El ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia contra Marcelo Bailaque, titular del juzgado federal 4 de Rosario y subrogante del juzgado federal 2 de Santa Fe, por “actos constitutivos de faltas disciplinarias vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia”.
Denuncia ante el Consejo de la Magistratura
El ministro Sain pidió suspender y enjuiciar a un juez federal
El titular de la cartera de Seguridad de Santa Fe acusa al magistrado por impedir que se detenga a una prófuga y devolver un auto, en casos vinculados al narcotráfico en esta ciudad y en Rosario.
Manuel Alberto Fabatía 11:19
Sostiene el funcionario provincial que “se verifican motivos serios y suficientes para tener por acreditada la causal de mal desempeño del magistrado, por haber mediado al menos la ‘realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones’ y ‘negligencia grave en el ejercicio del cargo’ que causaron un ‘grave perjuicio a los intereses generales de la sociedad y a la administración de justicia”.
Sain solicita a la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura la apertura del proceso de remoción de Bailaque y ordene su suspensión, “y en su caso, formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento”.
En las consideraciones preliminares, Sain recuerda que fiscales federales de Rosario involucraron al magistrado cuestionado por su lentitud en casos de narcocriminalidad, y que en febrero de 2013 “un diputado nacional” (Sain no lo identifica) lo denunció a raíz de los cuestionamientos de los fiscales federales Juan Patricio Murray y Federico Solari.
Reseña falta de medidas procesales requeridas en causas contra el narcotráfico e incluso alguna contribución a la “périda de pruebas”, en el marco del “crecimiento exponencial de las redes de narcotráfico, la feudalización del territorio por parte de las mismas, la feudalización de las cajas recaudatorias de las agencia de seguridad estatal y el grado de corrupción existente en todos los poderes del Estado”.
El escrito de Sain refiere a una dilación y posterior denegación de Bailaque, en respuesta a un pedido del fiscal federal Walter Rodríguez, para allanar el 22 de junio de este año la vivienda de Crespo 7951 de la ciudad de Santa Fe. Allí, según seguimiento policial, se encontraba Lorena Melgarejo, prófuga en la causa abierta tras la caída de una avioneta con drogas en la zona de Reconquista, en febrero de este año.
Para el ministro santafesino, la acción del juez “acarreó consecuencias gravísimas con un severo perjuicio al servicio de justicia, ya que su comportamiento fue determinante para la continuidad de la evasión de una imputada, señalada como responsable de haber intervenido en un suceso ligado a una organización narco criminal que traficaba sustancias estupefacientes desde la República del Paraguay a nuestro país”.
Más adelante Sain alude al caso de Carlos Ascaini. El juez le devolvió a éste y a Carina Leguizamón un Audi A4. Ascaini había sido procesado por el propio Bailaque por tenencia y comercialización de estupefacientes; la Cámara Federal de Rosario advirtió que el vehículo había sido utilizado para la actividad ilícita.
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