A un mes del crimen de Vanesa

Pablo Benito
sucesos@ellitoral.com

Fue el 15 de febrero cuando Juan Ramón Cano (30) abordaba por la espalda a la “seño” Vanesa Castillo y con 13 puñaladas apagaba la vida de una mujer íntegra y luchadora que, a diario, recorría 100 km, desde su Santa Rosa natal hacia el frente de un aula en la escuela Victoriano Montes de Alto Verde. El esfuerzo de esa docente tenía una meta inspirada en su hija de 12 años y que ambas esperaban contando los días que faltaban: titularizar el 27 de febrero y obtener su tan ansiada estabilidad laboral.

Primer momento

En una improvisada conferencia de prensa, a escasas horas de lo ocurrido, Rolando Galfrascoli, secretario de Seguridad provincial y Oscar Di Paolo, secretario de Educación, tomaron posturas absolutamente distintas en torno al crimen. Mientras el funcionario de Educación aseguraba que “no tenemos registro de denuncias en la escuela 533 de Alto Verde”, su par de Seguridad enfatizaba la necesidad de “reconstruir la historia de la víctima y del victimario para develar la verdad de los hechos” para luego ratificar que “no hay motivos para pensar en un robo como móvil del asesinato”.

Di Paolo faltaba a la verdad. Sí se había realizado una denuncia en la escuela donde se produjo la ejecución de la maestra. Se trataba de una situación de un abuso a una chiquita de 12 años que se encontraba en su octavo mes de embarazo. Consecuencia de la revelación de la adolescente a su maestra. Quien activó el protocolo y declaró ante la Justicia, en diciembre pasado, era la propia Vanesa Castillo.

La inexactitud de las primeras palabras del funcionario llevó la investigación hacia la falsa hipótesis del robo seguido de muerte y deslindaba responsabilidades de la institución escolar. Aportes de prueba de la propia familia y las compañeras de Vanesa, y el estado público que tomaron éstas, desmintieron al funcionario y dieron un giro a la causa. El fiscal Andrés Marchi centró sus interrogantes en la exposición de Vanesa ante la comunidad como causante de la detención de un vecino acusado de violar, en reiteradas ocasiones, a la menor en el seno de una familia que no quiso o no pudo darse cuenta de las transformaciones visibles en el cuerpo de la pequeña.

Lo que Galfrascoli presentó con la humildad de la ignorancia de lo ocurrido, en la tarde del 15 de febrero, Di Paolo lo barría negando el dato fundamental.

No fue un robo

Al momento de ser abordada por Cano, Vanesa llevaba consigo $ 8.800 recaudados en su actividad de venta de bijouterí a la que debió recurrir para compensar su situación económica, además de sus 4 tarjetas de débito y crédito, auriculares y cargador de su celular (aunque el celular, misteriosamente, desapareció de la cadena de custodia de la prueba) y sus anteojos de sol recetados, entre otras prendas de valor por la que el agresor no demostró interés. Tampoco la moto interesó al matador.

Sin embargo dos testigos que se presentaron “espontáneamente” plantaron la hipótesis del robo y, posteriormente, la imputación del Ministerio Público de la Acusación, apuntó a la ira del asesino ante la negativa de su víctima de “comprarle unas Crocs y llevarlo en moto hasta la canchita”. Cano, según los testigos, “estaba en la puerta de la escuela con intenciones de robar”. Esa primera versión de los hechos surtió efecto. Los medios locales y nacionales tomaron la hipótesis planteada del robo como la real historia de lo sucedido a escaso metros de donde en los últimos días de noviembre, una chiquita temblorosa y una panza que le pesaba la vida, confesó a Vanesa que había sido violada en su hogar por un integrante de la familia. En un extraño juicio abreviado, se detuvo al hermanastro de la niña, se le dictó la prisión preventiva y se “acordó” la pena de 13 años para el imputado. En 15 días se cerró la investigación y la chiquita, protegida por Vanesa, volvió al hogar en donde había sido ultrajada sistemáticamente. En las últimas semanas y raíz de las investigaciones periodísticas, el Ministerio Público de la Acusación pidió realizar el ADN para determinar la paternidad del recién nacido consecuencia del abuso. Existen dudas, de la Unidad de Género del MPA, sobre la autoría del ultraje a la menor.

Los testigos

Actuaciones preliminares en sede de la comisaría 4ta, llevaron a dos hermanos oriundos de Alto Verde- a presentarse, a sí mismos, como los “únicos testigos presenciales” de los hechos. Ambos declaran, de manera coincidente, que cuando “venían de pescar”, advirtieron que frente a su casa, en la vereda de la escuela, se encontraba Juan Cano, alias “Chacho”, a quien conocían por su historial, por ser vecino y porque “era de andar robando”. Ambos relatan que Cano ofrece, a varias maestras, un par de “Gomones” (ojotas con agujeros arriba) para que se los compren”, antes de hacer lo mismo con Vanesa.

