El juez de la IPP Leandro Lazzarini ordenó la prisión preventiva para Miguel Ángel Marchisio (de 52 años), el médico de San Jerónimo Norte acusado de abusar a dos jóvenes de 16. La medida fue solicitada por los fiscales María Celeste Minniti y Alejandro Benítez, que hicieron hincapié en el contexto de vulnerabilidad de las víctimas.
Marchisio fue imputado el domingo por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante” y “abuso sexual simple”, ocurridos a finales de 2019 en el Centro de Atención Municipal (CAM) donde trabajaba. La investigación comenzó en marzo, luego de que familiares de las adolescentes radicaran las denuncias. “No me lo esperaba de este profesional, porque lo conozco, pero me gustaría que quede preso. Pienso que es un peligro para la ciudad” advirtió la mamá de una de las jóvenes al juez durante la audiencia. “Que investiguen más, no quisiera que le pase lo mismo a otra, eso es de lo que más miedo tengo”, pidió la madre de la segunda víctima.
Las menores relataron que los abusos se dieron cuando estaban a solas con el médico. Ambas coincidieron en que si bien sentían que no se podían mover, sí fueron conscientes de los tocamientos y en el caso de una de ellas, de cómo el doctor le habló al oído.
Para Lazzarini, las jóvenes presentan un “relato sostenido, espontáneo, veraz” y “no hay circunstancias que permitan ver que quieran perjudicar al médico de alguna manera”, ni ellas ni sus familias, que de hecho fueron “reticentes a la hora de dar intervención a la justicia penal”.
Analizó que se trata de dos chicas de la misma edad, con contextos familiares similares y que sostienen situaciones muy parecidas en relación a la actuación médica, lo que lo lleva a entender que “el relato de cada una de ellas sustenta el relato de la restante”.
“Sometimiento sexual”
El magistrado también se refirió al análisis que los defensores Martín Durando y Hugo Parma realizaron de las historias clínicas de las menores, considerando que “de ninguna manera el bagaje personal de las víctimas me puede llevar a pensar que su relato no debe ser creído”, algo que “no tiene relación alguna con los hechos que en la atención médica padecieron”.
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La defensa también cuestionó la calificación legal escogida para el abuso gravemente ultrajante, pero el Dr. Lazzarini estuvo de acuerdo con la elección de la fiscalía, teniendo en consideración las conductas desplegadas en la que se dio una situación de “sometimiento sexual” en el que la víctima se vio “reducida, cosificada, utilizada”. Además, consideró que el imputado es el médico que tenía en ese momento a su cuidado la salud de la joven, que ella es menor, la diferencia de edad, el estado vulnerable en el que la chica arribó al nosocomio y la clara situación de indefensión en la que se encontraba.
Por último, el juez se refirió al entorpecimiento probatorio, ya que los fiscales expusieron que cuando se solicitó la historia clínica de una de las víctimas, el Centro de Atención Municipal de San Jerónimo Norte en el que trabaja el imputado envió el archivo incompleto, omitiendo el mes en el que el Marchisio atendió a la adolescente. De hecho la única manera de conseguir los documentos completos fue mediante allanamiento al efector público de salud.
La defensa ofreció una serie de alternativas, entre ellas una caución patrimonial de un valor cercano a los 3 millones de pesos y la prohibición de ejercer la medicina durante el transcurso de la investigación, pero el juez Leandro Lazzarini consideró que no son suficientes para mitigar los riesgos procesales, sobre todo en vistas a la necesidad de que víctimas y testigos puedan declarar libremente, por lo que decidió dictar la prisión preventiva para el médico Miguel Ángel Marchisio.