Las pericias judiciales realizadas por ingenieros de la empresa GIE tras la tragedia de Rosario determinaron que la explosión era evitable "de haberse seguido los procedimientos legales", y establecieron que el regulador de gas del edificio "fue desacoplado y estaba la válvula de bloque abierta", lo que permitió la fuga del fluido en gran volumen.
"El caso ha sido un acontecimiento trágico, lamentable y luctuoso por la pérdida de vidas humanas, ya que de haberse seguido los procedimientos legales y de haberse cumplido con las normas de seguridad el siniestro no se habría producido", concluye el informe pericial agregado a la causa judicial.
El informe, solicitado por el segundo juez de los tres que tuvo la investigación, Javier Beltramone -luego recusado-, está firmado por los ingenieros Janine Booman, Jeremías De Bona, Aníbal Márquez y José Luis Otegui, técnicos de la empresa marplatense GIE.
Según la investigación judicial, el consorcio del edificio de calle Salta 2141 había decidido cambiar el regulador de gas, que es el que recibe el fluido desde la red exterior y lo redistribuye a cada uno de los departamentos del inmueble.
La pericia estableció "como evidencia física incuestionable" que "el gabinete de regulación tenía removido el regulador".
De esa manera, "la fuente de provisión de gas natural para producir la explosión fue la cañería interna de media presión en la conexión inmediata con el regulador", continúa.
"Para que el flujo de gas de media presión pudiera proveer la cantidad necesaria" para la explosión, "era indispensable que la válvula de bloqueo interna del gabinete de regulación estuviera abierta", sostiene el informe.
Aunque la pericia no lo señala, la responsabilidad por ese hecho recae en el gasista Osvaldo García, quien manipuló el equipo la mañana del 6 de agosto del año pasado, cuando se produjo el siniestro, y alcanzó a escapar antes de la explosión junto con su ayudante, Pablo Miño.
García es uno de los once procesados por estrago culposo en la causa que investiga el siniestro en el que murieron 22 personas y unas 60 resultaron heridas.
La pericia recuerda que las normas relativas al servicio de gas natural establecen que las reparaciones en el gabinete de regulación son "responsabilidad del propietario" y que deben ser efectuadas "por un instalador matriculado porque es la persona que está capacitada".
No obstante, la Justicia rosarina también procesó a tres inspectores de la concesionaria Litoral Gas, a un jefe de mantenimiento y a la gerenta técnica, por cuanto consideró que los primeros no realizaron las inspecciones de acuerdo a las normas vigentes, y los jerárquicos realizaron un control insuficiente de las tareas de sus subordinados.
(Télam)
Once procesados por estrago culposo
Según las pericias, la tragedia "era evitable"
Establecieron que el regulador de gas del edificio "fue desacoplado y estaba la válvula de bloque abierta", lo que permitió la fuga del fluido en gran volumen.
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