Giro en la causa por el abuso y embarazo a una niña de 12 años de Garibaldi

Un nuevo dato fue dado a conocer en el marco de la causa que investigó los abusos sexuales a una niña de 12 años oriunda de Garibaldi, que a principios de año accedió a la interrupción legal de un embarazo (ILE).

Los resultados de las pericias realizadas fueron contundentes respecto a que su padre no fue el responsable del embarazo, sino que el estado de gravidez fue producto de los abusos cometidos por un hermano de la niña, quien es menor de edad e inimputable.

Fuentes cercanas a la investigación informaron que lo surgido de los estudios de ADN no les resultó sorpresivo. Si bien durante la entrevista en cámara Gesell la niña responsabilizó a su padre por el embarazo, luego logró contar a los profesionales de la Secretaría de Niñez que no sólo fue abusada por su progenitor, sino que también fue sometida por su hermano, un menor de 14 años.

Sostuvo que su padre la abusaba cuando vivían en el campo, y que su hermano lo había presenciado. “Aprendió a violarla después de haber visto cómo lo hacía el padre”, explicaron. Como su madre no le creyó, la niña mantuvo en secreto los abusos de su hermano hasta que no pudo más. En marzo fue retirada de su hogar y se encuentra en un centro residencial bajo la tutela del Estado.

Por todo esto los resultados de ADN eran “esperables” y no tuvieron injerencia sobre la acusación presentada contra Gustavo A. (en prisión preventiva), la cual se sostiene y, de hecho, fue ampliada. Resta la realización de la audiencia preliminar, tras lo cual se agendará el debate. La fiscal Alejandra Del Río Ayala solicitará en juicio que se lo condene a 16 años de prisión.

Develamiento

La investigación por abuso inició el 19 de diciembre pasado en la fiscalía de San Jorge, por una cuestión jurisdiccional. Recién el 2 de enero fue asignada a la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de Santa Fe, que ordenó la inmediata detención de Gustavo A. (43), quien se había mudado a Recreo para trabajar en una chanchería.

Durante la audiencia de medidas cautelares, la fiscal Del Río Ayala señaló que los abusos atribuidos al hombre comenzaron cuando su hija tenía 10 años y continuaron hasta finales de junio de 2022, cuando junto a su madre y sus hermanos huyó de la casa familiar.

A finales de noviembre la mujer notó que los pies de su hija estaban hinchados y la llevó al centro de salud. Esto, sumado a la presión alta, motivó que realizaran estudios para descartar alguna afección renal. Como la nena estaba sana, el 19 de diciembre le realizaron un test de embarazo, que dio positivo.

El sorpresivo resultado llevó a que la menor le contara a su madre y a las profesionales que había sido violada por su padre, quien la amenazaba para procurar su silencio. Él aprovechaba los momentos en los que enviaba a su esposa a buscar leña y se quedaba solo con su hija, para someterla. La mujer hizo la denuncia ese mismo día.

Asistieron a un efector de salud en Rafaela, donde la niña manifestó ante los profesionales que “no lo quiero tener”, y su madre firmó el consentimiento para la ILE. Pero antes de que acudieran al turno en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, fueron captadas por la ONG Grávida y trasladadas hasta una de sus sedes en Santa Fe, desde donde fueron retiradas por la policía. Esto motivó que se abriera una investigación sobre la asociación.

Medida de excepción

Ya bajo la tutela del Estado, la niña confirmó su deseo de interrumpir el embarazo y volvió a responsabilizar a su padre. Luego del procedimiento, se tomaron las muestras que fueron remitidas a un laboratorio para el análisis de ADN.

Los recientes resultados confirmaron que el abuso que derivó en el embarazo no fue cometido por el padre, sino por un hermano, lo que no fue sorpresivo ya que en marzo la niña había manifestado que no había sido sometida sólo por su progenitor.

Actualmente, la situación de la menor es compleja. Tras la realización de la ILE, la Secretaría de la Niñez asignó un acompañante personalizado en la casa de la familia. Tras el develamiento de que también fue abusada por su hermano, se dispuso una medida de excepción para retirarle la tenencia a su madre. La mujer no sólo estaba a cargo de la niña (a quien no le creía), sino también de su hermano adolescente, que debido a su corta edad no puede ser juzgado por los abusos.

Primero se intentó que la chica se mudara con una familia de su comunidad, ya que no hay familiares que puedan recibirla, pero esto no funcionó. Entonces, fue alojada en un centro residencial, donde continúa hasta la actualidad.