El Litoral
Los fiscales consideraron que el ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado provincial "sustrajo de la partida presupuestaria asignada para la organización la suma de .400.000".
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Télam
El ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado provincial Sergio Urribarri fue imputado por dos fiscales por "peculado y negociaciones incompatibles con la función pública", en una causa en la que se investigan contrataciones para la 47° Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se celebró en diciembre de 2014 en Paraná, informaron este jueves fuentes judiciales.
Los fiscales que investigan la causa, Santiago Brugo y Alejandro Cánepa, consideraron que Urribarri "sustrajo de la partida presupuestaria asignada para la organización de la Cumbre del Mercosur la suma de .400.000" para "instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones del año 2015".
Según el texto de los fiscales, el dinero fue sustraído luego de que Urribarri dictara "el decreto 4800/14 de fecha 9 de diciembre de 2014, autorizando la contratación de la suma de 31.460.000 pesos para la difusión nacional de cuatro spots publicitarios de su gestión de gobierno".
Se trata de la contratación de la productora "Nelly Entertainment S.A", propiedad del empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, para la difusión de cuatro avisos publicitarios transmitidos durante 15 días en diferentes canales nacionales y de distintas zonas del país.
En ese sentido, los letrados consideraron que Rodríguez, "además de conocer la diversa finalidad de la contratación, contó con información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma".
La administración y disposición de la cumbre del Mercosur "estaba a cargo de Sergio Urribarri en su carácter de gobernador de Entre Ríos", quien "sustrajo de la partida presupuestaria asignada la suma de .400.000 con el único propósito de instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones del año 2015", indicaron Brugo y Cánepa en el escrito.
Asimismo, detallaron que la contratación "se encuadró en el marco de la ley 10.327" promulgada en octubre de 2014 que facultaba al Poder Ejecutivo a "utilizar el procedimiento de contratación directa" para "obras, servicios, suministros y realizar toda otra compra u operación", aunque no era "necesaria ni inherente para la realización de la cumbre".
En ese sentido, la partida de 31.460.000 de pesos "se direccionó" a la empresa de "Corcho" Rodríguez, "hechos que fueron de autoría de Urribarri", según la acusación.
Los fiscales consideran que los hechos tuvieron "la imprescindible participación del ex ministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez, quien interesó la contratación, aportó los spots, incidió en la asignación de contrato y refrendó el decreto".
Por ese motivo, los fiscales citaron a Urribarri a declarar el próximo 31 de agosto, luego de que finalice la feria judicial, y "en ese momento se le notificará la imputación en su contra", por "negociaciones incompatibles y peculado concursados idealmente en su carácter de partícipe, tipificado en los artículos 261, 265 y 45 del Código Penal".
La acusación fue puesta en conocimiento de la defensoría legal de Urribarri, dijeron las fuentes consultadas por esta agencia.
Previamente, el ex mandatario entrerriano emitió un comunicado en el que aseguró que "estamos todos en peligro si la interpretación de un contenido comunicacional puede constituirse en la base de una acusación penal".
Urribarri confirmó que tiene conocimiento "que se ha iniciado una investigación que procura determinar si en el curso de aquella gestión se han producido irregularidades encuadrables en algún tipo penal".
"Desde ya rechazo tal posibilidad, pero a los efectos de dejar en claro mi actuación legítima, ofrezco mi colaboración en los términos del artículo 16 del Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos", agregó.
En la causa que investiga contrataciones para realizar unas 20 obras de infraestructura que demandaron una inversión de 40,5 millones de pesos para el desarrollo de la Cumbre, ya declararon Báez, Rodríguez, el ex titular del Tribunal de Cuentas Guillermo Smaldone; y el actual vocal del organismo, José Luis Gea Sánchez.