Tres policías presos por graves actos de corrupción en Frontera

La jueza en lo penal de Rafaela, Cristina Fortunato, ordenó la prisión preventiva sin plazo para tres policías provinciales que se desempeñaban en el departamento Castellanos, puntualmente en la ciudad de Frontera, pero con ingerencia en la localidad de Frontera y el barrio Acapulco.

La audiencia de medidas cautelares afecta directamente al subcomisario Gastón Exequiel Eletti, de 43 años, (a cargo de la 5ta. Zona de Inspección); la subinspectora María Silvina Asís (32), por entonces jefa de la Comisaría 6ta. de Frontera; y el oficial Juan Manuel Villafañe, de la Brigada Motorizada.

Los tres fueron imputados por la fiscal de Rafaela, Gabriela Lema, por graves delitos que ponen de manifiesto la enquistada corrupción policial en la zona limítrofe con la provincia de Córdoba, donde se encuentran la Comisaría Nº 6 de Frontera; la Subcomisaría Nº 8 de Josefina; y el Destacamento Nº 6 de Barrio Acapulco de Josefina.

Asociación ilícita

Eletti y Asís son investigados como jefes de una asociación ilícita, de la cual Villafañe integraría en su carácter de miembro. En tanto, a cada uno de ellos le fueron endilgados otros delitos en forma personal, aunque en el marco de la organización.

Así, la fiscal Lema explicó que Asís y Villafañe están acusados por privación ilegítima de la libertad por abuso funcional; además de falsedad ideológica de instrumento público calificada -cuatro hechos Asís y uno Villafañe-.

A Asís también le achacaron "encubrimiento agravado y secuestro coactivo agravado"; y la "coautoría del delito de usurpación de funciones y defraudación a la administración pública" junto con el subcomisario Eletti.

Apremios y vejaciones

La lista no concluye allí. Villafañe y Eletti están apuntados como responsables por "apremios ilegales y vejaciones y privación ilegítima de la libertad"; en tanto el segundo cuenta con cargos por "encubrimiento agravado; lesiones graves en accidentes de tránsito; recepción de dádivas; exacciones ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público; omisión de hacer cesar las detenciones ilegales; amenazas; y falsedad ideológica de instrumento público".

Los primeros en quedar detenidos fueron Villafañe y Eletti, el lunes pasado. En tanto se ordenó el arresto de Asís al día siguiente, el martes 1° de febrero.

Delitos complejos

Consultada por el devenir de la investigación, la fiscal Gabriela Lema explicó a El Litoral que "es una investigación que viene desde octubre del año pasado y que se aceleró por un hecho de apremios ilegales y vejaciones" denunciado a fines de enero.

Por eso, si bien "a los tres detenidos le hago la imputativa por asociación ilícita, además les imputo hechos específicos a cada uno de ellos, por eso son 13 hechos que no necesariamente comparten los tres", se explayó.

También sostuvo que "hay una variedad de hechos" y destacó como "una de las cosas más importantes, que en el marco de la corrupción policial, encubrían a los verdaderos delincuentes, porque no se producía la persecución penal y los fiscales no nos enterábamos de lo que pasaba". En esa línea, la fiscal de Rafaela marcó "la importancia de la investigación desde un punto de vista integral" por "delitos que son complejos".

Pedían asado

A modo de ejemplo, la Dra Lema recordó el primer hecho en un hilo temporal, referido a la privación de la libertad de un periodista de San Francisco, que el 21 de septiembre de 2020 estaba cubriendo una manifestación en la puerta de la comisaría de Frontera. En dicha oportunidad, el trabajador de prensa "no estaba cometiendo un delito, ni había una orden fiscal" para detenerlo, "fue a cubrir y hacer su trabajo y lo llevaron detenido dentro de un procedimiento policial que era regular".

Luego se refirió a otro ocurrido en octubre del año pasado, cuando "a una persona que pretendía recuperar una moto que le habían robado le pedían un asado a cambio de devolverla. Es una dádiva exigida ilegalmente", sostuvo.

Para echar luz sobre este tipo de episodios que suelen no despertar el repudio social, la representante del MPA sostuvo que "la corrupción afecta directamente al vecino porque genera más delito", al margen de los otros "muy gravosos y que están en los legajos por separado como las privaciones de la libertad".

Sensación de malestar

Por último, aclaró que si bien realizaron algunas diligencias con la Gendarmería Nacional, "toda la investigación se hizo con personal de la policía de Santa Fe, con Asuntos Internos y con División Judicial de la AIC, porque no todos tienen estas conductas que a ellos les afecta, porque denosta la institución".

La fiscal Lema reconoció que "es chocante para todos que el personal policial vaya detenido, genera una sensación de malestar", pero dejó en claro que no se trata de un proceso "ficticio" sino que son actos de corrupción que "repercuten de verdad" en el tejido social.

Actas falsas

Sobre las actividades delictivas que llevaban adelante los imputados, la fiscal relató que "dentro de las más habituales que cometían, se destaca la suscripción de actas de procedimientos policiales con información adulterada o falaz". Al respecto, indicó que "los policías brindaban datos falsos sobre distintos hechos delictivos y omitían realizar las comunicaciones oportunas a los fiscales de turno del MPA".