Tiroteo y muerte en Alem: una saga de "aguante" y mentiras para ayudar a los implicados
Desde testigos falsos detenidos apenas ingresaron a la fiscalía y una cómplice de incógnito en el penal, hasta la víctima de una balacera que ocultó la identidad del autor porque era su "amigo".
El tiroteo que alarmó al barrio Candioti Sur y a toda la ciudad ocurrió la madrugada del 13 de marzo, a la salida del boliche "La Loca". Crédito: Pablo Aguirre
A medida que avanza la causa contra los principales involucrados en el tiroteo de barrio Candioti Sur, que dejó como saldo un muerto y dos heridos, se fueron desprendiendo de esta varias investigaciones que terminaron con al menos siete personas condenadas.
Se trata de testigos falsos, una cómplice que ingresaba a la cárcel de incógnito, la víctima de una balacera que ocultó quién le había disparado porque era su "amigo" y dos muchachos detenidos en un aguantadero con un arma que estaría vinculada a otro crimen de Lammp (la banda autodenominada "La Mafia Matando Pulgas").
Las fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Ilera -Sección Criminalidad Económica de la Unidad de Delitos Complejos- están a cargo de la investigación del tiroteo ocurrido la madrugada del 13 de marzo a la salida del boliche "La Loca", ubicado en la esquina de Sarmiento y Santa María de Oro, a metros de avenida Alem. Son cuatro los imputados por el hecho: Alberto "Timbre" Gauna (25), Joel Ángel Varsicovich (24), Sandro Ariel "Cone" Mendoza (26) y Laureano "Patota" Ruiz Díaz (23).
Este último está señalado como quien inició el tiroteo, asesinando a Gonzalo "Pandu" Ojeda con un revólver 357 Magnum. Logró permanecer prófugo hasta el viernes 22 de julio, cuando lo detuvieron en una casa ubicada en el límite de los barrios Yapeyú y La Ranita. Días más tarde allanaron el "aguantadero" y detuvieron a dos personas que terminaron condenadas.
Al menos siete personas fueron condenadas en los últimos meses en causas conexas a la del tiroteo en barrio Candioti Sur. Los últimos fueron Francisco Saucedo (20) y Gustavo Adrián Moncada (19), detenidos en la casa de Neuquén al 6300 donde se ocultaba "Patota" Ruíz Díaz.
Durante el allanamiento realizado en la vivienda, secuestraron una pistola semiautomática marca Bersa, modelo "Mini Thunder 45", junto a dos cargadores. Además, 57 cartuchos de distintos calibres, entre ellos algunos de 357 Magnum, como los utilizados por "Patota" para dar comienzo a la balacera a la salida del boliche.
La Bersa será peritada, ya que se cree que podría estar conectada con un doble homicidio ocurrido a principios de abril. La víctimas pertenecían a bandas distintas, por lo que no se ha descartado que se hayan asesinado mutuamente. Uno de ellos era "Ojón" Falomir, amigo de "Timbre" y "Patota", con quienes habría cometido varios crímenes a finales de 2021 por los que al momento de su muerte era buscado por la justicia.
Tras su detención, Saucedo y Moncada, representados por el abogado Héctor Acuña, firmaron juicios abreviados por "tenencia indebida de arma de fuego de guerra" y aceptaron, ante el juez Jorge Patrizi, la pena de 2 años de prisión condicional
Testigos falsos
Tres jóvenes de 21 años mintieron para ayudar a "Cone" Mendoza y Joel Varsicovich, y también terminaron condenados. Lo curioso es que sus detenciones se realizaron dentro de la fiscalía de Delitos Complejos.
Los supuestos testigos brindaron versiones falsas acerca de dónde estaban "Cone" y Varsicovich la madrugada del tiroteo a la salida del boliche, afirmando que en realidad habían estado todos juntos en una quinta de Arroyo Leyes. Como tenían pruebas de que "Cone" había estado en inmediaciones del boliche "La Loca" la madrugada del tiroteo (fue captado por una cámara de seguridad, y además abandonó en el lugar del hecho su Chevrolet Corsa rojo), las fiscales los citaron a declarar.
Pero un par de horas antes de que los supuestos "testigos" arribaran a la sede del Ministerio Público de la Acusación, las funcionarias recibieron un informe que cambiaría sus planes de entrevista. Se trataba del resultado de una pericia telefónica, realizada al celular que días antes había sido secuestrado en la celda de la cárcel de Coronda donde "Cone" permanecía en prisión preventiva.
