Nuevo allanamiento en la casa de una abogada

Redacción de El Litoral

Un estudio jurídico perteneciente a una abogada de 43 años de la ciudad de Esperanza fue allanado por segunda vez en el mes, en busca de documentación por una causa de “estafas reiteradas”. La medida solicitada por la fiscal de Las Colonias, María Laura Urquiza, no sólo permitió el secuestro de la documental, sino que a su vez derivó en el hallazgo de una escopeta de caza, que se suma a las tres armas de fuego de puño incautadas hace dos semanas.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Las Colonias allanó este jueves por la mañana la vivienda de calle Avellaneda al 1900, donde funciona la casa de familia, un estudio jurídico y una empresa dedicada al control de plagas.

El procedimiento se produjo a raíz de nuevas denuncias, que se sumaron a la investigación iniciada a principios de año y por la cual el mismo domicilio fue allanado el viernes 8 de junio.

Cédulas truchas

Se trata de una causa por presuntas estafas a clientes, que señalan a la profesional como la principal responsable. Según se cree, la abogada confeccionaba cédulas truchas, pero utilizando documentación de juzgados y firmas y sellos de jueces reales y del más amplio espectro.

La maniobra delictiva que se investiga radica en la captación de clientes, a los que la profesional, identificada como María Fernanda S., les cobraba los gastos de inicio de un reclamo legal, cuyos montos oscilaban entre los $ 10.000 y $ 15.000, pero que no realizaba. En su lugar, confeccionaba documentación falsa que entregaba a sus clientes para que luego de un tiempo, se presentaran ante el banco para cobrar depósitos inexistentes.

En el primer allanamiento la fiscalía ordenó el secuestro de ficheros, talonarios, pen drives, carpetas, documentos y expedientes y se identificó a la mujer por los delitos de “estafas reiteradas, falsificación de documentos públicos y privados y tenencia de armas”.

Además de la investigación por estafas, a la abogada María Fernanda S. y su esposo Gustavo Z., se les inició causa penal por el delito de “tenencia indebida de arma de guerra y de uso civil”, tras el hallazgo de un revólver calibre 32, otro calibre 38 y una pistola calibre 22.