Miércoles 10.2.2021
/Última actualización 12:58
Personal de la Unidad de Investigaciones del CIF de la provincia de Salta actuó a solicitud de la Fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género N° 1 Dra. Claudia Geria, a fin de resguardar la integridad física, psíquica, emocional y económica, de dos adultos mayores sometidos a maltratos.
La rápida decisión de destinar a la Unidad Especial del CIF en la investigación, fue tomada por el Procurador General Dr. Abel Cornejo, quien frente al comportamiento burocrático y formal esgrimido por la Secretaría de Adultos Mayores, advirtió el riesgo que involucra una de las manifestaciones de violencia más oculta: la infligida a las personas de edad avanzada, grupo de población sumamente vulnerable.
Cabe destacar que las personas mayores no suelen denunciar sus situaciones de maltrato, y es por eso que el silencio (no solamente el de las víctimas, sino también de quienes tienen responsabilidad de intervenir) es cómplice de los malos tratos. Existe así, un círculo de silencio, de ignorancia y de vulnerabilidad, que exige el debido compromiso de los organismos responsables.
A partir de la denuncia radicada por la hija de uno de ellos, se toma conocimiento sobre el impedimento de contacto al que es sometido su padre, de 71 años de edad propietario de una vivienda en barrio Juan Pablo II. Señala en su exposición que una mujer de apellido Reyes, ejercía violencia física sobre su progenitor, aislándolo de todo el grupo familiar para que nadie se enteré del calvario que se encuentra viviendo".
La demandada, utilizando el ardid de hacerse pasar por pareja del hombre e invocando la supuesta profesión de “asistente terapéutica”, se había instalado en la vivienda, y luego de un año de estadía, albergó a distintos miembros de su familia.
Esto no le impidió que usara idéntica modalidad con otro hombre de 79 años, a quien llevó a residir a la vivienda manteniéndolo encerrado en una habitación, en condiciones infrahumanas, con total falta de higiene y cuidados. El hombre, se encuentra en estado de postración y no tienen ningún familiar en esta provincia (sus hijos son oriundos de Jujuy).
GentilezaA partir de la intervención de asistentes sociales, se constató que el padre de la denunciante, no solo se encontraba privado de su documentación y tarjetas de crédito, sino también de mantener contacto familiar. Se constataron lesiones en brazos y miembros inferiores que sustentan la existencia de agresiones por parte de la acusada. Se encuentra bajo de peso, y no recibe los alimentos ni la medicación necesaria.
En el caso del otro hombre, también se determinó su bajo peso, con el agravante de no recibir la medicación que le corresponde por ser insulino-dependiente. Se realizaron consultas con autoridades del PAMI, quienes informaron que ambos, no reciben atención profesional médica desde hace más de un año.
Pese a la constatada situación de violencia y esclavitud en detrimento de los adultos mayores, hubo una dilación por parte de la jueza interviniente Sandra Espeche, quien finalmente autorizó el correspondiente allanamiento.
El operativo se realizó no sólo con la finalidad de resguardar a las víctimas, sino también para recabar elementos probatorios de los supuestos delitos. Ambas personas fueron contenidas y controladas en su estado de salud.