Juliano Salierno
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Familiares y allegados a los imputados repartieron volantes con consignas en contra de la política de derechos humanos de la Nación.
Juliano Salierno
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Con aplausos y al grito de “Viva la patria” los represores entraron esta mañana al edificio del Tribunal Oral de Santa Fe. A las 10 estaba previsto el inicio del juicio oral y público denominado “La casita”, en referencia a un centro de detención clandestino que funcionó en la ciudad de Santo Tomé, pero que a ciencia cierta nunca se pudo determinar su ubicación.
“Tenemos visitantes parece...” soltó uno de los militantes de la Agrupación Hijos, que entre banderas y pancartas, practicó el habitual “aguante” por calle Primera Junta, frente a la entrada principal del edificio.
Veinte metros al sur, por calle San Jerónimo, una decena de personas que entregaba volantes, ocupaba las escalinatas del acceso secundario, por donde la fuerzas de seguridad habitualmente hace entrar a los presos.
Bajo la consigna “8.000 verdades, 22.000 mentiras”, por primera vez desde que comenzaron los juicios de lesa humanidad en la capital santafesina, un grupo de manifestantes expresó su repudio a la política de derechos humanos instaurada por el gobierno nacional y con vigencia en la actualidad.
El afiche, que está firmado por la Unión de Promociones Santa Fe/Paraná y por la ONG La Otra Campana, recogió el guante de los criticados comentarios del ex carapintada y director de Aduanas del PRO, Juan José Gómez Centurión, quien el último domingo en un programa de televisión rechazó la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura militar. A la consigna se sumó la delegación local de la AfaVitA (Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del terrorismo en Argentina).
Sin sorpresas
“No es la primera vez que funcionarios de un gobierno democrático justifican o pretenden justificar el terrorismo de Estado o tratan de relativizar la memoria, la verdad y la justicia, esas banderas que se han convertido ya en un emblema del pueblo argentino”, dijo Juan Feresín, contra los dichos del funcionario nacional.
El militante de la Agrupación Hijos, querellante en el juicio por la desaparición y muerte de su padre Emilio Osvaldo Feresín, ocurrida en marzo de 1977, contextualizó la protesta local en ese marco nacional, avalado por un DNU que “pretendió borrar los feriados del 24 de Marzo, el 2 de Abril y el 20 de Junio, todas fechas que nos tocan muy de cerca sobre todo en las dos primeras, porque lo que hacen en definitiva es tratar de borrar la historia de lucha por la independencia y por la construcción justa de una Nación para todos los argentinos”.
En ese sentido, Feresín, que será testigo en el juicio el próximo 16 de febrero, se mostró preocupado de “que haya un intento de retomar un proyecto de Nación que se emparenta con ése que quiso imponer a sangre y fuego la dictadura; porque en definitiva el punto de contacto está muy claro y tiene que ver con el modelo económico que está aplicando este gobierno, con la diferencia no menor, que este gobierno ha llegado por intermedio de los votos”.
Final anunciado
En la vereda de enfrente, el abogado penalista Guillermo Morales, hijo del militar Domingo Morales, condenado el año pasado en el marco de un juicio por la apropiación de una hija de desaparecidos, habló con los medios y sostuvo que “consideramos que estos juicios están mal hechos”.
Ése y otros motivos los llevaron a salir a la calle y expresar públicamente tal desacuerdo. La decisión se debió a que “los medios no nos estaban escuchando. Hasta el año pasado estaba todo como muy sometido a lo que era el gobierno kirchnerista, desde hace 12 años que se vienen fogueando estos juicios mal llamados de lesa humanidad y es como que nosotros no teníamos la oportunidad de decir lo que estaba pasando realmente en este tipo de juicios”.
Morales recordó también que “este tipo de juicios comenzaron en 2003 y como lo dijo el juez Ricardo Lorenzetti desde la Corte de Justicia de la Nación es una política de Estado. Con lo cual cuando una causa ya se la denomina de lesa humanidad, se le pone un sello rojo en la carátula, se le está diciendo a las personas que vayan a tocar esa causa que tiene un tratamiento especial, diferente al tratamiento de cualquier otra causa penal, y si el presidete de la Corte dice que es una política de Estado, entonces ya sabemos que esto va a terminar en una condena”.
La casita
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces rosarinos Omar Digerónimo -presidente-, Beatriz Barabani y Ricardo Moisés Vázquez, abrió hoy el debate por los secuestros y torturas de 13 personas que pasaron por el centro clandestino de detención “La Casita”, y el homicidio del responsable zonal de Montoneros, Emilio Feresin.
Entre los imputados se encuentran el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; el ex comisario de la Seccional 4°, Ricardo Silvio Ferreyra; el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la Policía provincial, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo; la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi; y el entonces secretario del Juzgado Federal de Santa Fe y luego juez Víctor Hermes Brusa.
Según difundió la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, entre las víctimas se encuentra Emilio Osvaldo Feresin, quien fue secuestrado el 10 de febrero de 1977 y muerto, un mes después, por las torturas padecidas durante su cautiverio en “La casita”. También, figuran otras 12 personas 11 mujeres y un hombre, secuestradas y luego torturadas en la Comisaría 4ª, la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y en “La casita”.
Actuará el fiscal general ante el TOCF de Santa Fe, Martín Suárez Faisal. La abogada Nadia Schujman actuarán por la querella, en representación del hijo y de la primera esposa de Emilio Feresin, respectivamente.