Quedó en prisión preventiva un hombre de 32 años, cuyas iniciales son LEA, que es investigado como autor de un robo cometido con un arma de utilería en la vía pública de Rafaela.
El hombre de 32 años tiene un antecedente penal, algo que el juez tuvo en cuenta al momento de ordenar la medida cautelar.
Quedó en prisión preventiva un hombre de 32 años, cuyas iniciales son LEA, que es investigado como autor de un robo cometido con un arma de utilería en la vía pública de Rafaela.
Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, en una audiencia que se desarrolló de manera remota en los tribunales rafaelinos.
La fiscal Lorena Korakis está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad.
A LEA se le atribuyó la autoría del delito de “robo calificado por el empleo de un arma de utilería”.
Korakis relató que “entre las 21:00 y las 21:30 del lunes de la semana pasada, el imputado circulaba en bicicleta por las inmediaciones de Abele y José Buffa e interceptó a una mujer que iba caminando".
En tal sentido, precisó que "de manera sorpresiva, desde atrás le revisó los bolsillos de la campera mientras le preguntaba qué llevaba”.
La fiscal planteó que “el investigado luego le exigió a la víctima que le entregara su teléfono celular y le aseguró que, si no lo hacía, le efectuaría un disparo", y remarcó que "durante el amedrentamiento, la apuntó con una pistola de aire comprimido que tenía la apariencia de un arma de fuego”.
"La mujer amenazada le dio entonces su dispositivo al imputado, quien se fue rápidamente del lugar en el vehículo en el que había llegado hasta allí”, señaló la funcionaria del MPA.
La fiscal manifestó que “sobre la base de las evidencias recolectadas hasta el momento, el juez consideró acreditadas la materialidad del hecho que investigamos desde la Fiscalía, así como la probable autoría por parte del imputado".
En tanto, agregó que “el magistrado tuvo en cuenta que el hombre de 32 años tiene un antecedente penal, por lo que, en el caso de ser condenado, le correspondería una pena de cumplimiento efectivo”.
En cuanto a los peligros procesales, Korakis indicó que "el riesgo de fuga estaba latente en función de la pena en expectativa". Asimismo, sostuvo que "en materia de entorpecimiento probatorio, el juez contempló que, en libertad, el imputado hubiera estado en condiciones de interferir en la declaración de la víctima, ya que sabe adónde vive ella".
"Si bien la Defensa propuso medidas alternativas a la preventiva, el magistrado las rechazó porque eran insuficientes para neutralizar los riesgos procesales”, concluyó la fiscal.