Paula Perassi tenía 34 años cuando desapareció. Se investiga si es que fue sometida a un aborto clandestino contra su voluntad ya que estaba embarazada de una relación que mantenía con un empresario. También hay cinco policías procesados por encubrimiento.
DyN
La Cámara de Apelaciones de Rosario dispuso hoy la prisión preventiva de los ocho acusados de la muerte de Paula Perassi, ocurrida hace casi cinco años supuestamente cuando fue obligada a someterse a un aborto, por lo que, entre otras personas, quedaron inmediatamente detenidos un empresario y cinco policías.
Al revocar una resolución anterior que los había dejado en libertad, el juez de la Cámara de Apelaciones de Rosario Carlos Carbone consideró que se encuentra acreditado para el caso de todos los imputados la “peligrosidad procesal”, ya que podrían fugarse o entorpecer la investigación, de forma tal que desestimó los planteos de nulidad hechos por la defensa.
Los ocho acusados, quienes se encontraban en la audiencia realizada ayer por la mañana, fueron arrestados y trasladados a diferentes lugares de detención.
Perassi, de 34 años, madre de dos niños que en el momento de su desaparición tenían 3 y 6 años, salió de su casa de la ciudad santafesina de San Lorenzo el 18 de setiembre de 2011 y nunca regresó.
La hipótesis que manejan los investigadores, ya que el cuerpo nunca apareció, es que la mujer murió al ser sometida a un aborto clandestino contra su voluntad, ya que estaba embarazada de seis semanas a raíz de la relación que tenía con el empresario Gabriel Strumia.
En prisión
De los ocho acusados, el juez dispuso que cumplan prisión efectiva, alojados en una unidad penal, Strumia; su esposa, Roxana Michi; la mujer que habría practicado el aborto, Mirta Rusñisky, y el comisario Daniel Puyol, ex jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional XVII de la Policía de Santa Fe, informaron a DyN fuentes judiciales.
En tanto, el magistrado admitió el arresto domiciliario para el comisario Jorge Enrique Krez, ex jefe de la Agrupación Unidades Especiales de San Lorenzo, y los policías de rango menor Aldo Gómez, Ramón Godoy y María José Galtelli.
El 19 de agosto pasado el juez Adolfo Prunotto Laborde había revocado la prisión preventiva de los ocho procesados en la causa.
Pero posteriormente, el 21 de marzo último, la Corte Suprema de la provincia revocó la resolución de este último magistrado y ordenó a Carbone que disponga sobre la situación de los procesados. Strumia, Michi y Rusñisky están sospechados de los delitos de privación ilegítima de la libertad, seguida de aborto contra la voluntad y posterior muerte.
En tanto, están acusados de encubrimiento los policías Puyol, Krez, Gómez, Godoy y Galtelli.