Rechazan un nuevo pedido de detención para Zancada

El Litoral
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El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) de Reconquista, Gonzalo Basualdo, rechazó este jueves el pedido de prisión preventiva para el ex funcionario provincial Pablo Zancada y su asesor, el contador Roberto Carlos Fumo, quienes atraviesan un proceso penal en libertad, por la compra supuestamente irregular de un vehículo todo terreno del tipo Unimog, con un subsidio destinado a la comunidad aborigen de Los Laureles.

El pedido para que atraviesen tras las rejas lo que queda del proceso, hasta la llegada del juicio oral, lo formularon los abogados Andrés Ramseyer y Andrés Ghío, quienes intervienen como querellantes, en representación de Nicolás Paniagua, coordinador de la comunidad mocoví de Cacique Colashi, de la localidad de Los Laureles, en el departamento General Obligado.

A dicho planteo adhirió el fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Reconquista, Aldo Gerosa, quien en forma alternativa propuso que les sea fijada una fianza real de $ 500.000 para cada uno de los imputados, a cambio de mantener la libertad.

Filmados

El motivo que llevó a las partes a pedir el encarcelamiento de los acusados se debió a que se habrían producido inconductas que podrían tener como fin incidir en la voluntad de los testigos, que serán citados a declarar en un futuro juicio.

Mientras las partes estaban a la espera de que la Oficina de Gestión Judicial de Reconquista fijara fecha para la realización de la audiencia preliminar, el pasado 9 de agosto se produjo un hecho puntual que echa sombra sobre el devenir del proceso. Según un escrito arrimado por la querella, ese día dos miembros de la comunidad contaron que “tenían que venir a la ciudad de Reconquista, a buscar ropa y dinero por el juicio de Zancada”.

Ante la sospecha de que los imputados romperían el compromiso de no acercamiento fijado con anterioridad por el juez Basualdo, la querella pidió que se tomen las medidas necesarias para obtener nueva evidencia y de preservación de pruebas. La tarea encomendada a la Policía de Investigaciones (PDI) consistió en filmar los encuentros, que tienen como lugares físicos la terminal de colectivos de Reconquista, la casa del propio Zancada y una vivienda que sería de una funcionaria de la delegación Reconquista de la Subsecretaría de la Niñez.

Prohibición

Del encuentro registrado este mes participaron tres miembros de la comunidad mocoví, Zancada y Fumo en persona y al terminar, los tres invitados se subieron a un remís y fueron hasta un club donde se realizaba un acto de cierre de campaña al que también asistió Zancada.

“Es evidente que el comportamiento de los imputados indica la voluntad de perturbar la investigación”. Y para ello “directamente han desobedecido la orden judicial”, denunciaron los abogados Ramseyer y Ghío.

Tras ser notificado del pedido de la querella, el fiscal Gerosa puso a disposición la evidencia recolectada por la PDI y solicitó la designación de una sala donde poder proyectar las fotos y videos aludidos. Advirtió que los imputados han pretendido “alterar la marcha del proceso” y con ello se “desconoce la autoridad del poder judicial”. Y recordó que ambos -Zancada y Fumo- tenían una “prohibición de acercamiento y comunicación con comunidades aborígenes de la etnia mocoví de los departamentos Vera y General Obligado” tal como lo solicitara previamente la fiscalía.

“Ilegales” y “clandestinas”

Durante la audiencia de este jueves, los abogados de la defensa Raúl Elías y Jorge Salum rechazaron la revisión de la medida cautelar y plantearon la ilegalidad de las filmaciones obtenidas por personal de inteligencia de la PDI, a las que consideraron que fueron “obtenidas de manera clandestina”.

En ese sentido, hubo una larga discusión y la defensa planteó que sus pupilos no habían violado la medida de acercamiento, puesto que quienes se acercaron al domicilio aludido fueron los propios representantes de la comunidad Cacique Colashi. No obstante, la fiscalía y la querella le enrostraron que el mandato del juez los intimaba a que no podían acercarse ni mantener comunicación de ningún tipo con sus miembros, que fue lo que en verdad ocurrió y no fue negado por la parte atacada.

Por último, el juez Basualdo reiteró la obligación de los imputados de no interferir en el proceso, pero no alteró las libertades ambulatorias para ninguno de los imputados.

Subsidio desviado

El caso por el cual el ex dirigente socialista y ex diputado nacional Pablo Zancada está imputado, junto con su colaborador el contador Roberto Fumo, se remonta al 2015 tras la adquisición de un camión Mercedes Benz Unimog, usado, para la Estancia Las Gamas Integrada, con un aporte no reintegrable del Ministerio de Gobierno de Santa Fe, a nombre de la asociación civil aborigen de Los Laureles. Llamativamente el vehículo fue a parar a la Cuña Boscosa, lejos de lo quienes debieron ser sus beneficiarios legales.

Los ex funcionarios provinciales están acusados e imputados por los delitos de defraudación al Estado, peculado, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, y uso de documento falso; y por ello el 31 de marzo último el juez Gonzalo Basualdo, inhibió por $ 508.000 a Zancada, que por entonces era director de Agricultura Familiar de la provincia; y al contador Fumo. La medida fue adoptada, “a los efectos de que garanticen la reparación de los daños y perjuicios que han ocasionado a la comunidad aborigen” de Los Laureles en su administración de la Estancia Las Gamas Integradas.