién le había sacado el aparato, y aportó su nombre: Leisa Carrizo.
Ese día el letrado se había reunido con la hoy imputada para trasladarse hasta un local del norte de la ciudad, donde realizarían la compra de un par de zapatillas. Se conocían desde hacía tiempo, y mantenían cierta relación, en la que él le pagaba por sexo.
Las cámaras de seguridad de la Av. Aristóbulo Del Valle los registraron a los dos a bordo de la moto de ella, así como el momento exacto en el que la mujer le pidió el celular, él se lo dio y bajó del vehículo, y ella se alejó del lugar sin devolvérselo.
Mientras el abogado relataba los pormenores de la situación a las Dras. Ilera y Urquiza, recibió una nueva llamada extorsiva, que las funcionarias no sólo escucharon sino que lograron grabar. Era María Carrizo, madre de Leisa, que le volvía a exigir el dinero y le confirmaba que tenía en su poder el teléfono.
Primeramente se barajó la posibilidad de realizar una "entrega controlada", pero se terminó llevando a cabo un allanamiento en la casa de Teniente Loza al 6.800 donde se encontraban las mujeres. El personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue en busca del celular, y al arribar se llevó una sorpresa: había cerca de cien animales encerrados y en malas condiciones.
En total, había 70 perros (34 caniche, 13 pug, 13 bulldog francés, 8 dachshund, 1 pinscher y 1 shih tzu), 7 gatos y 18 aves (13 loros australianos, 1 cardenal copete rojo y 4 cocotillas). Se solicitó la presencia del médico veterinario policial, quien constató que "los animales estaban sin las condiciones sanitarias acordes para su cría: hacinados y enjaulados, con materia fecal y orina en el piso, en un espacio reducido, con las paredes, techos y pisos sin acondicionar y sin bebederos, sin comederos y sin canaletas de desagües de deyecciones".
Se investiga si allí funcionaba un criadero clandestino. Mientras tanto, los animales permanecen a cargo del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), como depósito judicial.
Antecedentes
La menor de las imputadas cumplió una condena de 3 años efectivos en el fuero provincial, mientras que su madre firmó recientemente una suspensión de juicio a prueba en el ámbito de la justicia federal.