El Litoral | sucesos@ellitoral.com
Los allanamientos fueron ordenados por la Justicia Federal y se concentraron en dos domicilios de Ceres -uno en la casa de la abuela que está detenida-, y en un predio rural de Montefiore -donde vivía el otro acusado-.
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La Justicia Federal ordenó realizar tres allanamientos en busca de novedades que permitan dar con el paradero del pequeño Maximiliano Sosa, desaparecido el 21 de diciembre de 2015 de su casa, ubicada en el barrio Juan Pablo II de la ciudad de Ceres. Fuentes periodísticas del lugar indicaron que, aunque no fue comunicado oficialmente, los investigadores no habrían hallado en los lugares visitados nueva evidencia que permita conocer qué pasó con el niño.
Apenas algunos días después de que se cumplieran tres años de la desaparición, el juez Federal de Rafaela, Miguel Abásolo convocó a la División de Trata de Personas y la PDI de la Policía de la provincia, para llevar a cabo el procedimiento, que contó además con la colaboración de la Sección Perros de la Unidad Regional II de Rosario.
Entre las tareas de búsqueda, se realizaron excavaciones, atento a que el paso del tiempo y la falta de novedades permitieron abonar la peor de las hipótesis, que es justamente que el pequeño haya sido enterrado en alguno de los domicilios habitados por los sospechosos.
Dos detenidos
Cabe recordar que por el caso se encuentra detenida la abuela materna del niño, Patricia Daniel Sayago, quien había quedado al cuidado del menor cuando su madre debió ser hospitalizada para realizarle una cesárea para el nacimiento de su segundo hijo varón, el cual actualmente tiene casi la edad que tenía Maximiliano al momento de su desaparición.
Con Sayago quedó tras las rejas su pareja, Ariel Reinaldo Malagueño (38), a quienes la justicia provincial detuvo a fines de julio de 2016. El entonces juez penal de San Cristóbal, José Luis García Troiano -actualmente en Santa Fe- dictó la prisión preventiva sin plazos el 1 de agosto de 2016 para ambos.
La mujer de 42 años está acusada por los delitos de “sustracción de menores” y “falsa denuncia”, el primero de ellos en carácter de coautora junto con su concubino Malagueño.
La investigación por ese entonces estaba a cargo de los fiscales Hemilce Fissore y Diego Vigo, éste último actual Fiscal Regional de Rafaela. En cuanto a los elementos probatorios ofrecidos por la fiscalía, existirían claros indicios para considerar probable la participación de los dos imputados en la desaparición.
En mayo del año pasado, el juez de San Cristóbal, Hugo Tallarico, volvió a confirmar la prisión preventiva para los acusados y los investigadores quedaron a la espera de que la Corte de Justicia de la Nación defina la competencia.
Trata de personas
Finalmente el máximo órgano nacional determinó que sea investigado por el delito de “trata de personas” por lo que la causa recaló en el Juzgado Federal de Rafaela, con competencia del Fiscal Federal Federico Grimm.
Este lunes 7 de enero el juzgado emanó tres órdenes para allanar dos viviendas del pasaje Juan Manuel Delgado -al 100 y al 500- del barrio Juan Pablo II de Ceres -una de ellas donde vivía la abuela del menor- y un predio rural de la localidad de Colonia Montefiore, en el límite con Santiago del Estero, precisamente en un punto conocido como “El Chalecito”, donde antes de ser detenido vivía Malagueño con su hermano y su padre.
Una “vidente”
A tres años de la desaparición de Maxi, su mamá Daniela Sosa, dio una entrevista radial al periodista José Luis Gorosito, de Ceres Diario y FM Ceres. Allí repasó lo que fueron estos últimos tres años de vida para ella y su familia y explicó que tiempo atrás recurrió a una vidente del sur del país, que le indicó que buscaran en el patio de la casa donde vivía el pequeño. Fue la misma mamá de Maxi la que este jueves, una vez finalizada la labor de búsqueda le dijo al portal de noticias www.ceresdiario.com que “no se habría encontrado nada extraño en el lugar”.