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El papa Francisco apartó de la función de priora del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen a la ex madre superiora de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Luisa Toledo, investigada por ejercer privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre a religiosas e internas que viven en ese convento entrerriano.
El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, le informó hoy a la Justicia de Nogoyá la decisión del Papa, y señaló en un comunicado que "para mayor cuidado de su salud", la religiosa imputada permanece hace más de una semana en la provincia de Chaco.
Toledo, que ingresó en 1991 al convento que dirigió durante una década como la madre superiora "María Luisa", se encuentra ubicada en el Monasterio "Cristo Jesús y la Inmaculada Carmen" de Carmelitas Descalzas dependiente de la Diócesis de San Roque de Presidente Roque Sáenz Peña, en Chaco.
Previamente, la monja había sido trasladada al convento de Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá, donde convivió con monjas Terciarias Misioneras Franciscanas.
La religiosa fue apartada de su cargo en el convento entrerriano el 15 de septiembre pasado tras negarse a declarar ante el juez de Garantías y Transición de Nogoyá, Gustavo Acosta, y el fiscal Federico Uriburu, a cargo de la causa, pero los abogados defensores de Toledo negaban la medida ya que "la Justicia provincial no tiene la facultad para intervenir", sino que era "el fuero federal".
La causa, iniciada el 25 de agosto de este año y caratulada como privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre, está esperando la resolución de la Cámara de Casación Penal de Paraná.
Toledo fue acusada por las ex Carmelitas, que estuvieron entre 10 y 25 años en ese convento, detallaron "la forma de vida dentro" en los claustros y "ciertas actitudes de superiores", además de confirmar el uso de cilicios, mordazas y látigos.
El allanamiento motivado por una denuncia periodística se realizó durante la madrugada y mañana del jueves 25 de agosto en el Monasterio ubicado en calle Illia 918 de Nogoyá, donde se hallaron elementos de tortura y autoflagelación como látigos y cilicios.
Al intentar ingresar las autoridades, la superiora del lugar "resistió el ingreso de los funcionarios judiciales y policías que tras unos minutos lograron forzar la puerta", mientras que al ingresar, "no hubo necesidad de revisar cada cuarto porque se aportaron en forma voluntaria una cantidad de cilicios y látigos, pequeñas fustas de unos 40 centímetros", detalló el fiscal Uriburu.
La decisión de imputar a la superiora religiosa la tomó Uriburu junto a la procuradora general adjunta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Goyeneche, y al fiscal coordinador de la jurisdicción, Dardo Tórtul, tras analizar los elementos secuestrados y "todas las pruebas y declaraciones tomadas", entre ellas las de José Bonín, párroco de la basílica Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá.
El sacerdote declaró que una de las ex carmelitas apareció en su iglesia a pedir ayuda, luego de escapar del convento gracias "al jardinero, que destrabó la puerta del patio para que pueda salir a la calle".