El mecánico de Vera fue imputado por abuso sexual de menores

Juliano Salierno
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El fiscal en feria de la ciudad de Vera, Martín Gauna Chapero, imputó ayer a Carlos Alberto Díaz, un mecánico de 43 años, que este lunes por la madrugada fue sorprendido infraganti mientras abusaba de una nena de 8 años.

En la audiencia celebrada el miércoles por la mañana, el representante del Ministerio Público de la Acusación le atribuyó al detenido los delitos de “abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, por la calidad de guardador y haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo”.

Además, imputó a Díaz por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” en perjuicio de la hermana mayor de la nena, una sobrina de 18 años que, una vez que vio a su tío tras las rejas, se animó a denunciar los abusos vividos desde que tenía 11 años. La joven radicó la denuncia en el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual, donde contó que la última vez que la violó fue el sábado 14 de enero, a las seis de la tarde, en la casa de su tía.

En tal sentido, el fiscal Gauna Chapero también le atribuyó la misma calificación que en el caso de la hermanita menor, aunque con la particularidad de que los abusos fueron “reiterados” a lo largo de 7 años. Por último, lo responsabilizó por el delito de “corrupción de menores agravado”.

Entorno familiar

Con ese panorama, Díaz enfrentará mañana la audiencia en la que tendrá tratamiento la medida cautelar, y para la cual el fiscal adelantó que pedirá la prisión preventiva sin plazos al juez Mauricio Martelossi, que dirige la investigación penal preparatoria.

Díaz llegó ayer a la Oficina de Gestión Judicial de Vera, trasladado desde la Alcaidía de la Unidad Regional XIX, con el rostro visiblemente golpeado. Por ese hecho, el defensor oficial Martín Ignacio Cáceres, le solicitó el martes al fiscal la apertura de una investigación por las lesiones sufridas en el ámbito de custodia. Según se cree, Díaz habría sido recibido con una golpiza por los internos de la Alcaidía, por lo que se solicitó que se lo resguarde de futuras agresiones y se lo mantenga aislado.

En cuanto a la audiencia de ayer, el juez Martelossi restringió el ingreso a la sala de personas ajenas al hecho, aunque con excepción de los familiares directos de los involucrados que no aparezcan como denunciantes en la causa. Así fue que entre el público presente estuvieron la esposa de Díaz, uno de sus hijos de 20 años, la novia de éste último y la cuñada del acusado.

La referencia al entorno familiar es inevitable en cuanto que los abusos sexuales se producen en un marco de promiscuidad infrecuente, donde Díaz, que trabajaba como mecánico, convivía y mantenía relaciones íntimas en simultáneo con tres hermanas, entre ellas su esposa.

Producto de esa relación poligámica algunos de los niños que crecen en ese entorno y que llevan el apellido de sus madres, también serían hijos de él, según referenciaron los testigos.

Convivencia

Los hechos investigados transcurren en un predio ubicado en calle 9 de Julio y pasaje Bonacci, donde funciona un taller mecánico. En el mismo sitio hay una vivienda principal, donde vive la mayor parte de la familia; y otras dos casas precarias ocupadas por otros miembros de su entorno.

El lunes a las 00.50 uno de los miembros de la familia llamó al Comando Radioléctrico para denunciar que en el garaje de la casa, dentro de un VW Bora azul Díaz estaba violando a la nena. Los policías, que llegaron al lugar al instante, atraparon al abusador cuando consumaba el acto. Mientras dos uniformados lo redujeron y esposaron, el resto arropó a la niña y la trasladó al hospital, junto con su hermana mayor y su madre.

Dada la cantidad de menores en riesgo que viven en ese ámbito, el fiscal Gauna Chapero solicitó la intervención de la Delegación Vera de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, para que brinde la asistencia y contención necesaria. Actualmente, las víctimas y su madre fueron separadas del entorno familiar, ahora hostil, y puestas a resguardo.

Asimismo se ordenó la realización de un informe ambiental y se le dio participación al Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Vera para el asesoramiento técnico a las víctimas y sus familias.