Miércoles 2.6.2021
/Última actualización 22:41
La historia narco de la ciudad de Santa Fe y alrededores tiene un capítulo reservado para el "Tripa" Oscar Adrián Celer, un expolicía de 45 años, exonerado de la fuerza provincial tras una condena por robo; que a su vez, tiene una causa por enriquecimiento ilícito en trámite en la justicia provincial, y acaba de ser elevada a juicio una investigación federal en su contra por sus vínculos con el narcotráfico internacional.
Este martes el fiscal Federal Nº 2, Walter Rodríguez, solicitó la elevación a juicio para Celer, por hechos ocurridos entre el 3 de octubre y el 5 de noviembre de 2017, en los que se lo acusa por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público que dejara de promover la persecución penal de delincuentes", "exacciones ilegales en grado de tentativa", "confabulación para el comercio de estupefacientes, agravado por su condición de policía", "encubrimiento agravado" y "violación de secreto".
Para el fiscal Rodríguez es claro que Celer no cumplió, ni hizo cumplir la ley, cuando siendo funcionario policial se involucró en delitos de narcotráfico.
Entre los hechos por los cuales está procesado cuentan haber recibido información de lugares de venta y almacenamiento de drogas de parte de una persona identificada como Jorge Luis Duarte, alias "Gordo Pascuala", quien se encuentra viviendo en Paraguay desde mediados de 2014.
También está sospechado de haber concertado el pago de un envío de estupefacientes, a través del mismo sujeto; a quien además le pidió que le consiguiera una ametralladora de contrabando. Estos delitos, quedaron en una instancia "preparatoria", dado que el plan fue abortado, justamente ante el conocimiento del policía de que el cargamento iba a ser interceptado.
En este sentido, se lo acusó de haber revelado datos tendientes a prevenir a los narcos de "investigaciones en trámite y futuros allanamientos y así eludir investigaciones judiciales".
Una de las pruebas centrales en contra de Celer fueron descubiertas cuando, tras su detención, le secuestraron un teléfono celular en el que figuraban las conversaciones del último mes con el contacto paraguayo y con una mujer llamada Tamara Yamila Rodríguez, apodada "Taco", con quien también mantuvo negocios ilegales.
En ese sentido, el fiscal Rodríguez pidió al juez de la causa que llame a prestar declaración indagatoria, tanto a Duarte como a Rodríguez, como sospechosos de violación a la ley de estupefacientes Nº 23.737.
Celer ostentaba el rango de sargento de la policía provincial al momento de cometidos los hechos. Su último destino fue el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional Uno. Inmediatamente después de su detención fue puesto en disponibilidad el 8 de noviembre de 2017, luego de lo cual se produjo su destitución de la fuerza.
De las conversaciones que mantenía el narco radicado en paraguay con Tripa Celer surge que el primero le ofrecía datos para mejicanearle la droga a sus competidores, en lugares como Laguna Paiva y Cabaña Leiva, territorio donde ejercía su poderío el clan de la "Chancha" Cardozo, de barrio Nuevo Horizonte; junto con sus socios "El Pulga" Claudio Andrés Casco y su esposa Lorena Melgarejo, los dos últimos, prófugos desde el hallazgo de una avioneta accidentada en Naré, el verano de 2020.
"Hacé nomás el trabajo mi cuate. Tumbalo. Tumbalo nomás jefe. Tumbalo y después decime cuánto sale", le decía el Gordo Pascuala a Celer, en uno de los mensajes. La propuesta apuntaba a hacer un operativo policial y difundirlo por los medios para dejarlos fuera del negocio, encarcelarlos y desacreditarlos.
El fiscal Rodríguez hizo foco en la pareja que forman los prófugos Casco y Melgarejo, dado que se trata de personas más que conocidas en el ambiente policial y Celer no podía ignorar sus vínculos al tráfico de drogas.
En tal sentido, la requisitoria de elevación a juicio hace un punteo de las causas de la pareja. La referencia más fresca es la causa de la avioneta de Naré -abandonada en febrero de 2020-, por la que se encuentran presos el piloto Juan Adrián Fleitas González y el ex policía de Laguna Paiva, Carlos Alberto Maldonado. Fue elevada a juicio por confabulación para el tráfico de estupefacientes.
