Jueves 20.5.2021
/Última actualización 12:02
En épocas de importaciones restringidas y dólar caro, el robo de metales aparece como una constante a lo largo y a lo ancho del país y Santa Fe no es la excepción a regla. A las variables económicas hay que agregarle un condimento autóctono, que fue y lo sigue siendo, la escasa circulación durante la cuarentena, que permitió a los ladrones de cables cortar con total impunidad.
Bajo tierra o aéreos, entubados o sueltos, nada es obstáculo para el saqueo continuo, que toma estado público cuando una manzana se queda sin suministro, cuando un cruce vial aparece oscuro o cuando miles de usuarios reclaman por la falta de teléfono de línea, que muchas veces es la que lleva internet.
En la capital provincial y sus alrededores las denuncias son recepcionadas por la fiscal del MPA, Clelia Trossero, quien junto con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lleva realizados más de 30 allanamientos entre 2020 y lo que va de 2011.
Prensa AICEl último se concretó este martes y derivó en el secuestro de casi una tonelada de cables de cobre y otros metales como aluminio y bronce. Efectivos de la AIC desembarcaron en una chacarita o desarmadero trucho que funciona en el barrio Yapeyú, donde además incautaron dos armas de fuego cuya documentación no se encuentra en regla.
Prensa AICSe allanaron dos sitios en calle Excombatientes de Malvinas al 6000, un galpón o depósito, donde fue hallado el grueso de la mercadería (970 kilos en total) y una casa particular, que es donde habita el dueño del emprendimiento irregular.
Como resultado, además de recuperar lo sustraído, fue detenido el hombre que allí habita y regentea el negocio. Se trata de una persona mayor, la cual este viernes será llevada a tribunales para atribuirle los delitos que se presume ha cometido.
En cuanto a la sustracción de metales, se le imputará el "encubrimiento"; en tanto se le endilgará la "tenencia y portación de arma de fuego de guerra y de uso civil" por el hallazgo de una pistola y una escopeta aptas para efectuar disparos.
Para los investigadores, el detenido no es más que un mero intermediario, como varias de las personas que fueron citadas a imputativa en el transcurso del último año. Sin embargo, resta conocer quiénes articulan, tanto en el comienzo como en el final de la cadena de comercialización del metal. Es decir, conocer quiénes son los que cortan y sacan los cables de las distintas obras y luego, quiénes los compran y para qué fines.
Mientras tanto, las investigaciones avanzan y los elementos secuestrados se acumulan en los galpones de la Empresa Provincial de la Energía, que a pesar de ser depositario judicial, no puede hacer uso de dichos materiales porque la mayoría deja de ser apto para reinstalarlo, según explicaron fuentes del caso.
Prensa AICLa propia EPE fue la principal damnificada en este tipo de delitos y de hecho fue quien instó a las autoridades judiciales para que se investigue. Pero con el correr de los días, se fueron sumando otras empresas de servicios como Telecom, cuya red es aún más vulnerable por no correr con riesgo de electrocución quienes se deciden a cortar los cables.
Prensa AICOtro actor destacado en la investigación es la Municipalidad de Santa Fe, que denunció el año pasado el alevoso robo de placas de bronce del Cementerio Municipal y cuyas piezas fueron halladas en diciembre pasado en gran cantidad.
La investigación se inició a pedido de la Fiscalía D. Judicial de Casilda, Dra. Marianela Luna y la Fiscalía NN del Dr. Viena emanada por el DR. Mariano Aliau, Juez Penal de 1ª Instancia Distrito Nro. 2 de Rosario, a raíz de distintos hechos de robos en cementerios de Casilda donde se sustrajeron placas de bronce y diferentes metales de valor, para después ser vendidos a grandes chatarrerías.
En Rosario, los agentes también allanaron por una causa de robo de cables de cobre pertenecientes a la EPE y a TELECOM, en un lugar de compra y venta de metales y hallaron 550 kilos de cobre, material valuado en medio millón de pesos, esto a razón de que el kilo de cobre es cotizado en el mercado por $ 950. Luego, se convocó a personal idóneo de control de gestión de ambas empresas para su reconocimiento y afirmaron que pertenecían a cableado de media tensión y contenido de transformadores.