Mujer imputada por realizar una amenaza de bomba a una escuela

Redacción de El Litoral

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Una mujer de 36 años fue imputada por la fiscal María Laura Urquiza como autora del delito de intimidación pública. La mujer cuyas iniciales son PIA llamó por teléfono a la escuela de Enseñanza Media número 220 Ricardo Foster de la localidad de San Jerónimo Norte (departamento Las Colonias) y dijo que había una bomba que explotaría a las dos horas.

La atribución delictiva efectuada por la fiscal del MPA se realizó en una audiencia imputativa celebrada ayer al mediodía, en los tribunales de la capital provincial ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg.

Una bomba en la escuela

El hecho que investiga la fiscal Urquiza ocurrió el jueves de la semana pasada, minutos antes de las 14. “La secretaria de la institución educativa atendió un llamado telefónico en el que escuchó una voz disfrazada que le dijo ‘hay una bomba en el establecimiento, va a explotar en dos horas’. Luego, cortó súbitamente”, relató la fiscal.

“Esto infundió temor en los alumnos, docentes y personal de la escuela, y generó la activación de los protocolos de evacuación. Se cortó el tránsito y se llamó a los Bomberos Zapadores de la Unidad Regional XI, quienes concurrieron al lugar junto con las autoridades de prevención y ambulancias médicas”, explicó la funcionaria del MPA.

Casos en Santa Fe

Por otra parte, en la ciudad de Santa Fe ya se esclarecieron 14 hechos de intimidación pública similares al ocurrido la semana pasada en la escuela de San Jerónimo Norte. El MPA junto a la Policía de Investigación (PDI) trabajaron en los casos ocurridos en las oficinas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y en las oficinas comerciales de la empresa Cablevisión, en los que fueron imputadas personas mayores de edad, respectivamente. Además, en los casos de las escuelas Sara Faisal, Almirante Brown, Nuestra Señora del Calvario, Juana del Pino y La Salle Jobson, en los que fueron identificados como autores menores de edad.

En la mayoría de los casos, se realizaba un llamado (desde un teléfono celular, fijo o público) al servicio 911. En circunstancias en las que se identificó como autores de los llamados a menores de entre 13 y 15 años, se dio intervención a la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. Por su parte, en los casos en los que los autores de los llamados fueron menores de entre 16 y 17 años, se dio intervención a la Justicia de Menores.