De allí surgió que el preso había estado en contacto con uno de sus hermanos (condenado por la justicia federal en una causa de narcotráfico y actualmente prófugo por homicidio), quien le aseguró que le conseguiría algunos testigos que "ayudaran" a su situación procesal. De hecho, "Cone" incluso le sugirió algunos nombres.
Con esta información, y a sabiendas de que ya no podrían tomarles declaración como testigos, las fiscales decidieron ordenar la detención de Uriel Ignacio Moncada (21), Matías Ramón Núñez (21) y Lucas Natanael Rodríguez (21), las cuales terminaron efectivizándose cuando los muchachos arribaron a la fiscalía.
Les atribuyeron el delito de "encubrimiento agravado", indicando que "en forma coordinada y planificada" ayudaron a "Cone" y Varsicovich a eludir las investigaciones y sustraerse del actuar de la justicia, sosteniendo que los mencionados se encontraban con ellos el 13 de marzo de 2022, en Arroyo Leyes, "intentando con ello desviar el curso de la investigación, rebatiendo la posibilidad de autoría de estos en el homicidio" en de "Pandu" Ojeda.
Los tres testigos falsos aceptaron su culpabilidad y, patrocinados por el abogado Héctor Acuña, firmaron juicios abreviados, conviniendo la condena a 2 años de prisión condicional, la cual fue impartida por el juez Luis Octavio Silva.
El Chevrolet Corsa rojo registrado a nombre de "Cone" Mendoza quedó abandonado en inmediaciones del boliche.
Crédito: Flavio Raina
Un amigo baleado
Además del tiroteo de marzo, a "Timbre" Gauna y "Patota" Ruiz Díaz les imputaron una serie de crímenes cometidos en 2021. El más viejo fue el ocurrido el 24 de septiembre, cuando arribaron a una peluquería de barrio Yapeyú y, a través de una ventana, realizaron una serie de disparos.
Habían ido a buscar a uno de los allí presentes, Marcos León Gauna, que fue atravesado por cinco proyectiles y terminó falleciendo. Otras dos personas más terminaron heridas como consecuencia de la feroz balacera, caracterizada por la rapidez con la que ocurrió y la multiplicidad de disparos, todo dentro de un espacio muy reducido.
Una de estas víctimas no fatales fue Iván Oscar Soria (26), quien fue entrevistado por la policía dos días después del ataque y, cuando la causa cambió de investigadores, declaró ante la fiscalía -mayo de 2022-. En ambas oportunidades aseguró que no conocía a los tiradores.
Las pericias realizadas a un teléfono utilizado por "Timbre" Gauna reveló que el preso y Soria mantenían un vínculo, y que éste último le había asegurado a su "amigo" que "se quedara tranquilo" respecto a lo ocurrido en la peluquería. Soria terminó detenido e imputado, también, por "encubrimiento agravado".
Le endilgaron haber ayudado a "Timbre" a "eludir las investigaciones y sustraerse del actuar de la justicia, habiendo sostenido como verdaderas afirmaciones falsas y ocultando información relevante", ya que dijo que "no conocía" al asesino ni a los testigos allí presentes, "logrando con su actuar la sustracción del imputado de la investigación".
Suscribió un juicio abreviado, asistido por el abogado Raúl Sartori, aceptando la pena de 3 años de prisión condicional. Lo condenó la jueza Sandra Valenti.
Otra de las condenadas fue Brenda Bergallo, quien la noche del tiroteo afuera del boliche se encargó de ayudar a escapar a los responsables. A pesar de saber que estaba siendo buscada, se cambió de look y falsificó su identidad para ingresar al penal donde su novio, "Cone" Mendoza, estaba preso.
La joven de 20 años, hija del narco conocido como "Coco" Bergallo, fue detenida el lunes 13 de junio cuando egresaba de una de sus visitas a la cárcel de Coronda. Asistida por el abogado particular Martín Montegrosso, firmó un juicio abreviado en el que aceptó la pena de 3 años de prisión condicional por el "encubrimiento agravado" y la "utilización ilegítima de documento correspondiente a otra persona" -en dos oportunidades-. La condena fue dispuesta por la jueza Susana Luna.
Surge de los escritos firmados que ninguno de los condenados tenía antecedentes. Esto, sumado a las bajas penas previstas por el Código para los delitos imputados, les permitió que el cumplimiento de las mismas fuera condicional y así recuperar la libertad bajo reglas de conducta.
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