Juicio al oftalmólogo: pidieron 4 años y 6 meses de prisión

Este miércoles se realizaron los alegatos finales en el juicio que tiene en el banquillo de los acusados a un reconocido médico oftalmólogo santafesino. Fiscalía y querella insistieron con su pedido de condena, mientras que la defensa solicitó la invalidez de las acusaciones, la absolución y que se impongan las costas del proceso al MPA “por manifiesta falta de razón para litigar”.

Ante el tribunal compuesto por la jueza Celeste Minniti -presidenta- y los jueces Leandro Lazzarini y Pablo Ruiz Staiger, el fiscal Roberto Apullán y el querellante Mauricio Frois mantuvieron su pedido de condena para el profesional llevado a juicio (el representante del MPA sólo sostuvo su acusación principal y la alternativa “culposa”, deshaciéndose de otras dos).

En cambio, el defensor Ignacio Alfonso Garrone cuestionó las acusaciones y las pruebas producidas durante el debate. Se espera que los magistrados den a conocer su veredicto este viernes por la mañana, a las 8.30.

20 minutos

Frois sostuvo que durante el juicio “se ha podido acreditar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad del oftalmólogo”. Recordó que su clienta “fue intervenida quirúrgicamente por el acusado el 17 de diciembre de 2013 en su clínica”, y “se ha demostrado con su declaración, la de su hija, y la del acusado, y con la documental ingresada, que la víctima nunca recibió una información clara, precisa y circunstanciada de los riesgos y de las probables consecuencias negativas que implicaba la intervención”.

“El acusado le ofreció esta cirugía como la gran solución al problema que comenzaba a presentársele”, destacó el querellante. La denunciante “dijo que en esa primera consulta no la atendió más de 20 minutos, y que lo único que hizo fue venderle la intervención. Entonces, pregunto, en un lapso inferior a 20 minutos de atención, ¿pudo el acusado brindarle la información sanitaria exigida legalmente como para que disponga libremente de su cuerpo y comprenda que se sometía a una intervención sumamente riesgosa?”. “Claramente no”, se respondió.

Para el abogado, "esto es lo que no hay que perder de vista a la hora de entender si existió o no un consentimiento informado". La víctima no pudo internalizar los riesgos y posibles consecuencias de la intervención "por la sencilla razón de que nunca le explicaron debidamente los alcances de la intervención, nunca le brindaron la información sanitaria, tal como prescribe la ley".

A esto agregó que actualmente el estado de salud de su clienta se caracteriza por “una visión subnormal con pérdida de agudeza y fijación, y la existencia de un cuadro psiconeurótico relacionado con la operación oftalmológica”. Esa visión subnormal fue ocasionada “por la opacificación de las lentes intraoculares que le fueron colocadas a la víctima sin su debida autorización” durante la cirugía por cataratas, previa extirpación de los cristalinos de los ojos.

La querella espera que el médico sea condenado como autor de “lesiones graves y gravísimas”, las cuales a su entender fueron cometidas con “un dolo no intencional”. Por esto, solicitó la pena de 4 años y 6 meses de prisión. En la misma línea estuvo el pedido fiscal.

“Vinieron a especular”

El defensor Alfonso Garrone fue contundente al manifestar que “a la hora de preparar estos alegatos teníamos dos opciones. No decir nada, porque la verdad no sabemos cuál es la acusación, ni el delito, no sabemos de qué tenemos que defender, por lo que solamente basta con pedir la invalidez y la absolución”.

Porque “tal como lo señalamos al comienzo del debate, esto fue una excursión a la pesca sin una acusación válida conforme lo exige la ley procesal”, por lo que se vio afectado “el derecho de defensa, el in dubio pro reo y el principio de certeza”.

La otra opción es “tratar de hacer un raconto de lo sucedido durante el juicio e intentar explicar lo que nunca pudo ser explicado”. Aquí “no se produjo información de calidad, no sabemos qué vinieron a decir los testigos. Lo que se observa es que el bloque acusador vino meramente a especular”.

“Estamos hablando de una intervención quirúrgica que siempre tiene fines terapéuticos. En este caso, mejorar la vista. No existe en la doctrina posibilidad alguna de que una intervención con fines terapéuticos se atribuya a fines dolosos”, resaltó el abogado. Además, es tal “la flaqueza de la acusación” que dicen “que no realizó estudios prequirúrgicos pero nadie dijo qué estudios debería haber realizado y cómo incidió esto en el resultado final”.

La denunciante “concurrió voluntariamente a la operación, y hay un consentimiento informado que por más que dos años después diga que no lo firmó, desde el 2013 hasta acá el bloque acusador no pudo demostrar que sea falso”. “La historia clínica avala lo que digo, y de la documental de clínicas y sanatorios surgen las dos autorizaciones para operar ambos ojos, con las recetas firmadas por el oftalmólogo donde se señala que la paciente presenta cataratas”.

Por último, el abogado recordó que hay un informe médico “que tira abajo cualquier cuestión en este juicio”, el cual afirma que “el actuar médico presumiblemente fue conforme a la ‘lex Artis’, porque era una consecuencia probable de la cirugía de cataratas, según informa la Universidad de Buenos Aires (UBA), la opacificación de la lente”.

Por esto, Alfonso Garrone solicitó la invalidez de las acusaciones, la absolución de culpa y cargo del profesional, y la imposición de costas al MPA ”por manifiesta falta de razón para litigar”.