El juez Civil y Comercial de la IV nominación, Claudio Bermúdez, dictó una medida cautelar que deja provisoriamente sin efecto la disposición provincial que permite practicar el aborto no punible a una mujer que, mediante declaración jurada, afirma haber sido víctima de una violación.
Tal es el alcance de la medida dispuesta por el propio magistrado, como él mismo lo aclaró en diálogo con El Litoral, y que data del 7 de septiembre pasado, aunque recién trascendió en las últimas horas.
Bermúdez confirmó que su resolución se deriva de una presentación formulada por el Partido Demócrata Cristiano contra el protocolo que regula el aborto no punible en Santa Fe, tanto en lo que hace al terapéutico como al referido a casos de violación. El magistrado desestimó el planteo para el primer caso, y lo concedió en el segundo. Esto no significa que la práctica queda vedada, sino que no es suficiente con la declaración jurada de la mujer para demostrar que hubo violación, y con ello habilitar el aborto.
Por lo demás, se trata de una medida cautelar, que como tal puede ser apelada y sometida a revisión, además de no avanzar sobre la resolución de la cuestión de fondo.
“Inconstitucional”
A poco de lanzarse el protocolo, en mayo pasado el Partido Demócrata Cristiano (PDC) lo cuestionó mediante un recurso de amparo. “Pedimos que se declare inconstitucional porque afecta el derecho a la vida reconocido en tratados constitucionales. Nuestra posición es contra la muerte por aborto y en defensa de toda vida humana”, argumentó Gabriela Quadri, la abogada rosarina que presentó el planteo.
Un cuestionamiento de la agrupación política a la guía técnica es que “obstaculiza la investigación de las violaciones porque sólo se requiere una declaración jurada de la víctima”. Con lo cual, argumentan, “el niño será muerto y ni siquiera se sabrá si realmente era fruto de una violación”.
Desde Salud
Este mediodía, el Ministerio de Salud de la provincia no había elaborado todavía una respuesta a la cautelar. Fuentes oficiales consultadas por El Litoral manifestaron que se aguardaban reuniones entre funcionarios de la cartera sanitaria y Fiscalía de Estado, para evaluar los plazos procesales y analizar los términos de la respuesta.
El propio Cappiello, en declaraciones a la prensa, dijo que se encontraban estudiando los argumentos del magistrado y adelantó que evaluaban la posibilidad de rechazar la medida. “En la provincia de Santa Fe -mencionó- tenemos una política para garantizar el derecho a la salud de toda la población, con la misma accesibilidad y equidad en el sistema”.
Cappiello había revelado la semana pasada que desde que se comenzó a instrumentar en la provincia el protocolo para abortos no punibles en los hospitales públicos, se realizaron catorce intervenciones de ese tipo en todo el territorio.
Sobre el freno judicial, recordó que ya la justicia rosarina había rechazado tiempo atrás un planteo de similares características. “Esto ha pasado otras veces y se pudo avanzar con las políticas de salud. Respeto a cada uno en sus ideologías y creencias, pero lo que estamos haciendo no es otra cosa que cumplir la ley”, mencionó.
Según pudo saber este diario, estaba previsto que el tema fuese abordado esta tarde en la reunión de gabinete convocada -como es habitual los días lunes- por el gobernador Antonio Bonfatti en la ciudad de Rosario.