Ninguna de las maestras, en su declaración testimonial, ratifica aquella versión. Posteriormente, los hermanos que prestan su testimonio, relatan el abordaje de Cano hacia Castillo: “...de la escuela sale una maestra con una moto grande, Chacho se le acercó y le ofreció los gomones y ella le dijo que no. Al rato escuché que él le pidió a esta maestra si lo podía llevar hasta la canchita y ella le dijo que no, ahí lo veo que él se le lanzó sobre la moto, se le subió atrás, la abrazó con el brazo izquierdo del cuello y con la derecha le iba dando chuzazos. Habrá hecho media cuadra y ella chocó contra una montaña de tierra”.

Al ser preguntados, los hermanos, a que distancia estaban del lugar en que Cano atacó a Vanesa, manifiestan que “a unos 50 metros”

¿Cómo hicieron para escuchar el diálogo entre el asesino y su víctima a una distancia como la que decían encontrarse del hecho? La posibilidad de oír algo, humanamente audible, no podría darles la certeza, con certeza indubitable, del pedido de Cano y la negativa de Vanesa. Estos testigos declaran que deciden enfrentar al agresor pero que éste “les tiraba puntazos con lo que nos tuvimos que alejar de él”. Agregan, que varios obreros intentaron detener a Cano pero se alejaron por el mismo motivo.

Lo obreros que declaran, niegan la versión de los hermanos y agregan un testimonio escalofriante: “con mis compañeros le sacamos el casco, se lo cortamos ya que pedía auxilio, la dimos vuelta y le sacamos la moto de encima... Luego se acerca nuestro encargado de la obra y nos dice que no la movamos y que salgamos del lugar, por lo que nos retiramos a comer en la oficina del obrador” (Sic).

El celular que desapareció

El teléfono personal que llevaba Vanesa, desapareció. De todos los elementos incautados, incluido cargador y auricular de su móvil, el celular nunca apareció. Ni en el lugar del hecho, ni en la casa rastrillada de Cano. El elemento más importante para la causa, que podría haberse peritado para determinar las comunicaciones previas de la víctima, se esfumó de la escena del crimen. Hasta el momento el fiscal Andrés Marchi, omitió oficiar a la empresa telefónica el pedido de las llamadas y SMS entrantes y salientes del número correspondiente a Vanesa. De todos modos la “pérdida” del equipo impide acceder al historial de Whatsapp que era el medio con el que se comunicaba Vanesa mayormente.

No debían estar ahí

Ni el asesino, ni su víctima tendrían que haberse encontrado en el mediodía de aquel jueves. Cano debería haber estado preso por sus innumerables delitos cometidos con increíble insistencia, en los últimos años. Vanesa no tendría que haber concurrido a la escuela en donde, hacía dos meses, había rescatado a una alumna de 12 años de una situación de abuso intrafamiliar que se visibilizó con un embarazo que se quiso ocultar fajando el vientre de la pequeña y recurriendo a certificados médicos, obtenidos en el dispensario del lugar, que daban cuenta de una “dolencia de columna” con la que se justificaban las faltas.

El “sistema” liberó a Cano y dejó expuesta a Castillo.

En las horas posteriores al crimen se sostuvo una hipótesis falsa en que también “el sistema” actuó para simular su falla por nombrarlo de alguna manera.

Próximos pasos

Los fiscales, Dr. Andrés Marchi y Dra. Mariela Giménez, citarán en las próximas horas al Secretario General de Amsafe, José Testoni, al Secretario de Educación, Oscar Di Paolo, a la supervisora de las escuelas primarias de la Costa, Patricia Ceschi y al titular de la Regional IV, Juan Cruz Giménez, en la línea de investigación que pretende determinar las responsabilidades institucionales con respecto a la cobertura brindada a Vanesa Castillo en virtud de las competencias de los funcionarios y directivos del área educativa.

Debió estar tras las rejas

Ni Juan Ramón Cano debió estar en libertad el 15 de febrero pasado, ni Vanesa Castillo debería haber asistido a la misma escuela en la que, meses antes, había protagonizado una denuncia de abuso infantil que terminaría con su responsable entre rejas.

Cano, en una década de actividad delictiva había acumulado 17 delitos por los que había sido detenido, oportunamente. De ellos 5 eran tentativas de homicidio, 6 robos a mano armada y 6 delitos sexuales siendo el último cometido en el Hospital Mira y López en junio pasado cuando intentó abusar de una paciente en el interior de un baño del nosocomio. La tentativa de homicidio fue investigada por el fiscal Roberto Apullán, quien, a pesar del prontuario de Cano, omitió pedir la prisión preventiva del mismo. No obstante, meses después, el 9 de octubre de 2017 fue nuevamente detenido por “portación de arma de uso prohibido, resistencia a la autoridad calificada y lesiones a un menor”. En este caso fue la fiscal, Dra. Barbara Ilera, quien omitió, nuevamente, la detención preventiva del asesino de Vanesa.