Los abogados Norberto Caputo y Silvina Rumachella, representantes de los familiares y víctimas del vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas, solicitaron hoy en su alegato las penas de entre 12 y 25 años de prisión por el delito de "estrago doloso" para 24 de los más de 35 acusados, en base a su responsabilidad en la tragedia del avión que se estrelló el 10 de octubre de 1997 en Fray Bentos, Uruguay, donde murieron 74 personas.
Se tratas de pedidos de condena por el delito "de estrago doloso, agravado por la muerte de 74 personas, por el conocimientos especiales de los acusados, los antecedentes y la violación de normas" tras encontrar como "coautores".
Tenés que leerVeinte años después familiares evocan con dolor y esperanza de justicia a las 74 víctimasLa mayoría de los acusados, que en ese entonces eran directivos en Austral Líneas Aéreas, funcionarios civiles y de la Fuerza Aérea, fueron acusados como coautores del delito de "de estrago doloso, agravado por la muerte de 74 personas", pero además por "el conocimiento especial de los acusados, los antecedentes y la violación a las normas".
Tras un exhaustivo alegato que insumió al menos cuatro jornadas de debate, de más de tres horas cada una, la querella hizo un relato pormenorizado de la responsabilidad y participación que tuvo cada uno de los acusado en la tragedia aérea.
Tenés que leerPiñeyro: "Veinte años de impunidad acaban con cualquier expectativa de que haya justicia"Para ello, Rumachella se apoyó en el artículo 190 del Código Penal, que reza que "será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que "a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una aeronave", porque, dijo, quedó probado que lo que sucedió ese día fue una "trampa mortal", utilizando una frase adoptada por el tribunal en la sentencia de la masacre de Cromañón.
Y aclaró que ese misma norma penal indica que "si el hecho causare lesión a alguna persona, la pena será de seis a quince años de reclusión o prisión, y si ocasionare la muerte, de diez a veinticinco años de reclusión o prisión", además de confirmar que cada conducta de los imputados que se probó en el juicio, "merece un reproche".