También existe un expediente por "lavado de dinero proveniente del narcotráfico" que se tramita en la Cámara Federal de Rosario por una declaración de incompetencia territorial del juzgado federal local.
En la "Causa Baigoría", por la cual fueron recientemente condenados otro policía provincial, tres gendarmes y otros miembros de la banda ligada al clan Paz, también existen referencias a Melgarejo, hablando por teléfono con Emanuel González, uno de los principales acusados.
Por último, se enumeraron una causa de 2018 por venta de drogas que fue al archivo; otra de 2019 contra los integrante de la delegación Santa Fe de la Policía Federal por connivencia con el clan Cardoso-Casco-Melgarejo en la que fueron condenados los federales; y una denuncia de 2016 por venta de drogas contra Melgarejo en una casa de la calle Gollán al 10.100, que terminó archivada. Sin contar la condena de Melgarejo impuesta por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en 2010.
Producto de las escuchas y mensajes telefónicos se pudo determinar que el 11 de octubre de 2017, Celer giró $ 19.100 a una paraguaya en Luque para la compra de estupefacientes. Lo hizo a través de Western Union del WalMart. En esa operación, Celer quería "una metra" de contrabando. "Una chiquita nomás", le dijo al Gordo Pascuala, "una Uzzi", en referencia a la marca típica. Aunque después agregó: "Si hay algo más grande mejor".
Mejicaneada en Barranquitas
Oscar Adrián Celer fue detenido a las 2:30 de la madrugada del lunes 6 de noviembre de 2017, cuando junto a otros tres policías llevaron a cabo un allanamiento ilegal en barrio Barranquitas. Vestidos de policías y simulando un procedimiento, irrumpieron en una casa de calle Iturraspe y Terraplén Irigoyen, donde derribaron la puerta de entrada con un golpe de ariete al grito de "policía, policía". "Una vez adentro, le exigieron a una de las víctimas la entrega de dinero, drogas y armas de fuego", informó el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ezequiel Hernández.
Por ese hecho, hace dos años -mayo de 2019- los jueces Rodolfo Mingarini y Jorge Patrizi condenaron a los cuatro policías en sendos juicios abreviados.
Celer recibió una condena de cinco años de prisión, al igual que Cristian Basilio Gutiérrez. Por su parte, Exequiel Sebastián Romero fue condenado a cuatro años y medio; y Leonardo Abel Velázquez a cuatro años y dos meses de prisión.
Los cuatro fueron declarados culpables como coautores de los delitos de tentativa de robo calificado (por ser en poblado y en banda; por el uso de arma de fuego; y por ser miembros de una fuerza de seguridad). Además, Celer y Gutiérrez también fueron condenados como autores del delito de portación ilegítima de arma de fuego de guerra.
Otro de los frentes de tormenta que atraviesa Celer, tal vez el más doloroso, es a causa de su meteórico crecimiento patrimonial, entre los años 2013 y 2017, mientras prestó servicios como integrante de la fuerza policial.
Por ello, los fiscales de Delitos Complejos del MPA, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, informaron en octubre del año pasado que pedirán 4 años de prisión por el delito de "enriquecimiento ilícito" y el pago de una multa de $ 3.789.000.
La noticia se conoció luego de realizada la audiencia preliminar en los tribunales locales, ante la jueza Susana Luna.
"En enero de 2019, la división de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos de la policía le requirió que justifique el aumento extraordinario de su patrimonio en esos cinco años", informaron los fiscales. "A pesar de su obligación de hacerlo por su condición de funcionario público, no lo hizo", indicaron.
"De la investigación llevada a cabo se desprende que entre 2013 y 2017, el imputado realizó transacciones con tres automóviles; dos camionetas; un cuatriciclo; una motocicleta; dos embarcaciones y un inmueble de 374 metros cuadrados ubicado en Sauce Viejo", ahondaron los fiscales, y añadieron que "el acusado es propietario de otros bienes, entre ellos, un inmueble en la zona norte de la ciudad de Santa Fe".